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VALENCIA (VP/EP). "El Consell solo tiene en la cabeza en este momento la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. No hay otro objetivo que pasar ese examen". El núcleo duro del Gobierno valenciano repetía este martes este mensaje ante cualquier pregunta sobre el futuro de la Generalitat y el fantasma de la intervención. "Pero lo vamos a pasar sin problemas. No hay ningún riesgo de que no se apruebe el plan", explicaron fuentes de varios de los departamentos implicados en adaptar las exigencias del Gobierno central a las cuentas de la Comunitat Valenciana. 

El Ministerio de Economía y Hacienda pedirá más medidas a algunas comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este jueves para evitar las sanciones que incluye la Ley de Estabilidad Presupuestaria y, en último término, la intervención. Este martes Cataluña y Andalucía se afanaron en presentar nuevos recortes multimillonarios para acudir a la cita sin motivos a los que Cristobal Montoro pueda acogerse para hacer efectiva la amenaza legal. 

Pero en la Comunitat Valenciana la situación era distintas. "Ya hemos hecho todo lo que podíamos hacer. No descartamos algún ajuste de última hora, pero el grueso de las decisiones ya están tomadas y aplicadas", señalaron las mismas fuentes.

La posibilidad de que el Gobierno intervenga a la Comunitat Valenciana junto con otras donde no manda el PP, casos de Cataluña o Andalucía, para dar ejemplo era rechazada de plano por las mismas fuentes. "Si nos intervienen a nosotros porque se supone que no podremos rebajar del 3,5% al 1,5% el déficit, ¿que deberían hacer con Castilla La Mancha, donde hay que bajar del 7,5% al 1,5%?", se preguntaban en el entorno del Consell.

UN DÍA CLAVE PARA EL FUTURO DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA  

La reunión del CPFF de este jueves será, por tanto, una de las más imporantes que vivirá el Consell de Alberto Fabra en el poco tiempo que lleva en el poder, y, seguramente, el más decisivo para su futuro. 

De momento, el Gobierno ya ha puesto de manifiesto que algunas comunidades no podrán obtener el visto bueno de Hacienda, por lo que activará todos los mecanismos que incluye la Ley de Estabilidad Presupuestaria, desde la exigencia de nuevos ajustes hasta la intervención.

De hecho, el Departamento que dirige Cristóbal Montoro ya ha encargado a la Abogacía del Estado y a la Intervención General que estudie la posible tutela de las cuentas de Asturias, ante la preocupación de que el Gobierno regional en funciones no pueda alcanzar el objetivo del 1,5% del PIB.

En cualquier caso, las comunidades con más dificultades contarán con quince días para plantear nuevas medidas de ajuste, que serán analizadas en una nueva sesión del CPFF que se celebrará previsiblemente a finales de mayo o principios de junio.

De esta forma, el Gobierno de Mariano Rajoy quiere garantizar el compromiso de las comunidades con la reducción del déficit pactada con Bruselas para enviar así un mensaje de confianza a los mercados, que siguen teniendo dudas sobre la capacidad del país para reducir el déficit público.

Las nuevas medidas se añadirán a las ya planteadas por algunas comunidades, que han reducido sus Presupuestos en unos 8.000 millones. Esta cifra se obtiene de la suma de ajustes a los funcionarios, recortes en educación y sanidad y liquidación del sector público empresarial, así como de ingresos procedentes de nuevos impuestos y tasas.

Sin embargo, no todas las comunidades han hecho públicos sus planes de recorte en 2012, a la espera de aprobar unos presupuestos definitivos; son los casos de Madrid, Castilla-La Mancha, Asturias, Cataluña, Aragón y La Rioja.

En el caso del País Vasco, el Gobierno ejecutó en marzo una retención de crédito cautelar por más de 400 millones en sus presupuestos de 2012, para hacer frente a un eventual empeoramiento de la situación económica.

En números absolutos, los mayores recortes conocidos ya para este año son los de Andalucía (2.700 millones), Comunidad Valenciana (2.260), Canarias (800 millones) o Murcia (623 millones). En términos relativos, también son sustanciales los recortes presupuestarios de Navarra (54 millones), de Baleares (348 millones) o Castilla y León (366).