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VALENCIA (EP). La presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Elena Bastidas, se ha reunido este martes con once de los alcaldes de los municipios a quienes el Gobierno central no les ha aprobado su plan de ajuste y ha acordado con ellos estudiar la problemática de cada caso y reivindicar ante el Ministerio de Hacienda una ampliación del plazo para cumplir los objetivos del déficit, a 20 años.

Así lo ha anunciado tras una reunión con los primeros ediles de los municipios de Albaida, Alboraia, Énova, Senyera, Almoines, L'Alcúdia, Bellús, Llaurí, Silla, Atzeneta de Albaida, en la que todos han expresado su "temor" ante la posibilidad de que se les aplique una disposición adicional de la Ley de Presupuestos en la cual, al no disponer o no aprobarse su plan de ajuste, se les puede aplicar "una reducción, compensación automática del 50% de las transferencias que se realizan a los ayuntamientos como participación en los Tributos del Estado".

De hecho, el consistorio de Silla (Valencia) ya ha recibido una comunicación oficial de que se le va aplicar, ha asegurado Bastidas, quien ha subrayado que hay una "preocupación latente" entre los ayuntamientos que se lleve a cabo esta "intervención indirecta" en sus cuentas, ya que de producirse, ha alertado, provocaría un "serio problema de falta de liquidez que va a hacer imposible, y cuando digo imposible lo quiero poner entrecomillado y en mayúscula, --ha remarcado--, pagar las cuestiones más perentorias, y me estoy refiriendo a pagar nóminas".

Frente a este escenario, la FVMP reclamará al Ministerio de Hacienda que prorrogue el plazo de diez años que ha dado a los municipios para cumplir con los objetivos del déficit hasta los veinte años, y solicitará el apoyo de la Federación Española de Municipios y Provincias en esta reivindicación.

Bastidas, que ha calculado que habrá alrededor de una treintena de municipios de la Comunitat que no han presentado o a los cuales no se les ha aprobado el plan de ajuste, ha precisado que la problemática de cada uno de ellos es diferente y que por tanto necesitarán soluciones distintas.

Por ejemplo, "el Ayuntamiento de Alboraia tiene el nivel de deuda más alta por habitante y su problemática no igual que el de Silla, que ha presentado un plan de ajuste en el pleno de la corporación, que ha sido rechazado por la oposición". "En el caso de Bellús, que no llega a mil habitantes, no dispone de medios técnicos para elaborar un plan de ajuste en condiciones" y se le ha ofrecido la ayuda de la FVMP para diseñarlo.

Así, Bastidas ha defendido que "ante distintas problemáticas deben ponerse encima de la mesa distintas soluciones", tal y como prevé trasladar al Ministerio de Hacienda. Para los ayuntamientos de Alboraia y Albaida, además, la FVMP hará una gestión en paralelo ante la Conselleria de Hacienda para plantear una refinanciación de sus préstamos, una "cuestión absolutamente perentoria" para ellos.

El plazo de la "repesca" para aquellos ayuntamientos que no han aprobado o no han presentado hasta la fecha su plan de ajuste, acaba el próximo 24 de junio y la evaluación será el 5 de julio, ha recordado Bastidas y se ha mostrado "esperanzada" en que las gestiones que realizará la FVMP hasta entonces tengan su resultado y ha garantizado que va a "luchar con uñas y dientes" para aliviar la "situación de mucha angustia y mucho desazón" de estos consistorios.

En cualquier caso, ha lamentado que "a fecha de hoy hay una falta de información notable, de la normativa y lo que es más preocupante, de las consecuencias de la no aprobación de este plan de ajuste" en este segundo período".

Por su parte, la alcaldesa de Senyera, Pilar Alandes, cuyo plan de ajuste no ha tenido el beneplácito del Ministerio, ha insistido en que si le quitan la participación de los Tributos del Estado no podrán hacer frente a las nóminas y "en dos o tres meses no tendríamos liquidez".

En la misma línea, la primera edil de Bellús, Susana Navarro, cuyo plan tampoco ha pasado la primera valoración, ha señalado que cuando entró a gobernar en junio del año pasado, se encontró con una deuda de 422.000 euros, de los que pendiente de cobro hay unos 100.000 euros.

Cerca de "300.000 euros de deuda en un municipio de 385 habitantes es inviable pagarla en diez años, porque no vamos a generar suficiente ahorro para poder atender la deuda. Necesitamos más tiempo porque en nuestro caso no podemos subir más los impuestos porque ya están pagando unos impuestos elevadísimo, lo único que nos queda es pedir más plazo", ha concluido.