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MADRID/VALENCIA (EP). Los extécnicos de la Radio Televisión Valenciana (RTVV) que firmaron el informe con el que se adjudicó el contrato de sonorización de la visita que el Papa hizo a Valencia en 2006 a empresas de la trama Gürtel han declarado en la Audiencia Nacional que cumplían "órdenes del entonces director" del ente, Pedro García Gimeno, informaron fuentes personadas en la causa.

Así lo han manifestado el exdirector de Antena del ente público Antonio de la Viuda y el exjefe del Departamento Técnico Luis Sabater durante su comparecencia como imputados ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga la adjudicación de este contrato por importe de 7.493.600 euros a la constructora Teconsa y el supuesto desvío de fondos a la trama dirigida por Francisco Correa.

Sabater ha afirmado que el entonces director económico financiero de la entidad, Ricardo Calatayud, le ordenó que el contrato se adjudicara a Teconsa "por órdenes superiores" y sin más explicaciones, lo que él interpretó como una directriz del propio García Gimeno.

FIRMABAN LO QUE LES PONÍAN DELANTE

De hecho, ha señalado que él ni siquiera elaboró el informe con el que se justificó la adjudicación, que estaba fechado el 4 de mayo de 2006, y que lo único que hizo fue firmarlo una semana después, tras volver de Roma de la presentación de la cobertura del V Encuentro Mundial de las Familias, que se desarrolló entre el 7 y el 9 de julio de 2006.

Por su parte, De la Viuda ha añadido, según las citadas fuentes, que él también cumplía órdenes de la dirección del ente autonómico y que en su caso él firmaba todos los papeles que le "ponían por delante, sin siquiera leerlos".

La versión de estos dos exaltos cargos de la televisión valenciana contradice la que realizó García Gimeno el pasado 8 de mayo, cuando aseguró que la adjudicación a Teconsa la hizo la Mesa de Contratación de la radio televisión valenciana y añadió que los regalos que recibió del presunto responsable de Gürtel en Valencia, Álvaro Pérez, 'El Bigotes', eran "los normales entre amigos". "Yo sólo firmaba", aseguró.

"A LA PUERTA DEL BANCO"

El magistrado también ha interrogado como testigos a Pedro Fuste y Alejandra Lascary, trabajadores de Easy Concept, y a Rocío Perea, empleada de Servimadrid Integral. Según la investigación, estas dos empresas eran la matriz de la trama supuestamente corrupta en las actividades que desarrolló en la Comunidad de Madrid.

Perea ha declarado que sus superiores le ordenaron sacar 170.000 euros en dos cheques de 115.000 y 55.000 euros y que la administradora de esta sociedad, Isabel Jordán, a la que se atribuye el pago de comisiones a cargos públicos, le reclamó el dinero en la misma puerta del banco, como acredita un acta notarial que obra en la causa.

"Nunca supimos para qué era ese dinero", ha señalado la testigo durante su interrogatorio, en el que también ha señalado que quiso pedirle un recibo a Jordán para acreditar que le entregaba el dinero y ésta se negó.

Estas declaraciones se producen después de que el juez Ruz solicitara el pasado 18 de mayo al Gobierno de Esperanza Aguirre copia de un total de 317 contratos para la organización de eventos firmados con empresas de la trama Gürtel en los que habrían intervenido el exconsejero de Deportes Alberto López Viejo y el gerente de la Empresa Municipal de Vivienda de Boadilla del Monte, Alberto Bosch, ambos imputados.

Ruz ha llevado a cabo estas diligencias ante la sospecha expresada por la Fiscalía Anticorrupción de que ambos excargos públicos pudieran haber recibido pagos relacionados con la firma de estos contratos para la organización de eventos. Entre los actos organizados se encontraban el correspondiente al primer aniversario de los atentados del 11 de marzo de 2004, un homenaje en memoria de Miguel Angel Blanco o el encargo de un cuadro del exalcalde madrileño y actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.