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VALENCIA. "No queremos hacer lo que hacen otros de manera malsana". Así zanjaba el secretario general de UGT-PV, Conrado Hernández, la opción de hacer causa común con las patronales en la exigencia a la Generalitat de los cursos y campañas pendientes de cobro desde 2010.

Se calcula que la Generalitat ha desviado a otros fines unos 100 millones de euros remitidos por el Gobierno del Estado para el pago de las actividades formativas que los sindicatos y patronal llevan desarrollando por encomienda de la Administración. Estas organizaciones han pagado por adelantado con sus fondos o por medio de préstamos el coste de estas actividades y, tras más de dos años, han llegado a una situación económicamente desesperada.

Después de que el presidente de la patronal autonómica Cierval, José Vicente González, exigiera públicamente al Gobierno autonómico el pago a su organización de más de 25 millones de euros pendientes "o se podrán en riesgo la supervivencia del actual sistema de representación" el resto de patronales y también los sindicatos han reconocido que se encuentra en la misma situación, aunque la denuncien de forma distinta.

ESTRATEGIAS CONTRAPUESTAS

Compartir el mal no quiere decir compartir el remedio. Así como la patronal ha preferido airear esta situación, los sindicatos reconocen que padecen el mismo problema pero optan por una actitud más discreta. "El Consell debe plantear un plan de pagos para saldar lo que nos debe, pero no queremos plantear esta situación como un arma arrojadiza contra nadie", señala Hernández.

La misma actitud se manifiesta desde el otro sindicato mayoritario. "No es cuestión de hacer causa común con los empresarios, sino de reclamar lo que nos corresponde tanto a ellos como a nosotros", matiza Paco Molina, secretario general de CC OO-PV. En todo caso, tanto unos como otros han tenido que ajustar sus gastos y recortar sus plantillas para mantener los servicios, cumplir con los bancos y encajar las bajadas en las cuotas de los afiliados por efectos del desempleo y el cierre de empresas.

En el caso de las patronales los recortes han sido de entre un 10% y un 20% del personal, mientras que en UGT-PV está en ejecución un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) temporal sobre el 100% de la plantilla y en CCOO-PV llevan un par de año con despidos puntuales en determinados departamentos y una "profunda política de austeridad", según fuentes próximas a la organización.

CUESTIÓN DIALÉCTICA

"Si nos pusiéramos codo con codo con los empresarios para demandar dinero público, la extrema derecha mediática nos iba a destrozar", asegura un dirigente sindical. En medio de lo que consideran una campaña mediática en contra del actual sistema de representación de los trabajadores, resultaría muy negativo lanzar un mensaje incoherente con la actuación que están manteniendo.

Además, defender los intereses de las organizaciones en lugar de concentrar sus esfuerzos en la reivindicación de los derechos de sus representados es mejor entendido entre los empresario que entre los trabajadores. La postura de cada una de las partes está muy meditada, según distintos expertos en negociación.

Por una parte, los empresarios que han trabajado con la Administración saben lo que significa que no les paguen y empatizan con el patrono que denuncia la misma situación en su organización. 

Por otra, los problemas de impago al sindicato son problemas de "la empresa", término habitual para referirse a la dirección dentro de las formaciones, y no se comprendería la ruptura de la "dialéctica de conflicto" generada por los ajustes laborales y la actitud de unos y otros en el actual escenario laboral para ponerse juntos "detrás de esta pancarta".