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MADRID (EFE). Fitch cree que la banca necesitará ayudas públicas para los nuevos requisitos de aprovisionamiento de los créditos inmobiliarios que son considerados no problemáticos, en una cantidad que oscilará entre los 15.000 y los 35.000 millones de euros, en función del deterioro de la economía.

Fitch asegura que da por descontado un apoyo de entre 30.000 y 35.000 millones de euros adicionales a la banca en su calificación de España, a la que en la actualidad concede una A (notable) tras degradar su nota recientemente.

Pero la debilidad del escenario económico y la posibilidad de que puedan verse afectadas por las reformas nuevas partes de la cartera de activos inmobiliarios de la banca lleva a la agencia a estar preparando un nuevo cálculo de lo que cree que el Estado deberá aportar.

En principio creen que el Estado sólo deberá desembolsar la mitad de los 30.000 millones necesarios, pero si se tienen en cuenta las negativas perspectivas de la economía, el riesgo de que el coste final para las arcas públicas "exceda la estimación de 30.000 a 35.000 millones ha crecido".

No obstante recuerdan que Santander y BBVA no necesitarán asistencia, sobre todo por la diversidad geográfica de sus operaciones.

Según Fitch, la decisión de la última reforma financiera de elevar del 7 al 30 % el importe de los créditos que deben ser provisionados es "positiva" para el sector bancario.

Es previsible, añaden, que los precios de las propiedades de los bancos caigan más en el momento en el que las transfieran a una entidad aparte, que intentará deshacerse de ellos rápidamente.