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VALENCIA. "Insuficiente". Así califica la Sindicatura de Comptes la información que proporciona la administración autonómica y, en especial, las empresas públicas, sociedades mercantiles y fundaciones, en sus respectivas sedes electrónicas. La auditoría entregada en Les Corts por el Síndic Major, Rafael Vicente Queralt, al presidente de la cámara, Juan Cotino, pone en evidencia el incumplimiento de las obligaciones marcadas por la Ley 3/2010 de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana dos años después de su aprobación.

Esta falta de apliación, a juicio de la Sindicatura, implica una pérdida de posibilidad de "ahorro para los ciudadanos y los organismos públicos". "Debería acelerarse la implantación de medios electrónicos que permitan a los ciudadanos y empresas ejercer sus derechos y utilizar los servicios y procedimientos que establece la ley", afirman desde el ente.

La media de incidencias de los organismos analizados entre Administración, organismos autónomos, entidades públicas, sociedades mercantiles y fundaciones, se sitúa en un 58%. Es decir, un importante nivel de ineficacia. Según el informe, se define como incidencia la no implantación a la fecha de la revisión (cuarto trimestre de 2011) por parte de la entidad analizada, de los requisitos de información de su sede electrónica que exigiría "un grado óptimo de eficacia".

Así, como se aprecia en el cuadro, entidades como la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana (EPSAR), Radiotelevisió Valenciana (RTVV), Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Agencia Valenciana de Turismo (AVT), Instituto Valenciano de Finanzas o Ente Gestor de la Red de Transporte y Puertos, rondan o superan el 60% de incidencias contabilizadas.

La insuficiente aplicación electrónica en la administración también está presente en sociedades mercantiles públicas como Ciegsa, Vaersa o Sociedad de Proyectos Temáticos, y en diversas fundaciones públicas.

De los organismos analizados, la propia Administración de la Generalitat (35%) y Ciudad de las Artes y las Ciencias (17%), son los que salen mejor parados del ‘examen' aplicado por la Sindicatura de Comptes.

DEFICIENCIAS: USUARIOS Y PROVEEDORES AFECTADOS

Entre las medidas que se considera necesario implantar para avanzar en la conocida como E-Administración se encuentra el Registro Electrónico General, de acceso libre y gratuito en las sedes electrónicas; la tramitación electrónica de procedimientos administrativos, así como su contratación y pago; la utilización de los certificados electrónicos reconocidos y el acceso o uso de la Plataforma Ge-factura. Además, el informe destaca la necesidad de publicar los datos relativos al presupuesto anual, las cuentas anuales o el informe de auditoría (cuando es obligatorio), así como otras informaciones de carácter tributario, jurídico o económico.

Así, la Sindicatura de Comptes ha utilizado diferentes criterios para el análisis de la Administración, organismos autónomos y entidades públicas por un lado, y para las empresa públicas y fundaciones, por otro.

En cuanto a las primeras, el informe destaca entre diversos incumplimientos, la imposibilidad para los proveedores de utilizar el sistema de facturación electrónica ya que, a excepción de la Generalitat, las entidades no han aplicado esta norma.

Respecto a las empresas públicas y fundaciones, entre las muchas deficiencias se subraya la imposibilidad, en siete de los ocho entes analizados, de que el ciudadano pueda habilitar la tramitación de procedimientos administrativos.