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BRUSELAS (EFECOM). El comisario del Mercado Interior y Servicios Financieros, Michel Barnier, presentará en los próximos días, previsiblemente el 6 de junio, su propuesta estrella para la gestión de futuras crisis del sector financiero, con el fin de que sea la banca la que se rescate a sí misma y no los contribuyentes.

"En el corazón de la nueva gobernanza económica está ese gran proyecto en el que trabajo desde hace dos años y medio, piedra a piedra, pieza a pieza, de una unión bancaria europea que concierne a los veintisiete países de la UE, y en este marco completaremos en los próximos días este ambicioso plan con el proyecto que la Comisión presentará sobre la recuperación y resolución bancaria", dijo Bernier en la rueda de prensa del Consejo de Competitividad.

La intención del comisario francés siempre ha sido presentar su proyecto antes de la cumbre del G20 que se celebrará los días 18 y 19 de junio próximo en la localidad mexicana de Los Cabos,

Este plan es la última pieza de puzzle que aún falta para completar los compromisos asumidos por la UE en el marco del G20 para reducir los riesgos sistémicos en el sector bancario.

La presentación de la propuesta se ha retrasado considerablemente, porque Barnier no ha querido presentarla en medio de la crisis de deuda de Europa, por temor a que el sistema financiero experimente todavía más turbulencias o presiones.

El comisario había decidido además llevar a cabo más consultas con agentes del mercado claves y los gobiernos de la Unión Europea, bancos centrales y eurodiputados sobre el diseño técnico de una parte crítica de la iniciativa: el (debt write-down o bail-in), es decir que los accionistas y bonistas asuman las depreciaciones de deuda o quitas o conversiones de deudas en acciones y capital.

La banca también tendrá que reservar un porcentaje de capital de contingencia o deuda para el "bail-in", deuda que se convierte en capital cuando una entidad tiene problemas con el fin de recapitalizarse rápidamente.

Según filtraciones a algunos medios de comunicación de un borrador, se trataría de un 10 % de la deuda sobre la que se podría imponer pérdidas y esa norma se aplicaría para deuda actual y nueva a partir de enero de 2018.

La propuesta incluirá medidas preparatorias y preventivas, tales como la obligación de las instituciones y autoridades de preparar planes de recuperación (para el caso en que un banco deba enfrentarse a graves dificultades) y planes de resolución que permitan garantizar una adecuada programación para el caso de dificultades financieras o quiebras (tales planes se denominan "testamentos vitales").

También plantea facultades para actuar rápidamente a fin de atajar los problemas antes de que se agraven, tales como el poder concedido a las autoridades de supervisión de exigir la sustitución de las instancias de dirección o exigir a una institución que aplique un plan de recuperación o se desprenda de actividades o ramas de actividad que planteen un excesivo riesgo para su solidez financiera.

También contempla la posibilidad de prohibir los dividendos.

Habrá además instrumentos resolutorios, tales como facultades para realizar la adquisición de una empresa o banco en quiebra por parte de una institución sólida, o transferir toda o una parte de su actividad a un "banco puente" temporal, lo que permitiría a las autoridades garantizar la continuidad de las actividades esenciales y gestionar la quiebra de forma ordenada.

También prevé separar los activos sanos de los tóxicos, lo que se conoce como aislarlos en un "banco malo".

La propuesta de Barnier reforzará además los poderes de las autoridades supervisoras y velará por que los organismos nacionales y la Autoridad Bancaria Europea (ABE) dispongan de los instrumentos de coordinación apropiados para garantizar procedimientos coherentes, algo especialmente importante cuando se trata de bancos internacionales con impactos transfronterizos.