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VALENCIA (EP). Los servicios jurídicos de las Corts Valencianes han determinado, en relación a la negativa del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, así como de otros cargos de la entidad y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a comparecer en la comisión de investigación sobre la intervención de la CAM en el Parlamento valenciano, que quienes no atiendan a los requerimientos de las comisiones de investigación se enfrentan a la sanción prevista en el artículo 502 del Código Penal por un delito de desobediencia. 

Ordóñez, el exsubgobernador del Banco de España José Viñals, el director general de Supervisión, Jerónimo Martínez, y los responsables del departamento de Inspección Pedro González y Ángel Rico Cantos, así como el director general del FROB, Mariano Herrera y el exdirector de este organismo, Julián Atienza, estaban citados a comparecer a partir del próximo 2 de mayo en la comisión de investigación de la CAM en las Corts.

Sin embargo, remitieron una carta a la Presidencia de las Corts advirtiendo de que no iban a comparecer ni a facilitar los datos, documentación e información sobre la intervención de la entidad de crédito. Entre sus argumentos señalaron que el Banco de España es una entidad estatal y que su actuación está sujeta al control político de las Cortes Generales y que la información que tienen que ver con la supervisión de este banco es de carácter reservado. Por ello, la comisión solicitó dicho informe a los servicios jurídicos de la Cámara.

En las conclusiones de este informe, que tiene su origen en el escrito del gobernador del Banco de España, se indica que el ejercicio de control de las Corts puede hacer necesario recabar documentación y personal de administraciones distintas a la valenciana. Así, señala que el ordenamiento jurídico español establece que "quienes no atiendan los requerimientos de las comisiones de investigación" pueden ser objeto, tras el pertinente proceso, de la sanción prevista en el artículo 502 del Código Penal, que prevé sanciones por delitos de desobediencia.

De hecho, el informe insiste en que en el Código Penal "no existe delimitación de personas que por su condición de cargo público no queden al margen de su aplicación, siempre que ese llamamiento se realice en forma legal y bajo apercibimiento".

Asimismo, asegura el texto que las comisiones de investigación "pueden requerir documentación de las administraciones del Estado o Local" y que la colaboración entre los diferentes componentes del Estado son "principios esenciales" establecidos por la Constitución.

En cuanto al requerimiento de personal que no pertenece a la Generalitat, el informe indica también que las comisiones de investigación pueden estimar necesaria la información de cargos públicos o funcionarios ajenos a la Generalitat, "cuyo requerimiento se enmarca dentro de la necesaria cooperación en un estado compuesto".

NUEVA PETICIÓN DE COMPARECENCIA

Previamente a la reunión de la comisión el próximo 2 de mayo, la Mesa de dicha comisión acordará volver a solicitar la comparecencia de Ordóñez y los otros cargos de la entidad y del FROB; incluso se les remitirá el informe de las Corts para evitar que se encuentren en una situación de "indefensión", según han informado fuentes parlamentarias.

Dichas fuentes han explicado que en caso de persistir la negativa a comparecer por parte de estas personas, se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal esta situación para que actúe como estime oportuno.