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VALENCIA. Se hará lo que se pueda. La patronal alicantina Coepa ha anunciado que sólo impartirá los cursos de formación que sea capaz de sufragar por sí misma, sin confiar en los compromisos de pago de la Generalitat. Las direcciones del resto de patronales y sindicatos no han llegado a plantear esta opción oficialmente, pero diversos responsables reconocen que se baraja como una posibilidad más que plausible "a medio plazo".

Los impagos públicos se convirtieron en algo habitual ya hace seis años, pero actualmente la Generalitat debe a los agentes sociales cursos impartidos y pagados por patronales y sindicatos desde 2010. "Desde la Administración valenciana se han encargado de asesinar el Pacto Valenciano por el Crecimiento y el Empleo (Pavace)", asegura a Valencia Plaza Josep Tomás, secretario de Empleo de CCOO-PV.

A través de los sucesivos Pavace, la Generalitat acordó con la patronal autonómica Cierval y los sindicatos UGT-PV y CCOO-PV que fueran estas organizaciones las que ejecutaran la formación que se resta en la nómina de cada trabajador. Los agentes sociales costearían los cursos y la Administración se los pagaría una vez ejecutados.

Sin embargo, tanto patronales como sindicados aseguran que el Consell ha recibido puntualmente ese dinero del Estado pero lo ha destinado a otros fines, obligando a las organizaciones a sobreendeudarse para cumplir este compromiso. Cierval reconoce en su caso unos impagos de 23 millones de euros, mientras que las patronales de Valencia elevan en su caso la suma a 33 millones y Coepa a más de siete millones.

SIN CRÉDITOS NI CONFIANZA

Cuando las entidades financieras han cerrado el grifo del crédito y desconfían de la Generalitat como pagador, las patronales y los sindicatos se encuentran con serios problemas para refinanciar los préstamos que solicitaron y se enfrentan a condiciones aún más duras para los que firmen a partir de ahora. Esta situación explica porqué la patronal alicantina ha tomado la decisión de realizar únicamente los cursos y jornadas de la Generalitat que vengan "con el dinero por delante".

"En Coepa atravesamos una situación excepcional y no podemos hacerlo todo", apuntan desde la organización empresarial aicantina, que ha tenido que ejecutar dos ERE en el último medio año hasta reducir su efectivos a la mitad y desmantelar su sede central ante la imposibilidad de asumir su coste. El de Coepa es un caso extremo, pero no único.

La patronal autonómica Cierval ha recortado su personal en un tercio y la valenciana CEV ha anunciado el despido de uno de cada dos empleados, rebajando los sueldos del resto en un cantidad actualmente en negociación. Por su parte, CCOO-PV ha aplicado un riguroso plan de ajuste que se ha saldado, por el momento, sin despidos; mientras que UGT ya está ejecutando un Expediente de Regulación de Empleo Temporal sobre el 100% de su plantilla.

EFECTOS SOBRE EL NUEVO PAVACE

A esta alturas, Administración y agentes sociales deberían haber redefinido el Pavace para adaptarlo a nuevas necesidades de la economía valenciana (el actual se pactó antes de la crisis) y tendrían que empezar a poner las bases del próximo. Sin embargo, "no se ha hecho nada, ni en un sentido ni en otro", lamentan fuentes sindicales y patronales.

Por otra parte, la propuesta de condicionar en el futuro la transferencia de estos fondos al porcentaje de nuevos empleos que generen ha terminado de indignar a los agentes sociales. "Si nosotros tenemos que formar y después buscar empleo a los trabajadores, ¿qué hace el Servef?, señala Tomás. "No me quiero imaginar qué pasaría si ese criterio se le aplicara la Administración", comentó recientemente José Vicente González, presidente de Cierval.