18/06/2012 Los socialistas denuncian que la Administración autonómica adeuda cerca de 250 millones de euros en concepto de ayudas a la vivienda correspondientes a los años 2007-2011 a unas 30.000 personas que tenían reconocidos estos derechos y no han cobrado los importes correspondientes

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VALENCIA (EP). La portavoz de Vivienda del grupo socialista en las Corts, María José Salvador, ha denunciado este sábado que la Generalitat adeuda cerca de 250 millones de euros en concepto de ayudas a la vivienda correspondientes a los años 2007-2011 a unas 30.000 personas que tenían reconocidos estos derechos y no han cobrado los importes correspondientes.

En un comunicado, la diputada ha señalado que estas personas no han recibido las ayudas aprobadas en su día por bajo los conceptos de ayuda al alquiler, adquisición de vivienda de nueva construcción y de vivienda usada. Estas cifras han sido facilitadas por la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, como respuesta a la batería de preguntas presentada por los socialistas sobre el número de resoluciones aprobadas y las cantidades abonadas.

Según la socialista, entre 2007 y 2011 la Generalitat reconoce haber pagado 136 millones de euros en concepto de ayudas al alquiler de los aproximadamente 386 millones de euros, en total, que debía haber abonado a las personas que tienen reconocida la resolución de ayuda en ese periodo.

Salvador ha lamentado "la falta de iniciativa de la Conselleria para aplicar medidas en su ámbito competencial para impulsar y promover políticas públicas de vivienda en el marco del Estatut d'Autonomia" y ha criticado que las políticas del PP "se centran en disminuir el presupuesto de vivienda, liquidar el IVVSA, recortar las ayudas a la vivienda o destinar siete millones de euros para pagar los despidos de los trabajadores del IVVSA".

EXPECTATIVAS "TRUNCADAS"

Por ello, ha calificado esta política de "absoluta bancarrota", sobre todo porque, tal y como ha recordado, "quienes reciben estas ayudas es porque tienen bajo nivel de renta, así que si dejan de percibir estos ingresos sus expectativas de presente y futuro se verán truncadas, quedando en una situación de abandono en la que es imposible que tengan garantizado el acceso a una vivienda, lo que supone una auténtica irresponsabilidad por parte de la Generalitat".

"La vivienda es un derecho, un bien prioritario, y no un lujo. Por eso, no se puede hacer negocio ni mercadear con un derecho social de primer orden", ha agregado la diputada, que ha insistido en que "ahora más que nunca hay que preservar el Estado de Bienestar con más educación, sanidad, dependencia, y políticas de vivienda".