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El Plan de Estabilidad del Gobierno plantea la eliminación de los tribunales de cuentas autonómicos por considerarlos un ejemplo de duplicidad
VALENCIA. Con unas dotaciones presupuestarias mínimas desde hace años, la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana se enfrenta a su desaparición a causa del Plan de Estabilidad 2012-2015, presentado por el Gobierno de España a Bruselas. El informe, que busca eliminar duplicidades, prevé ahorrar 250 millones de euros con la devolución de esta competencia de control de las autonomías al Tribunal de cuentas, pero puede hurtar a la Comunitat Valenciana de la única institución con la que cuenta para denunciar las irregulares contables de la Generalitat.
Considerada como una de las mejores entidades de estas características en España y la única que cumple los estándares de auditoría internacional (ISSAI), la presentación de sus informes todas las vísperas del día de Navidad destapa descuadres y errores en la Cuenta General de la Generalitat, las entidades locales, las Cámaras de Comercio o las universidades, entre otras instituciones.
Con fama de ser una entidad incómoda para el poder, su equipo está formado por censores jurados de cuentas bajo la presidencia de Rafael Vicente Queralt como síndico mayor, con la asistencia colegiada de los síndicos Marcela Miró (PP) y Antonio Mira Perceval (PSPV-PSOE). La adscripción política de la cúpula no ha erosionado el prestigio de esta entidad, marcado por la transparencia a la que obliga a las administración valenciana.
NUEVAS COMPETENCIAS
Además, la desaparición coincidiría con la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de la Administración pública. Esta herramienta les permitiría entrar en más en profundidad en el origen del déficit de la Generalitat, del que actualmente conocen poco más que la cifra, que cuestiona desde hace años.
No podría superar, sin embargo, la asignatura pendiente de esta institución: la capacidad sancionadora. Actualmente, el organismo señala las salvedades que considera oportunas al Tribunal de cuentas del Estado, aunque éste no ha emprendido acciones legales hasta el momento.
Aunque esta entidad figura en el Estatuto de Autonomía como una de las instituciones de la Generalitat y lleva ejerciendo su labor fiscalizadora desde 1985, estas salvaguardas podrían no ser efectivas si se decide una suspensión del ejercicio de esta atribución. Una posibilidad jurídica nada descabellada si la orden llega de un organismo superior para una situación de emergencia, según fuentes consultadas.
LOS RETRASOS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
Sin embargo, esta renuncia podría tener un resultado contraproducente desde un punto de vista práctico. Actualmente la Sindicatura de Comptes presenta sus informes anuales al término del ejercicio siguiente al analizado. De este modo, el último presentado ha sido el de 2010, al igual que han hecho únicamente las comunidades de Madrid y Navarra. El resto, tengan órganos propios o no, arrastran retrasos muy superiores.
Ese es el caso de Castilla La Mancha, Andalucía, País Vasco, Asturias, Baleares y Canarias, que terminan de conocer los informes correspondientes a 2009; o de Galicia, Cataluña o Castilla León, que terminan de recibir los correspondientes a 2008, todas ellas con institución propia de fiscalización del gasto.
Si se cumplen las propuestas del Plan de Estabilidad, todas estas auditorías deberán pasar a manos del Tribunal de cuentas, la institución que más retrasos arrastra en las cuentas que controla. Este es el caso de La Rioja, Murcia y Extremadura, que terminan de recibir las de 2006 y 2007 y de Cantabria, que ha recibido las correspondientes a 2004-2005.
Aragón, la única que tiene una auditora pública propia y que se sitúa en el furgón de cola, junto a Cantabria, termina de constituir su propio órgano de estas características y está todavía poniéndose al día.
ALTERNATIVAS DE SUPERVIVENCIA
El riesgo de la desaparición de la entidad en beneficio de la austeridad se podría sortear con otras alternativas planteadas desde la propia institución y que ya están cumplen en otras autonomías. El objetivo sería delimitar las competencias de fiscalización de las cuentas con el Tribunal de cuentas, como ya hace la Sindicatura de Comptes de Cataluña.
De este modo, la institución podría cumplir con sus actuales plazos de presentación de informes y concentrar esfuerzos aprovechando mejor sus actuales herramientas de control, según fuentes conocedoras de la entidad.
SE me ocurren, a bote pronto mil instituciones autonomicas, y diez mil puestos que eliminaría antes que la Sindicatura de Comptes,. Me parece FUNDAMENTAL la supervisión que han venido desarrollando y llego más lejos creo que para cualquier Director de empresa publica que funcione exclusivamente con criterios profesionales este organismo es una valiosa ayuda.
La Sindicatura ha contribuido mucho a poner orden en las finanzas valencianas. Ya podían decir lo mismo sus colegas de otras regiones. Ha sido siempre el primero en presentar los informas anuales de la liquidación del presupuesto. En diciembre del ejercicio siguiente, lo que es un récord. Nunca le han pillado en una omisión o error profesional, lo que es difícil con tanta gente que supervisar. Su Manual de fiscalización es un ejemplo para el resto de los auditores del sector público nacional o extranjero. Sus funcionarios son los más reputados de la profesión (permíitame decir que más prestigiados que los delTribunal de Cuentas). Así, que no veo ninguna razón seria para suprimirlo y el gasto público se resentirá al alza, no lo duden.
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