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VALENCIA. El cumplimiento de los planes de saneamiento y la reducción de ingresos va a obligar a los ayuntamientos a un redimensionamiento forzoso que pasará en mucho casos por una reducción de las plantillas. "En pura ortodoxia habrá que empezar por reducir las llamadas transferencias impropias (servicios que prestan los ayuntamientos sin estar obligados a ello) ya que el municipio tendrá que priorizar los servicios que ha de prestar de forma obligatoria", reconoce Javier Molina Vega, socio del Área Laboral del despacho Cuatrecasas Gonçalves Pereira en Valencia.

Actualmente, los ayuntamientos cuentan con personal adscrito a servicios fundamentales y de obligado cumplimiento, como la policía o el personal encargado de la adjudicación de licencias municipales. Sin embargo, el resto de prestaciones que se implantaron para mejorar en muchos casos la calidad de vida de los vecinos, como las guarderías municipales, las escuelas de verano, las piscinas y los polideportivos, ofrecen más posibilidades para ejecutar su redimensionamiento.

Por otra parte, los trabajadores que accedieron a su puesto por examen o concurso de méritos serían los últimos de los que el consistorio podría prescindir, aunque en ningún caso estarían "blindados" ante una posible salida, una vez se apruebe la inminente modificación de la Ley de Agencia Locales y el resto de normativa actualmente en proceso de reformulación, advierte Molina.

CAMBIO DE ACTITUD

Hasta la última reforma laboral, los tribunales han sido "bastante" restrictivos en la aplicación de causas económicas de despido para las administraciones públicas. Así ocurrió en el Ayuntamiento de Alboraia, donde se tuvo que echar atrás la aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en mayo del pasado año por los problemas de tipo administrativo a los que se enfrentó.

Sin embargo, la nueva normativa ha aclarado los criterios para la aplicación de estos recortes de personal, estableciendo como referencia para las causas económicas el cumplimiento de los planes de estabilidad de cada consistorio en un contexto de déficit continuado durante un mínimo de tres meses o contingencias sobrevenidas, como los desastres naturales o los recortes de ayudas públicas.

En este último caso estaría la retirada de distintas ayudas europeas a municipios de la Comunitat Valenciana por valor de 115 millones de euros hecha pública en los últimos días y que las administraciones beneficiarias ya habían contabilizado como ingresos para este año y que nunca llegará a recibirse.

EXCESIVAS EXPECTATIVAS

En todo caso, esta materia tiene diversas aristas, como ha advertido Molina en la jornada 'La reestructuración de la plantilla de las Administraciones públicas tras la reforma laboral', que ha organizado la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y el despacho Cuatrecasas Gonçalves Pereira. "Se han generado muchas expectativas en los consistorios sobre las posibilidades que ofrecen los cambios legislativos en materia laboral, pero en el caso de las Administraciones públicas, cualquier medida va a tener que contar con un análisis muy pormenorizado", advierte.

"A diferencia de lo que ocurre con las empresas, no existe jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre los criterios de aplicación en el caso de la Administración pública", reconoce el socio de Cuatrecasas Gonçalves Pereira. Esta situación deja a los consistorios ante un escenario casi virgen en el que especialmente los interventores municipales se enfrentarán a una difícil gestión.

En todo caso, la reducción de plantilla no podrá plantearse como un "parche", advierte Molina, ya que se exigirá la aprobación de un plan de saneamiento municipal que defina su futuro y del que las administraciones superiores harán seguimiento. De hecho, si el consistorio no cumpliera con sus deberes, podría ser intervenido y, en último extremo, enfrentarse a su disolución si el estado de sus cuentas hace inviable su supervivencia.