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MADRID (EP). Las constructoras han solicitado al Gobierno un plan para ordenar y ayudar al sector en la "importante" reestructuración a la que se verá abocado ante el recorte de inversión en obra pública de 6.400 millones de euros anunciado por el Ministerio de Fomento.

Las patronales del ramo pidieron también ayudas fiscales o crediticias a través del ICO, para que las empresas afronten las tensiones de liquidez y los problemas de solvencia que puede provocar en el corto plazo la suspensión y aplazamiento de contratos por parte del departamento que dirige José Blanco.

Además, reclamaron al Gobierno que optimice los recursos para obras públicas, recortando de otras partidas de gastos y buscando otros "yacimientos" de ingresos (privatizaciones, el pago por el uso de las vías, mayor recaudación por el impuesto de carburantes o al tabaco, el eventual copago sanitario) y la inmediata puesta en marcha del Plan Extraordinario de Infraestructuras en colaboración con capital privado.

"Se trata de un sector que nunca dejará de constituir entre el 8% y el 10% del PIB", recordó el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan Lazcano, en rueda de prensa conjunta con los presidentes del resto de patronales del sector (Seopan, Davir Taguas; Anci, Jaime Lamo de Espinosa; Aerco, Javier Saenz de Cosculluela, y Cepco, Rafael Fernández). Estas asociaciones se han unido por vez primera en su historia para afrontar el histórico ajuste de obra pública anunciado por el Ministerio de Fomento.

AJUSTE DESPROPORCIONADO.

Un ajuste que estiman "desproporcionado" y que se suma al de administraciones autonómicas y locales y al que sufre el sector residencial. Según advierten, "perturbará gravemente a la economía española, porque repercutirá muy negativamente sobre el empleo (se perderán unos 115.000 puestos de trabajo), la recaudación fiscal y la competitividad", y tendrá otras consecuencias indirectas como, por ejemplo, "la imposibilidad de cumplir con la nueva Ley de Morosidad".

Así, auguran que desatará una "rápida e intensa" reestructuración, dado que, tal como señaló Taguas, se producirá un "shock", una caída brusca de actividad, para una sector "sobredimensionado y atomizado" (5.500 empresas) y que ya tenía escasos márgenes de ganancia.

"Por tanto, no parece lógico que, siendo además el Estado el principal cliente, el Gobierno no articule un plan de reestructuración del sector, como ya se ha hecho con otros", como el bancario, argumentan las empresas. "Tememos una reestructuración en caída libre, no ordenada, porque el impacto es muy fuerte", señalaron.

Las constructoras "comprenden el necesario" ajuste presupuestario, pero rechazan que el grueso del plan 'antidéficit' "condene" a la inversión productiva, "principal arma del Gobierno para potenciar el crecimiento por su carácter anticíclico y su efecto inmediato en la actividad económica y el empleo".

Además, resaltaron el coste que el recorte generará al Estado por menor retorno fiscal, mayores prestaciones por desempleo y las compensaciones que tendrá que pagar a las empresas ante las rescisiones de contratos y las eventuales reclamaciones por "daños y perjuicios" que las compañías realicen por vía judicial.