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La UE avanza en la aprobación de los reglamentos de cohesión

25/04/2012 Incluen la propuesta que vincula la concesión de fondos al cumplimiento previo de ciertas condiciones y la posibilidad de suspender los pagos

BRUSELAS (EFECOM). La UE ha adoptado hoy una posición general respecto de algunos aspectos de los reglamentos que guiarán la política de cohesión entre 2014 y 2020, incluida la propuesta que vincula la concesión de fondos al cumplimiento previo de ciertas condiciones y la posibilidad de suspender los pagos. 

El comisario europeo para la programación financiera y el presupuesto, Janusz Lewandowski, sostuvo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de Asuntos Europeos que se celebró en Luxemburgo que la UE debe disponer de una "caja de herramientas universal para influir en las reformas estructurales que realmente hacen falta en los Estados miembros".

El comisario europeo de Política Regional, Johannes Hahn, dijo que reformar la política de cohesión en la UE es necesario "para garantizar el crecimiento y como consecuencia generar empleo".

El acuerdo parcial sobre la política de cohesión incluye normas de programación comunes para los cinco fondos: el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo de Cohesión (FC), el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP) y cada uno de ellos debe especificar cómo contribuye a los objetivos de la Estrategia Europa 2020 para el crecimiento y el empleo.

La cuestión de si el vínculo entre la estrategia de la UE para el crecimiento y el empleo por un lado y la política de cohesión por otro debe ser garantizado a través de las recomendaciones específicas por país o los programas nacionales de reforma se ha dejado abierta y se retomará en junio.

Los ministros también han acordado una posición general sobre la gestión y el control de los fondos desembolsados, la supervisión y la evaluación de la implementación de los programas de cohesión y sobre la admisibilidad de gastos, de manera que la financiación de proyectos ya completados, que es posible bajo las normas actuales, ya no será posible.

En cuanto a los proyectos importantes que se financian con la política de cohesión de la UE, los ministros han acordado hacer revisiones de calidad previas o en una fase muy temprana por parte de expertos independientes, porque se consideran más efectivas que autorizaciones posteriores por parte de la Comisión Europea.

Estos aspectos han sido acordados en base a un texto de compromiso presentado por la Presidencia danesa de turno y que flexibiliza la definición de las condiciones previas que deben cumplir los países antes de recibir fondos y también cómo se mide el cumplimiento de cara a una suspensión de fondos y cuándo se aplica, haciendo esta medida menos automática de lo que quería la Comisión.

En octubre pasado, la Comisión Europea propuso suspender las ayudas regionales a los países con procedimientos abiertos por déficit excesivo si no corrigen su situación.

Las suspensiones aplicarían para los cinco fondos y ya no solo para el FC.

En este sentido, siete de los contribuyentes netos al presupuesto comunitario -Austria, Alemania, Finlandia, Francia, Italia, Holanda y Suecia- defendieron hoy la suspensión de ayudas si los países no corrigen sus déficit o desequilibrios excesivos, y abogaron por vincular las recomendaciones por país a los fondos estructurales.

Por otra parte, 13 otros países, entre ellos Portugal, Bulgaria, Estonia, Malta, Eslovenia, Letonia y Hungría, afirmaron que las suspensiones deberían solo aplicarse a compromisos futuros y no a pagos, después de una decisión del Consejo sobre una violación de la gobernanza económica y estar sujeto a un tope.

El ministro danés de Asuntos Europeos Nicolai Wammen, dijo al respecto que aún no hay acuerdo sobre esta iniciativa.

La Comisión también ha propuesto la creación de las regiones en transición, cuyo PIB pero cápita esté entre el 75 % y el 90 % de la media de la UE, pero los Estados miembros siguen sin ponerse de acuerdo sobre esa nueva categoría.

Por su parte, algunos países defendieron una tasa de cofinanciación del 85 % para las regiones menos desarrolladas, mientras que otros abogaron por reducir el nivel.

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