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VALENCIA. Pasar página o cerrar el libro. La Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de la Comunitat Valencia celebra la junta más trascendental desde su creación hace 30 años. Con unas pérdidas de 55 millones de euros y a un paso de la disolución, los 37 miembros de su consejo de administración presenta este mediodía su dimisión para dar paso a un nuevo órgano de gobierno formado por la mitad de miembros.
Una vez constituidos con un equipo ampliamente renovado y la única supervivencia de un puñado de los consejeros, la Generalitat pasará a ser el accionista mayoritario con un 40% del accionariado y la inyección de 60 millones de de euros, procedentes de créditos bancarios en un 75%.
El Banco de España exigió esta profunda reestructuración tras su última inspección a finales de 2011 y la Administración valenciana decidió tomar cartas en el asunto y coordinar con las principales entidades financieras accionistas (Bankia y Sabadell) una operación que va a significar el reseteo de la organización.
RENOVACIÓN INTEGRAL DE CARGOS
La elección del nuevo presidente y del director general se han estado negociando hasta el último momento y han preferido anteponer la experiencia financiera, pese a seguir lastradas por la necesidad del equilibrio de poder territorial y político. El nuevo presidente debe ser de Castellón, empresario y conocedor del negocio bancario, aseguran fuentes conocedoras de le negociación.
Tras la renuncia de Carlos Cabrera, empresario patrono en CEC y Cierval y ex trabajador de BBVA, las opciones para elegir al sucesor de José Roca se han visto muy reducidas, abriéndose a candidatos ajenos al actual consejo de la SGR. "Lo importante es que la entidad salga adelante", reconocía a Valencia Plaza el actual presidente, José Roca, visiblemente afectado por el desenlace de su mandato tras casi 20 en el cargo.
Para suceder al actual director general, Juan Manuel García Puchol, se ha optado por un hombre vinculado a Bankia, entidad con cuyo vicepresidente, Francesc Pons, y su consejero delegado, Francisco Verdú, se ha estado tratando la posibilidad de que elevara su participación en el accionariado hasta igualarse al de la Generalitat, 57 millones de euros tras la ampliación de capital prevista para hoy.
UN COSTOSO RESCATE
La entrada de la Generalitat con pleno mando en plaza se prevé acompañada de la participación del conseller de Economía, Máximo Buch, en este consejo si todas las expectativas de captación de fondos públicos se cumplen.
La negociación de los créditos necesarios para sumar 45 millones de euros que inyectar en el capital social ha sido complejas y costosas. Con la situación actual de la Generalitat, fuentes del sector aseguran que podrían haberse conseguido con uno interés por encima del 8%.
De este modo, la Administración autonómica pasará a contar con el 40% del capital (57 millones de euros), mientras que las entidades de crédito bajaría su porcentaje al 4% y el resto de protectores al 1%, por efecto de la ampliación de capital.
Así, el capital protector pasa a representar un 45% del total, en la media del resto de las sociedades de garantía recíprocas españolas. Como efecto de estos cambios, el coeficiente de solvencia de la entidad alcanzaría el 10%, superando el límite legal del 8%.
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