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MADRID (EFE). Valoriza, la filial de servicios del grupo Sacyr Vallehermoso, ha decidido rescindir contratos con los ayuntamientos que incumplían reiteradamente sus obligaciones de pago.

Según una presentación remitida por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la disminución de la cifra de negocio del área de medio ambiente se explica por una política conservadora a fin de "proteger a la empresa del impago municipal".

El grupo constructor y de servicios considera que la situación financiera de las entidades locales hace prever una contracción en el alcance y en el importe de los servicios de limpieza y recogida de residuos, razón por la cual la compañía ha calculado un crecimiento inferior al del quinquenio anterior.

En el lado positivo, la empresa cree que una mayor disciplina presupuestaria debe llevar aparejada una mayor seriedad en el pago por parte de los clientes públicos, lo que debe contribuir a poner en valor esta actividad, "como un negocio recurrente libre de las tensiones de tesorería".

Para los siguientes ejercicios, la filial ha tenido en cuenta las nuevas contrataciones de servicios municipales de forma selectiva en ciudades con presupuestos económicos ya equilibrados, como la limpieza viaria y recogida de Majadahonda (Madrid) recién adjudicada, así como el incremento de facturación en los contratos integrales de próximo concurso en la capital.

En el tratamiento de residuos, la compañía destaca la operación de las plantas actualmente en construcción en Asturias así como la ampliación de la incineradora de Mataró (Barcelona).

Con estas adjudicaciones, unidas a las que se puedan lograr, Valoriza prevé una recuperación de la cifra de negocio para 2014.

En la división de medio ambiente, prevé que la cifra de negocio disminuya en los dos próximos hasta 311 millones en 2012 y hasta los 320 millones en 2013. Datos que contratan con los 326 millones que se registraron el pasado año.

De cara a 2015, la compañía prevé una recuperación de la facturación hasta 352 millones de euros.

Las administraciones públicas adeudan a las grandes constructoras unos 7.000 millones, de los que una gran parte ya ha vencido.

En el caso de la compañía presidida por Manuel Manrique, la administración pública española adeuda al grupo 580 millones -de los que ya están vencidos 370 millones-, 260 millones sólo con los ayuntamientos.