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VALENCIA (EP). El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y el director general del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Mariano Herrera, se han dirigido al ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, solicitándole la petición de un informe al Consejo de Estado para que se pronuncie sobre la obligatoriedad o no de comparecer en la comisión de investigación de la CAM en las Corts Valencianes.

Fernández Oróñez y Mariano Herrera han respondido así en sendos escritos al segundo requerimiento que el presidente de las Corts, Juan Cotino, envió hace dos semanas a las nueve personas que se han negado a comparecer en la comisión de investigación de la CAM en el parlamento valenciana.

Cotino también les remitió el dictamen elaborado por los servicios jurídicos de la cámara en el que consideran que quienes no atiendan a los requerimientos de las comisiones de investigación se enfrentan a la sanción prevista en el artículo 502 del Código Penal por un delito de desobediencia.

"GRAVE CONFLICTO INSTITUCIONAL"

El gobernador del Banco de España, en su carta con fecha de entrada en las Corts del pasado viernes, señala que el segundo requerimiento plantea "un grave conflicto institucional que afecta a las facultades que puede ejercer una asamblea autonómica sobre instituciones estatales sujetas expresamente al control de las Cortes Generales y que, adicionalmente, se encuentran sometidas a un estricto deber de confidencialidad derivado de la legislación europea, como es el Banco España".

Asimismo, añade que esto obliga al Banco de España a "actuar bajo el principio de máximo respeto a la ley". Por ello, "y en defensa de un cauce legal específico que permitiera dirimir el citado conflicto" se ha dirigido al ministro de Economía para que el Consejo de Estado "dictamine sobre la obligatoriedad de los requerimientos de información y de comparecencia" dirigidos por el parlamento valenciano a altos cargos del Banco de España, de la Administración de Estado, del FROB y de otros entes estatales.

Miguel Ángel Fernández Ordóñez concluye su escrito rogando al presidente de las Corts que tenga por contestados los requerimientos dirigidos al Banco de España y sus altos cargos y empleados, supendiéndolos "en tanto se evacua el mencionado dictamen".

Por su parte, el director general del FROB, Mariano Herrera, ha respondido también al segundo requerimiento realizado por las Corts respecto a él mismo y al exdirector del organismo, Julián Atienza.

En el escrito, con fecha de entrada en las Corts este mismo lunes, Herrera recuerda en contestación al primer requerimiento se hacía referencia a la doctrina del Consejo de Estado, según la cual "el deber de comparecer ante comisiones de investigación de asambleas autonómicas no alcanzaría a representantes o empleados de órganos o entidades estatales".

No obstante, añade que según el dictamen elaborado por los servicios jurídicos de las Corts, "el hecho de que las citadas comisiones no puedan controlar la actuación del FROB, no sería obstáculo para entender que esa cámara pueda solicitar la comparecencia de sus representantes en el marco de la necesaria cooperación entre administraciones en un estado compuesto".

En este sentido, señala que "tal comparecencia se ceñiría a su condición de expertos capaces de asesorar o suministrar información a la comisión a fin de que ésta pueda atender a la finalidad para la que fue creada", como es esclarecer el proceso que llevó a la intervención de la caja alicantina por parte del Banco de España.

"DIVERSIDAD DE CRITERIOS JURÍDICOS"

Mariano Herrera hace referencia en su carta a la "divergencia de criterios jurídicos" sobre la existencia o no de una obligación de comparecer y al "secreto al que están sujetas las delibertaciones" de la comisión rectora del FROB".

Por ello, plantea al ministerio de Economía y Competitividad la conveniencia de solicitar que el Consejo de Estado "se pronuncie específicamente sobre los requerimientos para comparecer ante la comisión de referencia, a fin de asegurar que nuestra actuación se ajusta estrictamente a la legalidad".

En cualquier caso, Herrera destaca que las conclusiones del dictamen elaborado por los servicios jurídicos de las Corts justificarían, a su juicio, "la posible reconsideración de las comparecencias cursadas a distintos miembros de la comisión rectora y directores generales del FROB".

No obstante, matiza que "al no estar sujeta la actuación de este organismo al control de esa comisión", la información que podría ofrecer el FROB "se referiría exclusivamente a la derivada de su condición de administrador provisional de la CAM".

Al respecto, asegura que esta información "ha sido ya cumplida y detalladamente suministrada mediante la comparecencia, el pasado 2 de mayo, de quienes ostentan la representación del FROB a tales efectos". En concreto, el 2 de mayo intervino en la comisión de investigación de la CAM el administrador provisional del FROB en Banco CAM SA, José Antonio Iturriaga.

Finalmente, Herrera ruega en su escrito que se tenga por contestados los requerimientos y suspendidas las comparecencias solicitadas en tanto se pronuncie el Consejo de Estado.