Comparte esta noticia

• Tweet
• meneame

Otras noticias

• Los ministros de Economía aplazan hasta 2017 la puesta en marcha de la 'Tasa Tobin'
• El G20 esperanzado, aunque reconoce que las expectativas de crecimiento no se están cumpliendo
• Alexis Tsipras dimite y convoca elecciones anticipadas en Grecia

MADRID (EFECOM). Repsol tomará medidas legales contra cualquier compañía que intente invertir en la nacionalizada YPF o subsidiariamente en sus activos, confirmaron fuentes de Repsol.

La noticia, que fue adelantada por Financial Times, sostiene que el grupo petrolero español ya ha preparado a sus abogados para actuar en contra de una posible entrada de inversores en el capital de YPF.

Este anuncio se produce mientras los gestores de la petrolera argentina inician una ronda de reuniones con directivos de compañías nacionales y extranjeras en busca de acuerdos que permitan aumentar la producción de hidrocarburos, según fuentes oficiales.

La ronda comenzará con reuniones con ejecutivos de la argentina Medanito y las estadounidenses Conoco Phillips y Chevron, apunta una nota de los interventores de YPF publicada en la web del Gobierno argentino.

En este sentido, está previsto que mañana se celebre una reunión con la estadounidense Exxon, mientras que para los próximos días se espera una cita con los responsables de la compañía canadiense Talismán.

El proceso de intervención de YPF está en manos del ministro argentino de Planificación, Julio de Vido, quien el viernes se reunió en Brasilia con su colega brasileño de Minas y Energía, Edison Lobao; con la presidenta de Petrobras, María das Graças Foster, y después fue recibido por el canciller de Brasil, Antonio Patriota.

Asimismo, De Vido mantuvo un encuentro con el vicepresidente de Exploración y Explotación de las Américas de la francesa Total, con quien acordó negociar la ampliación en dos millones de metros cúbicos diarios la producción de gas en dos yacimientos, en los que ambas compañías están asociadas.

El Senado argentino debatirá este miércoles un proyecto de ley gubernamental que dispone la expropiación del 51 % de las acciones Clase D en manos de Repsol, así como del capital mayoritario que la española tiene en YPF Gas, la mayor distribuidora minorista de gas licuado de petróleo en bombonas.