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VALENCIA. Prefieren permanecer en segundo plano. Su trabajo, como el del mediocentro defensivo en el fútbol, es oscuro y generalmente poco valorado. Analizar, ordenar, corregir y facilitar a otros que sí se encuentran en primera línea una salida para sacar adelante los proyectos. Precisamente la misión que ahora les está tocando cumplir con el documento del cambio de modelo sanitario.
Los servicios jurídicos de la Generalitat están coordinados por la secretaria autonómica de Presidencia, Cristina Macías. Licenciada en Derecho por la Universitat de València, exasesora jurídica del grupo ‘popular' en Les Corts Valencianes y, al igual que el vicepresidente del Consell, José Císcar, con gran experiencia en la gestión urbanística, dado que estuvo al frente de este servicio en el Ayuntamiento de Valencia. En la Generalitat, diversas fuentes consultadas consideran un "gran acierto" su incorporación.
En su equipo, destaca Emilio Torrejón Puchol, director general de la Abogacía General de la Generalitat. También licenciado en Derecho y funcionario dentro del Cuerpo de Letrados, conoce bien el puesto que ocupa dado que ya lo ejerció en la pasada legislatura.
Macías y Torrejón conforman un tándem que tiene a sus órdenes un pequeño ejército de cerca de 80 funcionarios especialistas en cuestiones jurídicas. El número, que podría parecer alto, resulta insignificante si se tiene en cuenta que, como puntualizan fuentes de la Generalitat, "todo, absolutamente todo", necesita de un informe de la Abogacía: lo que llega al pleno del Consell, lo publicado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana y otros asuntos como el citado documento descriptivo del nuevo modelo sanitario que ahora se encuentran revisando.
La Abogacía General, además, tiene entre sus funciones la representación y defensa en juicio de la Generalitat y de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la misma.
Dependiendo de la Dirección General de la Abogacía, se encuentra la Dirección de los Servicios Contenciosos, con María José Rodríguez Blasco al frente; el Gabinete de Estudios, dirigido por Luis J. González López, y la Dirección de los Servicios Consultivos, que coordina Ignacio Donderis Romero.
Además de tres abogados coordinadores repartidos en tres grupos en lo que se refiere a servicios contenciosos, existe un responsable vinculado a cada conselleria quien, a su vez, cuenta con su propio equipo. Estos 'hombres -y mujeres- de negro' encargados de examinar los proyectos y planes de cada conselleria se encuentran repartidos por las distintas sedes oficiales de estas carteras. La dirección, el 'cuartel general', reside en la conselleria de Presidencia.
¿80 funcionarios? Y, además del Consell Jurídic Consultiu que nos cuesta más de 3 millones de euros al año, con el 10% del presupuesto para pagar el alquiler de un edificio cuando a la GV le sobran inmuebles en venta por todos los lados. Pero bueno, el patrón es común: el tribunal de cuentas más de 5 millones de euros anuales y el 10% del presupuesto a pagar un alquiler privado, cuando nos sobran edificios vacíos. Cuando de números se trata, a cualquiera que sea licenciado en derecho le salen redondos, pero al resto de profesionales les cuesta más. No se puede negar que la Facultad de Derecho de la UV ha sido la auténtica escuela, en todos los sentidos, de los políticos valencianos.
Muy guapos ¿Y la noticia?. Si por primera vez en la historia de la Generalitat Valenciana la Abogacía se plantara y dijera las verdades del barquero.... habría noticia. Pero eso no ha ocurrido nunca.
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