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VALENCIA. El pleno del Consell aprobará el próximo viernes el plan de viabilidad de la Generalitat, un plan de recortes para ajustarse ya no solo a los objetivos de déficit sino a la exigencia del Gobierno de demostrar que la Comunitat Valenciana es capaz de pagar sus cuentas a partir de ahora. Unos recortes que se concentran fundamentalmente en el gasto farmacéutico y sanitario y en educación, a la estela de las esperadas -y deseadas- directrices que aprobó el Consejo de Ministros el pasado viernes, y en el gasto en personal, con el polémico -pero decidido pese al referendum convocado por los sindicatos- tijeretazo a los funcionarios y personal dependiente de la Generalitat.

Pese a que el Consell insiste en que tiene buena parte del trabajo hecho con las medidas de contención del gasto que ha ido anunciando en los últimos meses, lo cierto es que en apenas una semana el Gobierno autonómico deberá preparar un nuevo plan de choque contra el gasto público que se sume al que ya anunció el presidente Alberto Fabra a primeros de año con el que se prtendía un ahorro de algo más de 1.000 millones de euros sobre un presupuesto de 14.000 millones.

Un ahorro un tanto difuso, puesto que de las medidas anunciadas, sólo 258 millones se podían contabilizar de forma efectiva, puesto  estaban vinculadas a recortes salariales y de complementos de los empleados públicos. El resto, 121,3 millones en la reestructuración del sector público empresarial y 440 millones en iniciativas de contención del gasto sanitario, no tenían un traslado inmediato y dependían de decisiones -centralización de compras, por ejemplo- que tardarán en ponerse en marcha de forma efectiva. Es decir, el ahorro al completo solo llegará cuando estén completados esos procesos, mientras que la Generalitat debe dejar de gastar ya.

Una muestra de que esas previsiones fueron demasiado optimistas está en la reestructuración de las empresas y fundaciones públicas. Los meses pasan y apenas ha habido movimientos: se han cerrado media docena de fundaciones y en las empresas públicas solo hay avances concretos en el IVVSA (con un ERE y la intención de vender activos) o en Ciegsa, con  el anuncio de su liquidación. Dentro de la propia Administración autonómica han surgido voces que lamentan el retraso de un proceso que depende de la Consellería de Economía, dirigida por Máximo Buch. De hecho, el desmantelamiento del IVVSA ha sido impulsado por la consellera de Territorio, Isabel Bonig, sin esperar al plan que prepara la consultora Deloitte.

FIN DEL MÉTODO DE GUARDAR FACTURAS EN EL CAJÓN

Pero incluso contando con que ese ahorro se compute tal cual, con la decisión del Consell de presentar al plan de pago a proveedores del Gobierno facturas por 4.069 millones de euros tiene consecuencias. Aún evitando que las facturas extrapresupuestarias de años anteriores no computen como déficit para este año, hay al menos varios centenres de millones de euros que sí corresponden a este ejercicio y que habrá que incluir en las cuentas de la Generalitat.

Además, la nueva norma del control del déficit impide a las administraciones seguir utilizando esta práctica (guardar facturas en el cajón para cuyos gastos no había dinero en el presupuesto) que era norma habitual en Sanidad. En el último ejercicio se contabilizaron más de 600 millones gastados y no pagados con ese sistema que ahora tienenque aflorar.

El vicepresidente del Consell, José Císcar, en la rueda de prensa del pasado viernes no cuantificó el importe que deberá recortarse ahora. Pero lo que sí se sabe es que la Generalitat no debe superar -como el resto de autonomías- un déficit del 1,5%. Dado que el presupuesto aprobado ya rozaba esa cifra, unos 1.300 millones de pérdidas esperadas,, cabe que esperar que el importe de los nuevos recortes sean por varios cientos de millones, en consonancia con los nuevos apuntes de gasto vinculados al plan de pagos.

Y en este caso la veda abierta por el Gobierno para entrar en territorios tan delicados como la sanidad o la educación, llevarán al Consell a incorporar los recortes en la financiaciónde las medicinas y en las matrículas universitarias. En este último caso, el Consejo de Ministros dejó un margen de entre a las autonomías sobre el incremento de la matrícula. La Generalitat prevé situarlas en el margen más alto, el 25%.

Estos recortes sí tienen un traslado real al ahorro inmediato en el momento en que se aprueben, frente a cálculos más o menos optimistas de las medidas de racionalización del gasto. Es lo mismo que ocurre con los funcionarios: cortar complementos o reducir horas o eventuales tiene un efecto inmediato. El Gobierno no autorizaría un plan de ajuste que se basara en ahorros estimados.

"Se trata de una nueva Administración", dijo el viernes Císcar para referirse a la nueva política de control férreo del gasto para acercarlo a los ingresos. Un proceso en el que el que, como se temía desde diversos sectores sociales, afectará a los puntales del estado del bienestar. Al fin y al cabo son los de mayor gasto de la Generalitat. Solo cabe esperar que los sacrificios que se reclaman a los ciudadanos se aplique de forma rápida a otras áreas de la Administración autonómica donde, como el entramado de empresas públicas y fundaciones, "la dificultad del proceso" que se argumenta para justificar el retraso empieza a perder credibilidad.

En los círculos polìticos de la capital vlenciana, dentro y fuera del PP, se preguntan si la próxima celebración del congreso del Partido Popular, que refrendará a Alberto Fabra como líder indiscutido de la organización, está retrasando unas acciones de Gobierno que, como el ERE de RTVV, crearán no pocos conflictos internos entre miembros del propio partido. De ser así, se trataría un nuevo retraso en los planes de ajuste motivado por intereses de partido que se sumaría a los retrasos acumulados por las elecciones gnerales y las elecciones andaluzas.