X. AGUAR. 19/05/2012

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VALENCIA. La crisis económica ha afectado a los gobiernos municipales de una manera especial y, en ocasiones, desmedida. Más de una treintena de ayuntamientos de la Comunitat han visto como el Ministerio de Hacienda calificaba como desfavorable el plan de pago a los proveedores elaborado por estos consistorios para acceder al 'maná' del Fondo para la Financiación del Pago a Proveedores (FFPP) dotado con 30.000 millones de euros. Un 'maná', eso sí, a devolver en diez años con dos de carencia, es decir, sólo con pago de intereses en ese periodo. 

 

De la treintena, once ayuntamientos de la provincia de Valencia cuyos planes han sido rechazados, acudieron esta semana a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) para solicitar asesoramiento y ayuda. Los alcaldes, sobre todo de los municipios más pequeños, se sienten aislados. Algunos, incluso, han enviado una carta a todos los altos cargos del Ministerio de Hacienda para exponer su caso.

La presidenta de la FVMP, Elena Bastidas, quien ha instado públicamente a la Generalitat a que pague los 1.000 millones de euros que debe a los consistorios, subrayó en declaraciones a Valenciaplaza.com que el ente "está trabajando sin descanso en estos momentos de incertidumbre para los ayuntamientos mediando ante todos los organismos superiores para tratar de encontrar vías de solución".

Los ayuntamientos que han visto su plan rechazado se encuentran ahora a expensas de una decisión de Hacienda que todavía desconocen. No superar la prueba para al FFPP implica la aplicación de la disposición adicional de la ley de Presupuestos, que contempla una reducción de la compensación automática del 50% de las transferencias del Estado a los ayuntamientos como participación a los tributos. 

La renegociación del préstamo para su devolución en 20 años, la reducción al 25% de la retención en el caso de que el rechazo del plan sea firme, o la posibilidad de asesorar el plan del consistorio de turno para que sea revisado de nuevo por Hacienda, son algunas de las opciones que estudia la FVMP para ayudar a estos ayuntamientos. También la Diputación de Valencia, a través de su presidente Alfonso Rus, ha apuntado la posibilidad de plantear al Estado que la corporación provincial sea la que acceda al préstamo y permita a los ayuntamientos pagarlo a 20 años.

La consecuencia de que el 50% de las transferencias estatales sea retenido, resulta "catastrófico" para algunos municipios, que rezan para que, al menos, se reduzca ese porcentaje a la mitad. Todos esperan que exista la posibilidad de 'repesca' hasta el 24 de junio.

"Este plan es como si hicieran un solo traje idéntico para muchas personas: a unos nos apretaría, a otros les vendría grande, a otros corto... ", explica el alcalde de Llaurí. Cada caso, cada municipio, tiene su propia historia. Estos son algunos ejemplos de los consistorios que se han encontrado con el rechazo del Ministerio de Hacienda.

LLAURÍ
La Ribera Baja. 1.306 habitantes. Alcalde: Juan Carlos Ribes (Gent de Llaurí).

Este pequeño municipio se convirtió, años atrás, en noticia por verse obligado a la subasta de sus bienes. El alcalde explica que la situación deriva de 2001, cuando una sentencia condenó al ayuntamiento a pagar 2,1 millones de euros por unas expropiaciones en el consistorio para un polígono industrial que se había acometido a finales de los 80. "Todo quedó embargado. Subastamos nuestros bienes y lo perdimos todo, incluidos 30.000 metros cuadrados en naves industriales", subraya Ribes. La situación, en aquél momento, era desesperada: "Tenía que pedir una autorización judicial para comprar un lápiz", relata, en referencia a la compra de material de oficina.

"En 2009 conseguimos pagar lo que se adeudaba de las sentencias, aunque había implicado la pérdida de todo el patrimonio de Llaurí", explica el alcalde. La caída de ingresos ha sido en picado y se ha acumulado una deuda a proveedores de un millón de euros. "Necesitamos que nos refinancien el préstamo a 20 años y que no nos retengan los ingresos por tributo", reclama Ribes, quien asegura haber subido el IBI y no tener mayor margen de maniobra. "La Generalitat también nos debe más de 150.000 euros", recuerda.

SILLA
Horta Sud. 19.213 habitantes. Alcalde: Serafín Simeon (PP)

El caso de Silla es uno de los más alarmantes. El plan propuesto por el alcalde, que gobierna en minoría, ha sido rechazado en dos ocasiones por la oposición. El concejal de Hacienda, Marcos Ruiz, señaló a Valenciaplaza.com que la deuda viva del municipio es de 15 millones de euros y que están pendientes de pago otros 6,5 millones de euros a proveedores y otros conceptos; una situación heredada de anteriores mandatos. El problema de tesorería de Silla es gravísimo y, a duras penas, se está cumpliendo con las nóminas.

Desde el consistorio aspiran a que el ministerio pueda llegar a admitir su plan de ajuste y no se vean abocados a la retención del 50% de los tributos. Esperan que, llegados a ese punto, la FVMP logre interceder con el ministerio para que solo les recorten el 25% de las transferencias. "Si lo aplican, será una catástrofe para nosotros", explica el regidor de Hacienda, que reconoce las dificultades para incluso hacer frente a las nóminas. También sufren el impago de la Generalitat. "Nos deben 950.000 euros", reconocen desde el consistorio.

ALBORAYA
Horta Nord. 22.563 habitantes. Alcalde: Miguel Chavarría (PSPV)

La situación de Alboraya es otra de las más críticas de los municipios de la provincia de Valencia. La concejala de Hacienda, Mamen Peris, asegura que han pedido una cita al ministerio para abordar su caso.

El PSPV alcanzó el gobierno en coalición tras tres mandatos del Partido Popular. "Al cierre de 2011 contabilizamos más de 8 millones de euros de facturas en el cajón, algunas de 2003", explica Peris.

Desde el consistorio se ha intentado poner fácil la tarea del ministerio. "Le enviamos dos planes: uno para cumplir a diez años y otro a 20. El primero, el oficial, se ha rechazado. El segundo, lo mandamos para que vieran que en esas condiciones sí que podríamos cumplir los requisitos", argumenta la regidora.

"El ayuntamiento está tomando medidas: hemos ahorrado 600.00 euros en personal de confianza, estamos generando ingresos a través de alquileres, rentabilizando el patrimonio municipal... pero nos vendría bien poder afrontar el préstamos a 20 años. Ahora bien, si nos retienen el 50%, afrontaremos el reto: para eso estamos, para gobernar y gestionar", concluye Mamen Peris.

L'ALCUDIA
Ribera Alta. 11.432 habitantes. Alcalde: Robert Martínez (PSPV)

El caso de l'Alcúdia es uno de los más peculiares. Su plan ha sido rechazado, aunque el alcalde fue el primer sorprendido. "Queremos aclarar que no tenemos dificultades económicas, ni una deuda escandalosa", explica Robert Martínez a Valenciaplaza.com.

El primer edil de la localidad lamenta "la falta de información" que ofrece el ministerio tras declarar el plan desfavorable. "No hemos obtenido mayor explicación de que no existen ingresos suficientes en el consistorio para que nos concedan el préstamo", expone el responsable municipal, quien asegura haber enviado cartas a los altos cargos del ministerio pidiendo explicaciones.

"Tenemos una presupuesto de 8,5 millones de euros. Nuestra deuda a proveedores, la que hemos remitido a Hacienda, es de poco más de dos millones de euros", explica Martínez. El alcalde asegura que habían preferido no subir los impuestos para "no exprimir a los ciudadanos en esta situación de crisis económica", pero que todavía tienen margen para ajustar los ingresos.

"Nuestro índice de morosidad era de 49 días, algo que estamos disminuyendo y que, además, está dentro de los límites que marca la ley. Se han aprobado planes infinitamente más delicados que el nuestro", asegura el alcalde. En cuanto a las iniciativas tras el rechazo del plan, Martínez asegura que L'Alcúdia, si Hacienda les retiene el 50% de las transferencias para ejecutar los pagos a los proveedores, "podrá afrontarlo sin excesivos problemas, lo que demuestra la incoherencia que se comete con nosotros". El alcalde, recuerda además, que la Generalitat les adeuda en torno a 600.000 euros.

ALBAIDA
Vall d'Albaida. 6.178 habitantes. Alcalde: Josep Antoni Albert (Bloc-Compromís)

Este municipio fue noticia semanas atrás al enviar un SOS en toda regla: el gobierno en coalición de Bloc-Compromís y PSPV mandó una carta a todas las instituciones, incluso al propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicándole su insostenible situación económica.

Una bancarrota que, para la teniente de alcalde Eva Tormo (PSPV), tiene unos culpables indiscutibles: el gobierno del PP durante ocho años. "Llegamos a apelar al PP provincial y regional para que detuvieran lo que sus compañeros estaban haciendo, pero nos ignoraron", asegura.

Las cifras están ahí. La deuda de Albaida asciende a 17,5 millones de euros, un montante "imposible" de asumir para un municipio que tiene aproximadamente 5 millones de ingresos fijos. "Es evidente que, imponiendo todas las restricciones que están en nuestra mano, no podemos devolver el préstamo a diez años. Necesitamos que el ministerio entienda la excepcionalidad de nuestro municipio y que se ‘moje' y nos diga qué debemos hacer. Estamos dispuestos a aplicar las medidas que sean necesarias", explica Tormo.

"Necesitamos como mínimo 20 años, una refinanciación de los préstamos e implementar las medidas. Tenemos 700 parados. La situación es desesperada", subraya la teniente de alcalde de este municipio donde la deuda es de unos 3.000 euros por habitante. 

SENYERA
Ribera Alta. 1.188 habitantes. Alcaldesa: Pilar Alandes (PP) 

El drama también ha llegado a los pueblos más pequeños. En Senyera, el PP gobierna en minoría y ha presentado un plan al Ministerio de Hacienda solicitando 591.000 euros de préstamo. Una cifra importante teniendo en cuenta el tamaño del municipio. La deuda por habitante asciende a unos mil euros y las facturas pendientes se eleva a 700.000 euros. 

El rechazo al plan enviado por esta localidad se ha debido a que los ingresos del municipio no son suficientes para devolver el préstamo que les concediera el ministerio en diez años como está establecido. Desde el consistorio quieren transmitir "optimismo" y voluntad de llegar a consensos para salir adelante, algo que se antoja difícil si no se consigue una ampliación a 20 años para el préstamo de Hacienda. En cuanto a los motivos de la deuda, las explicaciones desde el consistorio son similares las de otros responsables municipales: "Vino el Plan E, se hizo una piscina... antes se tiraba para adelante, pero ahora hay que cambiar la manera de gestionar". La Generalitat adeuda a este municipio 192.000 euros.

ALMOINES
La Safor. 2.435 habitantes. Alcalde: Antonio Olaso (PP)

El teniente de alcalde, Trinitario Calatayud, reconoce que van a tener que "pelear mucho para ajustar las cosas" porque la gestión anterior fue "nefasta". Al responsable municipal no le ha resultado sorprendente el rechazo al plan presentado, dadas las cuentas de los últimos ejercicios. "Presentaban presupuestos con un 5% de superávit y después aparecía un 33% de déficit", recalca.

La deuda, según Calatayud por dos préstamos bancarios supera el millón de euros y se encontraron con 550.000 euros de facturas en el cajón. "La causa de la mala situación económica es que se hicieron cosas partiendo de planes como el Confianza o el plan E, pero se pasaron y han sobrecargado al ayuntamiento", explica. El teniente alcalde de Almoines destaca que están comprometidos a solucionar los problemas del consistorio. "Lo primero que hicimos cuando entramos a gobernar fue quitarnos el sueldo para contribuir a aliviar las arcas municipales. Aquí nadie cobra nada", subraya. 

L´ÉNOVA.
Ribera Alta. 982 habitantes. Alcalde: Francisco Ordiñana (PSPV)

El alcalde de este pequeño municipio reconoce la deuda elevada de su consistorio aunque destaca que han ofrecido muchos servicios. "El alumbrado público, la piscina municipal, un centro cultural...", enumera Ordiñana, para concluir: "Tal vez nos hemos pasado de frenada".

El primer edil espera que faciliten el alargamiento del plazo para los préstamos, puesto quw con los ingresos que prevé el ayuntamiento no pueden afrontar el pago. "El municipio posee mucho patrimonio y siempre hemos mantenido impuestos bajos", defiende Ordiñana, que lleva cuatro legislaturas al frente del consistorio. 

L'Énova presentó un plan al Ministerio de Hacienda que solicitaba 965.000 euros, incluyendo 200.000 del plan Confianza de la Generalitat "que nunca llegaron", puntualiza el alcalde.