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Nueve meses después de que Enrique Verdeguer anunciase en agosto la presentación del plan de reestructuración del sector público empresarial, apenas se han producido avances significativos en su desarrollo. Las miradas apuntan en una dirección...
VALENCIA. "Fíjate como estará la cosa de candente que hasta el vicepresidente José Ciscar, sin tener papeles en la mano, tuvo el otro día que lanzar a la palestra una cifra de reducción de emprtesas para marcar el camino a los realizadores del plan...". Asi hablaba un alto cargo de la Generalitat ante ValenciaPlaza.com comentando la inquietud creciente que se vive en áreas de la Generalitat cercanas a Presidencia por el retraso ostensible en la realización y aprobación de los planes de reestructuración del sector público empresarial.
La preocupación está motivada por la delicada situación económica y financiera de la Administración autonómica, candidata firme a ser intervenida por el Estado dada su manifiesta insolvencia financiera y la lentitud con la que se están afrontando determinadas reformas, entre los que se cuenta el sector público empresarial y el propio ente de Radio Televisión Valenciana.
No es para menos. Si bien los consellers de Hacienda y Economía, José Manuel Vela y Máximo Buch respectvamente viajan regularmente a coordinar sus políticas de ajuste con los diferentes departam
entos ministeriales, en Madrid no acaban de tener todos los datos en la mano de lo que "está ocurriendo" en Valencia en otros terrenos y de las causas por las que no se están ejecutando los planes con mayor celeridad.
Oficiosamente, el motivo de los retrasos es la pesada carga burocrática y reglamentaria que tales reformas representan, especialmente en el sector público empresarial, de las que se lleva haciendo cargo incluso desde la legislatura anterior el actual secretario autonómico del Sector Público Empresarial, Bruno Broseta. Éste, en contacto permanente con la Abogacía de la Generalitat, hasta hace pocas fechas representada en esa conselleria por Isabel Villalonga (ahora en la Delegación del Gobierno con Paula Sánchez de León), lleva más de un año itentado desatascar un complejo entramado de empresas y organismos públicos que tardó lustros en construirse.
Sin embargo, otras fuentes "menos comprensivas" tildan de "excusa" el argumento de la lentitud burocrática de todo el proceso y se preguntan si es solo eso lo que está motivando los retrasos o existen motivos de otra índole que explicarían un retraso rayano en lo inaceptable e incluso peligroso en situaciones de urgencia como las que está viviendo la Genralitat Valenciana. Y aquí las versiones oscilan entre las que van desde la denominada teoría de la conspiración, por la cual sectores políticos no concordantes con el actual equipo estarían haciendo la cama a la gestión de Alberto Fabra deteniendo en lo posible sus planes de reforma administrativa, hasta los que opinan que se trata unicamente de una cuestión de insuficiente solvencia profesional para sacar adelante un proyecto de recortes de tamaña envergadura que exige grandes dosis de determinación y dedicación.
Sea como fuera, lo cierto es que el plan no está hecho, ni se le espera a corto plazo. Se echa el verano encima, la intervención se halla a la vuelta de la esquina y aquí nadie dice nada. Una situación ciertamente delicada para la alta dirección de la Generalitat, que puede ser tachada de inoperante desde el Gobierno de Madrid. Y Madrid anda buscando un mochuelo al que hacerle cargar con el palo ejemplarizante de una intervención 'manu militari' en la gestiòn autonómica.
Parece que los submarinos les están haciendo el "Papandreu" a Fabra...
En el entramado público valenciano hay muchos "colocados" del PPCV, y hacer una reestructuración de este tipo se convierte en un encaje de bolillos en el que se trata de minimizar los daños a amigos y familiares. Supongo que las llamadas telefónicas para "salvar" a conocidos se sucederán continuamente. Y es que el PPCV es una gran familia que ha ocupado en usufructo la Generalitat Valenciana y la dirige cual si de cortijo se tratara. Lo mejor que puede hacer el Sr. Rajoy es intervenir la Comunidad Valenciana antes de que la bola de nieve alcance un tamaño descomunal, lo que por otra parte parece claro que ya ha pasado. La privatización de la sanidad creo que no es más que una improvisación para hacer creer a Madrid que se va a recortar el déficit, y así evitar la intervención. Por otra parte, no veo nada claro el negocio que puede suponer tener que recibir pagos periódicos de la Conselleria de Sanidad para hacer funcionar hospitales, cuando esta Conselleria no se distingue por la prontitud con la que paga ni por su generosidad. Los gestores privados tendrán que recortar probablemente servicios si quieren obtener algún beneficio.
En línea con el comentario anterior, y con la teoría conspirativa, me llama la atención que se opte por la vía laboral de los ERE, que conlleva una carga añadida para los presupuestos públicos. Existe otra vía, que es la administrativa, y después en sede judicial la contencioso-administrativa, que supondría un gran ahorro, si no el “gratis-total” para las Administraciones. La revisión de oficio de los actos nulos de pleno Derecho, y en algunos caso, la declaración de lesividad. Todo el acceso al empleo del sector público (funcionarios, pero también contratados laborales; tanto Administraciones, como personas jurídicas privadas controladas por el sector público) está sometido a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Es decir cualquier empleado público ha de haber accedido a su puesto de trabajo mediante un procedimiento que asegure que otros candidatos han tenido los mismos derechos, y que se ha seleccionado entre los aptos, a los mejores. Todos sabemos que el sector público valenciano “empresarial” (sociedades “mercantiles”, fundaciones, y demás personas jurídicas instrumentales), en la denominada “huida del derecho administrativo”, ha contratado la mayoría de su personal eludiendo conscientemente esos principios constitucionales. Esto provoca la nulidad de pleno derecho de esos contratos laborables, por lo que sólo excepcionalmente habría que indemnizar a personas que no tiene derecho a ocupar ese puesto de trabajo. ¿Por qué no se utiliza esta vía de la revisión de oficio de los actos administrativos nulos? ¿es que siempre hay que seguir protegiendo a los amigos? ¿es que se piensa que eso significaría reconocer miles de irregularidades y, probablemente delitos, cometidos durante decenios, sin que casi nadie hiciera nada?
Lo que ocurre son dos cosas. a) que no hay un duro para los ERE. y b) que Broseta, don Bruno no se distingue por su capacidad de trabajo. Lo suyo es otra coas, la familia y demás. Y Buch no se entera. Verdeguer lo vió y se las piró. Y a BUch la vanidad le hará quedarse. Pero el que se quedará es Broseta y sus amigos (los de siempre vamos) tan trabajadores como siempre. Sólo que ahora se nota
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