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VALENCIA (EFECOM). La primera reunión de la comisión de investigación de Les Corts Valencianae sobre la intervención de la CAM por parte del Banco de España, que debía reunirse el próximo lunes, se ha cancelado después de que todos los comparecientes citados excusaran su asistencia.

La presidencia de la cámara ha recibido varios escritos de directivos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y del Banco de España, entre ellos de su gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, rechazando acudir a esta comisión por considerar que únicamente les corresponde responder ante las Cortes Generales.

La comisión del lunes debía contar con la asistencia del director general del FROB, Mariano Herrera García-Canturri, y de su antecesor en el cargo, Julián Atienza, que han rechazado acudir argumentando que la fiscalización de este organismo se hace a través de la comisión de Economía y Hacienda del Congreso.

Los administradores provisionales del FROB en la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) José Antonio Iturriaga Miñón y Tomás González, que completaban la primera ronda de comparecencias, también han excusado su presencia en esta comisión donde debían someterse a las preguntas de los distintos grupos parlamentarios.

Estas ausencias han llevado a cancelar la primera reunión de esta comisión, que se producirá finalmente el 2 de mayo, con un orden del día en el que sólo queda viva la comparecencia del administrador provisional del FROB en la CAM Benicio Herranz, después de que el gobernador del Banco de España, el subgobernador y el exsubgobernador de este organismo rechazaran acudir.

Los grupos parlamentarios están pendientes de obtener un informe que han solicitado a los servicios jurídicos de la cámara para decidir si recurren ante la Fiscalía la negativa de Fernández Ordóñez de comparecer ante la comisión de investigación.

En su escrito, Fernández Ordóñez argumentaba que los datos relacionados con la supervisión de entidades de crédito tienen "carácter reservado" y explicaba que el Banco de España es un organismo estatal y, por ello, su actuación está sujeta al control político de las Cortes Generales.