VALENCIA. El Consell que lidera Alberto Fabra, desde que llegó al poder, ha puesto en marcha diversas medidas de austeridad para lograr el objetivo del déficit que exige el Gobierno de Mariano Rajoy. No obstante, desde la Generalitat se sigue trabajando de cara al futuro para contener el gasto en todas aquellas partidas que puedan resultar más superfluas en tiempos de acuciante crisis.
En este contexto, el equipo del presidente de la Generalitat está estudiando hacia donde van dirigidas las subvenciones que la Generalitat concede desde las diferentes consellerias y cuáles son susceptibles de desaparecer de cara al próximo ejercicio.
Los presupuestos de 2012 reflejan la existencia de un total de en torno a 4.600 millones de euros dirigidos a subvenciones no nominativas y nominativas. A priori son en estas últimas, que ascienden a cerca de 1.500 millones de euros, donde la Generalitat quiere centrar su revisión para que las diferentes consellerias hagan un esfuerzo y disciernan las que atañen a partidas absolutamente necesarias y las que, en un momento de crisis económica como el actual, pueden suprimirse.
El trabajo es arduo. Revisar una a una las miles de pequeñas subvenciones que se ejecutan desde las distintas áreas de gobierno, la mayoría por pequeños montantes, pero que a la postre suman una cifra total que implican un porcentaje más que reseñable del presupuesto de la Generalitat.
Fuentes del Gobierno valenciano han solicitado informes detallados a los diferentes departamentos sobre las subvenciones concedidas o programadas de cara a este ejercicio. El montante revelado ha puesto en guardia al equipo del presidente, que teme que en los últimos años las partidas se hayan descontrolado hasta alcanzar las exorbitantes cifras citadas anteriormente.
"No se trata de retirar fondos que sean necesarios, la cuestión es revisar una a una las subvenciones para ver a quién y a qué se está destinando el dinero de la Generalitat", explica un alto cargo del Consell.
En este sentido, la información solicitada hasta ahora es una primera piedra para, en el próximo ejercicio, plantear un plan de reducción de este tipo de ayudas que vayan destinadas a partidas superfluas. De momento, las diversas fuentes consultadas no pueden avanzar el ahorro que puede suponer para las arcas de la administración autonómica hasta que no se aborde la revisión pormenorizada.
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