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VALENCIA. El más de medio millón de facturas remitido por la Generalitat al Ministerio de Hacienda para incorporarse al plan ‘Montoro' de pago a proveedores beneficiará a 10.050 corporaciones, pymes y autónomos. El montante total asciende a 4.069 millones de euros: el mayor de todas las regiones españolas.

Sin embargo, no todos los impagados de la Generalitat se verán beneficiados por este plan orquestado desde Madrid. El conseller de Hacienda, José Manuel Vela, ya advirtió el martes de que existía una deuda -no financiera- de 1.300 millones de euros. Los grandes ‘olvidados' en esta primera remesa de pagos serán los ayuntamientos valencianos.

Desde la Conselleria de Hacienda aseguraron no poder concretar la cantidad adeudada a los municipios, aunque diversas fuentes municipalistas consultadas por este diario apuntaron a que la suma se acercaba a los mil millones de euros.

La propia Federación Valenciana de Municipios y Provincias elevó la voz a principios de semana para reivindicar los pagos pendientes a los consistorios dada la "delicada" situación que atraviesan muchos de ellos. En una carta remitida al jefe del Consell, Alberto Fabra, y firmada por la presidenta de la FVMP, Elena Bastidas, adjuntaron un manifiesto en el que exigían el pago "íntegro" de los fondos adeudados.

No son los únicos que se encuentran a la espera de cobro. Tampoco han entrado en los 4069 millones de euros las transferencias de capital pendientes a empresas públicas como Cacsa y Epsar, que se encuentran fuera del perímetro de consolidación. Es decir, son entes que disponen de ingresos propios.

SINDICATOS Y PATRONAL, OTROS DAMNIFICADOS

Otros de los grandes olvidados son los sindicatos y patronal. Las organizaciones sindicales acumulan en torno a 15 millones de euros de impagos por parte de la Generalitat. Las circunstancias más sangrantes se producen en lo referido a cursos de formación y talleres de empleo, en muchas ocasiones provenientes de fondos sociales europeos.

Al igual, que en cursos impartidos en la patronal, muchas de las subvenciones tienen carácter finalista. Es decir, deben destinarse concretamente a la partida para la que se han emitido.

Sin embargo, estos fondos no han llegado a su destino tras pasar por la Generalitat. Los sindicatos, desde 2010, se han visto obligados a adelantar el dinero a los usuarios de este tipo de cursos pero, en algunos casos, desde que comenzó 2012 los miembros de este tipo de talleres todavía no han cobrado ni un solo mes.

Por otro lado, Cierval ya puso el grito en el cielo semanas atrás por la deuda que acumula la Generalitat con la patronal autonómica. Los empresarios denunciaron un impago de 25 millones de euros, 14 de ellos procedentes de cursos de formación.

El conseller de Hacienda, José Manuel Vela, recalcó el pasado martes en su comparecencia ante los medios de comunicación que la Generalitat esperaba poder cerrar esta deuda de 1.300 millones con la emisión de hispabonos a partir del próximo verano. Hasta ese momento, los consistorios y resto de acreedores fuera del plan 'Montoro' deberán esperar.

De hecho, el propio Alberto Fabra afirmó ayer durante el acto con miembros de la Federación Española de Municipios y Provincias que esperaba saldar la deuda con los consistorios el próximo año. "Pagaremos el dinero que debemos a los ayuntamientos y a colectivos a través de subvenciones. El 50 por ciento en 2012 y el 50 por ciento en 2013", sentenció.

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