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VALENCIA. La Conselleria de Educación se encuentra dando los últimos retoques al pliego de condiciones que permitirá la implantación de Centros de Iniciativa Social (CIS), colegios concertados construidos por entidades privadas a través de la cesión de suelo público. Según fuentes conocedoras del proceso, alrededor de 30 empresas potentes en el ámbito educativo y varias del sector de la construcción son las interesadas en este modelo.

La implantación de este tipo de centros lleva estudiándose en la Generalitat desde hace más de dos años. El pasado ejercicio, el ahora vicepresidente José Císcar anunció el impulso definitivo a los CIS, en concreto cinco, que podrían estar en funcionamiento en 2012. No obstante, la elaboración de los pliegos ha sufrido retrasos que impedirán la apertura de centros de estas características hasta finales del año que viene.

Los planes de la consellera de Educación, María José Catalá, pasan por tener lista la documentación para poder iniciar la construcción de ocho centros inicialmente -se han aumentado las primeras previsiones- de estas características, que deberán instalarse siempre en localidades o áreas en las que también exista un colegio público.

En estos momentos, la conselleria se encuentra analizando las solicitudes. El objetivo es encontrar localizaciones donde exista demanda de enseñanza concertada y que, al mismo tiempo, puedan resultar rentables para la iniciativa privada. A priori, según informaron fuentes conocedoras del proyecto, los primeros CIS se construirán en municipios de tamaño mediano. 

En cuanto a los plazos, el objetivo es sacar a la luz el pliego este verano para poder iniciar la construcción de alguno de estos centros a finales de año. De ser así, para el curso 2013-2014 podría estar en funcionamiento alguno de estos colegios, cuya explotación pertenecerá a la empresa privada constructora durante 75 años aunque la plantilla docente funcionará como concertada.

MADRID, EL ESPEJO DONDE MIRARSE

La iniciativa de impulsar estos Centros de Iniciativa Social lleva aplicándose en la Comunidad de Madrid desde 2003 de la mano de Esperanza Aguirre. De hecho, existen más de 50 colegios construidos bajo este tipo de colaboración público-privada. Los adjudicatarios van desde cooperativas de enseñanza hasta organizaciones religiosas o empresas vinculadas a la construcción. De hecho, según informan fuentes conocedoras del proceso, algunas de las empresas interesadas vienen de acometer este tipo de proyectos en la Comunidad de Madrid. 

En un primer momento, las concesiones se plantearon a entre 15 y 50 años, plazo que se amplió finalmente a 75, las mismas condiciones que se establecen en el modelo implantado desde la Generalitat.