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VALENCIA. Frenada en seco. La dimisión de Jorge Vela como director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) ha ralentizado el proceso de renovación de la cúpula de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR). Con el máximo responsable de la solución de la crisis fuera de la institución y los esfuerzos de las consellerias de Economía y Hacienda concentrados en la aprobación del plan de saneamiento, todo el proceso ha quedado congelado.

Por decisión del conseller de Economía, Máximo Buch, Vela ha llevado personalmente las riendas de la renovación de la institución avalista. Aunque su equipo más próximo estaba enterado del desarrollo de los acontecimientos, la labor directa de composición del consejo, la propuesta del nuevo presidente y la elección del director general recaían enteramente sobre sus hombros.

Sin embargo, su imputación en el caso Nóos forzó su dimisión y ha paralizado todo el trabajo realizado hasta el nombramiento de su sustituto. La constitución del nuevo consejo está prevista para la próxima semana, pero para ese día tiene que haber sido elegido quién ocupará la plaza que deja vacante Vela en él.

JUEGO DE SILLAS

Actualmente, dos miembros de la Conselleria de Economía están presentes en el máximo órgano de la institución avalista: Enrique Montes, director del área de inversión del IVF, y Fernando Díaz, director general del Instituto Valenciano de Estadística. Aunque Montes ya formaba parte del equipo anterior, Díaz suma a su condición de alto cargo de la Generalitat el hecho de proceder de Tandem capital, el fondo de capital riesgo creado en 2007 bajo la presidencia del actual conseller.

Sea cualquiera de ellos dos el elegido para dirigir el IVF, la Administración valenciana tentrá que sumar un nuevo representante a la nómina en la que hoy se integran Joaquín Maldonado (Mediolanum) y Santiago de Santos y Adolfo Porcar, ambos ejecutivos de Bankia.

Lo que no se prevé que sufra alteración es la política definida para el futuro de la SGR. La idea es abandonar todas las actividades que ha ejercicio "de banco puro y duro", como las describen distintos conocedores de la entidad, y dedicarse exclusivamente al negocio típico de las SGR: dar créditos razonables a pymes.

MANDO EN PLAZA

La Generalitat ya cuenta con mando en plaza en la entidad tras reunir los 60 millones necesarios para esquivar la quiebra. Concretamente, 45 millones destinados a la ampliación de capital y 14 millones para el Fondo de Provisiones Técnicas (FPT).

Así, el Consell ha pasado a contar con el 40% del capital (57 millones de euros), mientras que las entidades financieras han reducido su porcentaje al 4% y el resto de protectores, al 1%. Entre todos forman el llamado capital protector, que pasa a representar un 45% del total, en la media del resto de las sociedades de garantía recíprocas españolas.

Como efecto de estos cambios, el coeficiente de solvencia de la entidad ha alcanzado el 10%, superando el límite legal del 8% que fija el Banco de España. De todos modos, la SGR carga con unas pérdidas de 55 millones de euros en 2011, frente a los 2 millones registrados en 2010.