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VALENCIA (JOAQUIM CLEMENTE). "Estamos tratando de identificar la existencia de comportamientos, hechos u operaciones que supongan alguna actividad delictiva, y de confirmarse, actuaremos en consecuencia". Así de categórico se mostró el pasado 14 de mayo José Antonio Iturriaga, el administrador de FROB en el Banco de Valencia que presidió y llevó la voz cantante durante toda la junta de accionistas de la histórica entidad financiera valenciana. Un anuncio del que entonces no dio más detalles pero que ya se ha hecho realidad.

De la 'auditoría forense' realizada por el FROB tras la llegada al Banco de Valencia con su intervención, el organismo ha detectado varias operaciones mercantiles con clientes del banco así como concesiones de préstamos que no se ajustan a la legalidad. Son estas operaciones, y no la gestión integral del banco, las que caerán en manos de un juzgado de la Audiencia Nacional, la instancia judicial a la que se ha remitido el FROB al considerar aspectos como la importancia de la entidad, que cotiza en bolsa, y sus efectos sobre la ecoomía nacional, entre otros motivos. De este modo ha evitado entregar ese informe al juez de Valencia que lo había solicitado, de acuerdo con el fiscal, en el marco de la denuncia presentada por un grupo de pequeños accionistas.

Pese a ese punto de conexión, la querella presentada por los pequeños accionistas representados por el abogado Diego Muñoz Cobo, dirigida contra todo el consejo de administración, y la que ahora presenta el FROB son sustancialmente distintas.

Mientras que en la primera se denuncia una mala gestión de la entidad y se hace responsables a todo el consejo, el informe elaborado por el FROB y que remitirá formalmente a la Audiencia Nacional (a pesar de que lo había solicitado el titular del Juzgado número 3 de Valencia), según las fuentes consultadas por este periodico, se ciñe a varias operaciones tanto mercantiles como de concesión de créditos y a los responsables de su ejecución. Algunas fuentes no descartan que, entre los denunciados, también figuren personas externas al banco, sí vinculadas a los negocios que ahora se investigan.

De momento no han trascendido las operaciones concretas en las que se han apreciado indicios de delito, como tampoco a quién afectará finalmente la demanda. Se da por hecho que estará José Luis Olivas, presidente del banco en el momento en que se produjeron los hecho, y Domingo Parra, el anterior consejero delegado. Pero seguramente no será los únicos. Todos los exconsejeros de Banco de Valencia, personados como parte en la querella de los pequeños accionsitas, recibieron una comunicación del juez que instruye el caso en la que se les trasladó la respuesta dada por el FROB a su petición de información, lo que introdujo cierta confusión sobre si les afecaba a no la denuncia.  

Esta denuncia, hay que aclarar, no tiene relación alguna con la acción social de responsabilidad que la junta acordó ejercer contra Olivas, Parra, Aurelio Izquierdo y Antonio Tirado. Esta tercera vía de exigencia de responsabilidades -las otras dos son las del FROB y la de los pequeños accionistas- queda aun pendiente de resolver.

OPERACIONES POLÉMICAS

Sin que existencia constancia firme de que sean éstas y no otras las operaciones a las que se refiere el FROB en su informe para la Audiencia Nacional, lo cierto es que hay un paquete de ellas que han estado en el ojo del huracán durante años. Quizá la más llamativa y polémica es la que supuso la compra de la empresa Acuigroup Maremar, de Antonio Asunción y Társilo Piles.

Se trata de unas piscifactorías que fueron financiadas por el banco. Las dificultades financieras de Asunción y Piles llevó a Banco de Valencia a capitalizar la deuda. Según fuentes del consejo consultadas por este periódico, la operación estaba siendo analizada por el propio Banco de Valencia antes de la intervención, al considerar que habían sido engañados, ya que las existencias de peces que aparecían como activos de la empresa era infinitamente menores a los reales. "Íbamos a presentar una denuncia, pero llegó la intervención", señaló un consejero a ValenciaPlaza.com en su momento. 

También los créditos concedidos a las empresas Nou Litoral, Grupo Lugodi, Remember Spain, Foiblebusiness y Ensanche Urbano, fundamentalmente inmobiliarias participadas por el banco con constructoras locales, también han sido estudiadas por el FROB, especialmente después de que Banco de Valencia firmara acuerdos privados con el resto de accionistas por los cuales se han cedido a favor del banco los derechos políticos de forma temporal.

Otras fuentes apuntan también a Inversiones Finanieras Agval, la empresa que agrupa la participación del Banco de Valencia y de Eugenio Calabuig en Aguas de Valencia. La acción de control que tiene Calabuig en Agval también ha despertado dudas entre los administradores del FROB.

Finalmente, y dado que según algunas fuentes, otro de los motivos que han llevado al FROB a trasladar el caso a la Audiencia Nacional es que existe operaciones fuera de la Comunitat Valenciana, algunas fuentes recuerdan los créditos facilitados a la inmobiliaria murciana de grandes resorts  Polaris World, cuya crisis obligó igualmente al banco a capitalizar los créditos.

En todo caso, estas son operaciones que, con independencia del resultado, siempre se han comentado como inversiones fallidas por poco meditadas. Solo la de Acuigroup tiene condicionantes que pueden ir más allá.

INDICIOS DE DELITO PENAL

La cuestión es que, sean cuales sean las operaciones a las que se refiere el informe pericial realizado por los administradores del FROB, se intuye que no se trata de acciones realizadas "sin intencionalidad", ya que éste es un elemento esencial para que se aprecie la existencia delito. De lo contrario estaríamos ante unos casos de gestión deficiente, y eso el FROB lo reselve con expedientes disciplinarios que se remiten al Banco de España. En este caso, la situación es más grave. Los próximos días serán clave para saber el alcance de las denuncias. 

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