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VALENCIA (EP). El magistrado José Ceres, que instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la causa abierta por los presuntos delitos de financiación irregular del PPCV, electoral y falsedad mercantil por supuesta contratación irregular en relación con distintas ediciones de Fitur, dentro del 'caso Gürtel', ha citado a declarar a primeros de mayo a cuatro testigos, entre los que se encuentra la actual secretaria general de Delegación de Gobierno de la Comunitat, Isabel Villalonga, quien anteriormente ocupó el cargo de subsecretaria de Presidencia de la Generalitat.

Así consta en las últimas providencias dictadas por el magistrado, en la que, aparte de las citaciones a imputados, se recogen interrogatorios a cuatro testigos: Isabel Villalonga (el día 8 de mayo), y otros tres más los días 7 y 9 del mismo mes.

Con estas testificales, el calendario de las declaraciones quedaría de la siguiente forma: el día 26 de abril comenzarán los interrogatorios con el exjefe del área de Mercados y Comunicación de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT), Isaac Vidal (9.30 horas); el jefe del servicio de Promoción de la agencia, Jorge Guarro (12.15 horas); y la directora general de Promoción Institucional en Presidencia de la Generalitat, Dora Ibars (16.00 horas).

Al día siguiente, el 27, están citados la exadministradora de varias empresas de la conocida como trama Gürtel, Felisa Jordán (10.30 horas); y el exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret (11.30 horas). El día 7 de mayo comparecerán en el TSJCV dos de los testigos, a las 10.30 y a las 12.00 horas.

Asimismo, el 8 de mayo, a las 10.00 horas, declarará Isabel Villalonga en calidad de testigo; y a las 12.00 horas tendrá que hacerlo, pero esta vez en calidad de imputada, la exconsellera de Turismo y expresidenta de las Corts, Milagrosa Martínez.

El 9 de mayo, el turno será para la exconsellera de Turismo y actual secretaria primera de la Mesa de las Corts Valencianes, Angélica Such, quien está citada a las 10.30 horas, según consta en una de las providencias. Este mismo día, pero media hora antes, comparecerá ante el magistrado otra testigo, mientras que a las 12.00 horas será el turno del excontable de las empresas de Correa, José Luis Izquierdo.

Seguidamente, el 14 de mayo están citados el exconsejero delegado de esa mercantil, Cándido Herrero (10.30 horas); y el que fuera dueño de la empresa Orange Market, Álvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes' (a las 12.00 horas). Al día siguiente comparecerán en calidad de imputados el expresidente de Special Events, Pablo Crespo (a las 10.00 horas); y a las 11.30 horas el presunto líder de la trama y propietario de estas empresas, Francisco Correa.

El 22 de mayo están citados en calidad de imputados el extesorero del PP Luis Bárcenas (10.30 horas); y la gerente del PP valenciano, Cristina Ibáñez (12.00 horas). Al día siguiente comparecerán Yolanda García --tesorera del PP--, a las 9.30 horas, y David Serra --vicesecretario de Organización del partido--, a las 12.30 horas.

Siguiendo el calendario, el día 25 del mismo mes será el turno del exsecretario general del PPCV y diputado 'popular', Ricardo Costa, quien prestará declaración a las 10.00 horas; el día 29 le tocará al exvicepresidente del Consell y también diputado autonómico Vicente Rambla, (10.30 horas); y, por último, el día 30 comparecerá en calidad de imputado, a las 12.00 horas, el administrador general del PP en las elecciones generales celebradas en 2008, Cristóbal Páez.

ORIGEN DE LA CAUSA

La causa de presunta financiación irregular del PPCV llegó a Valencia el 25 de mayo de 2011, cuando el TSJCV acordó aceptar la inhibición parcial planteada por el magistrado instructor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, dentro del 'caso Gürtel'. Además, el tribunal valenciano decidió no acumular esta causa con la de los trajes, al no ver relación directa entre el pago de prendas de vestir y los actos de contratación por parte de la Generalitat.

En concreto, el magistrado instruye la causa por presunta financiación irregular, por un delito electoral en las elecciones locales y autonómicas de 2007, y por falsedad mercantil en los comicios de 2008.