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Caben dos posibles interpretaciones de lo sucedido con el beneficio de Bankia: a) la normativa contable internacional permite un grado de flexibilidad tal que, sin contravenir las normas de valoración, los bancos pueden llegar a eludir 3.000 millones de euros de pérdidas, o b) Bankia incumplía antes o incumple ahora las normas internacionales de información financiera
VALENCIA. A estas alturas de la crisis, ha quedado suficientemente claro que todos los esfuerzos por dotar de una mayor transparencia a las cuentas anuales de los bancos y cajas de ahorros españoles se han saldado con un rotundo fracaso. Es verdad que el volumen de información disponible en las memorias de las entidades financieras ha aumentado dramáticamente en los últimos meses, pero ello no ha bastado para convencer a los inversores internacionales acerca de la fiabilidad de la información contable made in Spain.
En parte porque la falta de liquidez en el mercado inmobiliario impide obtener una estimación fiable de los activos acumulados en los balances de los bancos. Y en parte, porque todas y cada una de las entidades intervenidas por el FROB han tenido que revisar de una forma abrupta la información incluida en sus cuentas anuales.
El caso Bankia, cuyo beneficio ha sido recientemente ajustado a la baja por valor de 3.000 millones de euros, se ha convertido en el último y desdichado episodio de esta serie de rectificaciones contables. Ante la alarma social generada por el orden de magnitud del ajuste, la entidad intervenida ha señalado que las pérdidas de 2011 son consecuencia directa de la aprobación del segundo decreto Guindos (RDL 18/2012), que ha obligado a las entidades financieras españolas a aumentar las coberturas de los activos financieros vinculados a la promoción inmobiliaria. Sin embargo, conviene recordar que Bankia está sujeta a la normativa contable internacional y que la normativa contable internacional no ha sufrido variaciones en el breve espacio de tiempo que media entre la aprobación de los dos juegos de cuentas anuales.
Por tanto, caben dos posibles interpretaciones de lo sucedido con el beneficio de Bankia: a) la normativa contable internacional permite un grado de flexibilidad tal que, sin contravenir las normas de valoración de los activos y pasivos financieros, los bancos pueden llegar a eludir hasta 3.000 millones de euros de pérdidas, o b) Bankia incumplía antes o incumple ahora las normas internacionales de información financiera. Permítanme situarme en la alternativa a), sin duda la más favorable tanto para los gestores de Bankia, como para el propio auditor de cuentas y las autoridades españolas.
Como señala el propio RDL18/2012 en su exposición de motivos, la normativa contable internacional "contempla reconocer una pérdida incurrida si el importe recuperable de un activo es inferior a su valor en libros". Es decir, los bancos deben revisar a la baja el valor contable de los activos, si y solo si se produce una caída material en el valor recuperable de los mismos. En este sentido, y ante la situación del mercado inmobiliario, absolutamente inactivo desde hace ya cuatro años, alguien tendría que explicar por qué razón hasta hace solo un mes los "créditos sanos" garantizados con suelo para la promoción inmobiliaria estaban provisionados únicamente al 7% de su valor.
Parece bastante evidente que si el deterioro de estos créditos alcanzaba el 52%, como indica el RDL 18/2012, las entidades debieron reconocer las pérdidas con bastante anterioridad al cierre del ejercicio 2011 (a no ser que ingenuamente pensemos que el deterioro del sector inmobiliario es una circunstancia que ha sobrevenido en los últimos meses). Es evidente que la normativa contable internacional obligaba a ello y que lógicamente la normativa contable española no lo impedía. De hecho, el primer decreto Guindos (RDL 2/2012), sobre el cual se basa la primera versión de las cuentas anuales de Bankia, establecía coberturas mínimas para los distintos tipos de activos.
Se podría argumentar que los gestores de Bankia (y el resto de bancos españoles) aplicaron las coberturas mínimas que establecía el gobierno, asumiendo que le correspondía a éste y no a cada banco de forma individual fijar los porcentajes de deterioro a aplicar en cada caso, en sintonía con la normativa contable internacional. En este sentido, el episodio de Bankia vuelve a poner encima de la mesa el debate acerca de la actuación del supervisor en los últimos cuatro años.
Partiendo de un diagnóstico inicial equivocado sobre el alcance y la profundidad de la crisis, España optó por el reconocimiento gradual de las pérdidas de la cartera inmobiliaria de los bancos, esperando una recuperación a corto plazo del sector que, por desgracia, nunca llegó. A toro pasado, parece evidente que esta estrategia ha impuesto un peaje muy caro a nuestras entidades financieras en términos de credibilidad y asimetrías de información.
De hecho, las pérdidas incurridas por los pequeños ahorradores que invirtieron su dinero en acciones de Bankia, en su mayor parte antiguos clientes de Bancaja y Caja Madrid, ilustran a la perfección las razones por las cuales los mercados financieros internacionales están virtualmente cerrados para los bancos españoles. Muy probablemente las decisiones de inversión de estas personas habrían sido distintas, si hubieran sabido que las coberturas aplicadas a los activos financieros eran claramente insuficientes. Como demuestra ampliamente la investigación empírica en contabilidad, la representación contable de la realidad económica influye significativamente en la toma de decisiones por parte de los agentes económicos. Los accionistas de Bankia tienen motivos para sentirse engañados.
En definitiva, los acontecimientos de las últimas semanas han arruinado definitivamente todos los esfuerzos de transparencia desarrollados en los últimos meses. Parece prácticamente imposible que nadie pueda confiar a corto plazo en la calidad de la información contable emitida por los bancos españoles. Por ello, no debería sorprendernos que nuestros socios europeos hayan optado por canalizar el rescate de la banca española a través del FROB, exigiendo el aval del Reino de España. ¿Quién en su sano juicio querría participar en esta gran farsa?
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Manuel Illueca.
Universitat Jaume I e IVIE
Estando de acuerdo con todo lo indicado en el artículo, sólo un apuntes: No se entiende cómo todo el mundo culpa a los directivos y Consejos de Administración por su nefasta gestión y al Banco de España y CNMV por su evidente dejación de funciones y, sin embargo, se salgan de rositas las auditoras. Nadie debería olvidar que su función y responsabilidad, por las que cobran suculentos honorarios, es certificar que los datos contables se ajustan razonablemente a la realidad. ¿Habrían comprado acciones los ahorradores sin una auditoría conforme? ¿Nadie exige multas ni suspensiones para unas compañías que, evidentemente, han incumplido sus funciones?
A alguien se le ha ocurrido imputar penalmente al responsable de Bankia Bolsa, la sociedad de Bsnkia que pilotó la escacharrante OPV de Bankia. Creo que se llamaba Ignacio Renart y ahora es director de Madrid Leasing-Grupo Bankia y se dedica a echar a la calle a 45 empleados para enmendar sus fallos ante sus superiores.
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