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El Consell y las empresas sanitarias pactarán de forma previa las condiciones de la privatización

JOAQUIM CLEMENTE. 01/05/2012 El Consell recurrirá a la opción que le ofece la Ley de Contratos del Sector Público para elaborar el pliego mediante un singular y exclusivo procedimiento denominado "diálogo competitivo"
Vista exterior de La Fe tomada desde su interior

VALENCIA. El Consell se acogerá a una fórmula de contratación poco común para privatizar la gestión de la sanidad pública valenciana. Tal y como adelantó el vicepresidente de la Generalitat, José Císcar, el viernes pasado cuando anunció el plan, la adjudicación de los contratos se realizará mediante concurrencia competitiva.

Esta vía implica que la Generalitat se reunirá con caracter previo con las principales empresas interesadas en la privatización para obtener información sobre en qué condiciones asumirían la gestión de la sanidad valenciana. Con esos datos, el Consell elaborará el pliego de condiciones de la externalización de la gestión. Las mismas empresas que participen en la fase previa podrán optar después a la privatización.

La Ley de Contratos del Sector Público contempla en el artículo 11 la posibilidad de celebrar "contratos de colaboración con el sector privado (...) cuando previamente se haya puesto de manifiesto que otras fórmulas alternativas de contratación no permiten la satisfacción de las finalidades públicas". El Consell entiende, según las fuentes consultadas por este periódico, que la complejidad de un proceso sin precedentes impide elaborar directamente un pliego de condiciones sin contar antes con la opinión de los interesados sobre detalles como el precio, las prestaciones que se incluyen o incluso qué inversiones están dispuestos a asumir.

Fuentes empresariales consultadas por ValenciaPlaza.com reconocen que esta fórmula de contratación supone de hecho "la elaboración de un pliego a la carta para los interesados". La intención de la Generalitat es llamar "a todas las empresas del sector sanitario que operan en España" para la fase previa. Aunque las condiciones finales del concurso las fijará la Conselleria de Sanidad, lo cierto es que esas negociaciones anteriores a la propia adjudicación serán las empresas privadas las que irán acotando sus condiciones y, por tanto, definiendo el futuro modelo de gestión sanitaria en la Comunitat Valenciana.

La voluntad del Consell se centra en lograr un ahorro de entorno al 15% respecto al coste actual de la sanidad pública y garantizar la gratuidad y calidad del servicio. El resto está abierto a la negociación con las empresas privadas.

En el sector sanitario se da por hecho que la Conselleria de Sanidad invitará a las empresas que ya prestan servicios externalizados, pero también a los principales operadores de la sanidad privada. La lista 'oficiosa' que ya circula incluye desde Ribera Salud, a su principal competidor (y posible futuro socio) Capio, pero también a las grandes aseguradoras, Asisa, DKV, Adeslas o Sanitas, o a empresas de hospitales privados como Quirón y USP (que ultiman su fusión), entre otras. También suenan algunos fondos de inversión, como Atitlán (gestionado por Roberto Centeno, yerno de Juan Roig), aunque la intención del Consell es limitar la invitación a empresas con experiencia en el sector sanitario.

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1 comentario

Rafael Soriano escribió
01/05/2012 22:39

Primero toman medidas y luego miran a ver cómo pueden llevarlas adelante. La Generalitat se da cuenta DESPUES que no cuenta con elementos de referencia ni conocimiento suficiente para sacar en condiciones los concursos para la privatización de la gestión sanitaria... Es el sino de la Colaboración Público Privada para las Administraciones: Es la fórmula "elegida" porque no se pone un euro y no incrementa la deuda a corto... Pero al final hay que pagar y la improvisación y el desconocimiento de los procedimientos harán que nuestros hijos lo paguen con creces. Este es el "destino" de las políticas de privatización del PP: Caer en manos del sector privado, no ya por los intereses (que podría haberlos) sino porque no se aseguran que el sector público tenga posibilidad de mantener la sartén por el mango.

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