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VALENCIA. "A diferencia de lo que se intenta trasladar desde el Gobierno de España, las comunidades autónomas no son las principales responsables de los problemas de déficit y endeudamiento del sector público español". Para el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, el principal responsable de la situación que atraviesa la Generalitat es, en muchos aspectos, el Gobierno central.
El empresario avala esta afirmación con las conclusiones del informe 'La financiación pública de la Comunitat Valenciana y sus consecuencias económicas', elaborado para AVE por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) bajo la dirección de Francisco Pérez, y con la participación de José Antonio Pérez, Vicent Cucarella y Rafael Beneyto.
La deuda pública española ha crecido desde 2007 en 29 puntos sobre el Producto Interior Bruto (PIB), pero el 79% del aumento corresponde a la Administración central, frente al 19,5% de las comunidades autónomas.
Además, el déficit autonómico se ha disparado con la llegada de la crisis por el desplome de los ingresos y está pendiente su corrección por parte del Estado. Si bien los ingresos eran deficitarios desde hace años, los cáclulos del informe indican que desde 2008 no pueden cubrir ni los gastos específicos de educación y sanidad.
LAS INVERSIONES, EL BLANCO DEL AJUSTE
La Comunitat Valenciana suma una deuda del 21,5% sobre PIB, sólo superada por Cataluña; mientras que el gasto per cápita es un 22% inferior a la media española. Sin embargo, el coste de la educación es un 2% inferior al conjunto de las regiones y el de la sanidad, un 5%.
Son el resto de actividades las que padecen el mayor desequilibrio, con un gasto un 45% inferior al del resto de autonomías. En este apartado están la inversiones en infraestructuras y las que se realizan para incentivar la economía productiva.
El motivo que explica esta situación, según el IVIE, es la deficiente financiación autonómica, "un problema que se alarga desde hace 20 años", según Boluda. Concretamente, los fondos recibidos del Estado en la Comunitat están un 9% por debajo de la media, mientras que los ingresos son inferiores en un 20%.
Esta situación ha tenido un efecto directo en la economía valenciana por la reducción de la carga de trabajo de la actividad de las empresas que ofrecen servicios al sector público y plantea problemas financieros a muchas de ellas desde hace años. Igualmente, limita la colaboración público-privada, al ser más escasos los recursos públicos para financiarlas.
La situación también reduce los recursos públicos para el fomento del desarrollo de la Comunitat, especialmente por su efecto sobre las infraestructuras, los recursos para I+D+i o en el apoyo a la internacionalización.
UN NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN
Para romper este círculo vicioso en el que puede precipitarse la Comunitat, el informe del IVIE plantea recuperar la viabilidad financieras de la Generalitat, corregir la insuficiencia de recursos por habitante y corregir el patrón de gasto del Estado en el territorio valenciano.
Para conseguirlo, se propone establecer un nuevo modelo de financiación autonómica con un requisito mínimo: en cualquier territorio con la renta per cápita inferior a la media y un esfuerzo fiscal igual o superior a la media (como es el caso de la Comunitat Valenciana), la financiación por habitante ha de ser "necesariamente" superior a la media.
De hecho, si la Comunitat hubiera recibido lo que la media de las autonomías españolas desde 2002, seguiría teneindo deuda, pero esta sería de la mitad, al caer en 7.781 millones de euros.
UNA NUEVA ESTRUCTURA DEL SECTOR PÚBLICO
Para reducir gasto se ha de reestructurar el sector público valenciano, sin perder capacidad en la prestación de servicios públicos. Proponen reducir al mínimo el sector público empresarial y las fundaciones, siguiendo criterios de "eficiencia, transparencia y viabilidad financiera".
También propone abrir el debate sobre la fiscalidad en las comunidades autónomas y sobre la financiación privada directa de algunos servicios prestados por el sector público. Por este último motivo, Boluda ha considerado acertada la propuesta aprobada en el pleno del Consell del pasado viernes para abrir a la gestión privada los hospitales públicos de la Comunitat.
Del mismo modo, el ajuste de gastos en servicios públicos fundamentales debe hacerse abordando mejoras de eficiencia, sin poner en peligro los actuales niveles de prestación de los servicios educativos y sanitarios "que no son mayores que en el resto del territorio español".
VALENCIANOS, CIUDADANOS DE SEGUNDA
Para sacar delante estas propuestas AVE propone una acción parlamentaria coordinada y conjunta de los partidos políticos valencianos en el Congreso de los diputados y en el Senado y una relación de colaboración "fluida pero exigente" del Gobierno autonómico con el central. Esta estrategia debe venir apoyada por actuaciones decididas de la sociedad civil valenciana y de sus representantes en diferentes ámbitos.
De no producirse esta revisión del sistema de financiación, corregir el desequilibrio financiero exclusivamente por medio de ajustes de gasto significará asumir unos bajos niveles de prestación de servicios y de inversión públicos y convertir a los valencianos en ciudadanos "de segunda".
En opinión de los empresarios de AVE, se debe prestar atención inmediata a los problemas financieros de la Comunitat, pero no se debe dejar de atacar las raíces del problemas, generadas por la deficiente financiación.
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