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VALENCIA. Nada de borrón y cuenta nueva. Las grandes empresas se resisten a acogerse al plan de pagos presentado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para satisfacer las deuda de los ayuntamientos con proveedores, pero es la eléctrica Iberdrola la que está generando mayores quebraderos de cabeza a los alcaldes.
La factura eléctrica es, junto a la recogida de basuras, el apartado que consume un mayor volumen de gasto. Aunque en la recogida de residuos existe una mayor diversificación de proveedores (SAV, FCC, Secopsa, Tetma (Obinesa)...), el suministro eléctrico está concentrado.
En el caso de la Comunitat Valenciana, Iberdrola cuenta con una arraigada implantación en el mercado y los ayuntamientos no son una excepción. En consecuencia, la compañía ha padecido en los últimos años los efectos del impago municipal.
Ejemplo de esta situación fue el corte de suministro por parte de la compañía a distintos centros municipales de la ciudad de Valencia, a pesar de que el consistorio había abonado siete de los 13 millones que le adeudaba. Pero no es el único caso, también Castellón reconoce unos impagos a Iberdrola por 4,3 millones de euros; Benidorm unos 2,6 millones; o municipios pequeños como Turís, unos 80.000 euros.
Iniciadas las negociaciones, desde distintos municipios se apunta que Iberdrola no tiene intención de acogerse al plan de pagos "porque saldar la deuda no es una solución que le convenga". Aunque la empresa lo niega, la explicación de esta postura responde a una estrategia, según distintos responsables municipales consultados por ValenciaPlaza.com.
LA VENTAJA DE NO COBRAR
La negativa de Iberdrola a acogerse al plan de pagos perpetúa la deuda que mantienen con ella los consistorios, pero a largo plazo le ofrece una doble ventaja frente a las empresas que sí acepten cobrar con la propuesta realizada por el Estado para poner en orden las cuentas locales.
La primera es de tipo económico ya que, si la empresa que preside Ignacio Sánchez Galán acepta cobrar ahora, tiene que renunciar a los intereses de demora generados por los impagos. En el caso de los ayuntamientos más retrasados en los pagos, el lucro cesante que se generaría a la compañía no sería compensado por los ingresos que les reportaría la prórroga del servicio, si se produjera.
Sin embargo, fuentes municipales inciden en un segundo aspecto. "Iberdrola ofrece unos precios superiores a otros competidores pero, hasta que no se salda la deuda con un operador, no se puede contratar con otro", aseguran. Además, la eléctrica pasaría de ser acreedor de unas instituciones sin liquidez ni posibilidades de endeudamiento, a seguir siéndolo pero de unas entidades en proceso de saneamiento.
Esta fidelización forzosa reforzaría aún más la posición dominante de la eléctrica en la Comunitat, que mantendría a estos grandes clientes cautivos durante años. Teniendo en cuenta que el coste eléctrico por habitante en los ayuntamientos se cifra en unos 40 euros, un ayuntamiento valenciano medio de 9.348 habitantes (según la estimación de BBVA Research) le reportaría unos ingresos anuales de 373.920 euros.
PROPUESTA ALTERNATIVA
Consultados por este diario, portavoces de la compañía Iberdrola aseguran que se está estudiando "cada caso" y rechazan que se haya decidido una estrategia de oposición generalizada. "Todavía queda mucho tiempo hasta el 22 de abril, fecha límite fijada para acogerse al plan de pagos", aseguran.
En este momento, muchos munícipes tienen sobre la mesa una propuesta que pasa por el pago de las facturas correspondientes a 2012 y la incorporación inmediata del ayuntamiento a la Central de Compras de sus respectivas diputaciones provinciales.
Entre los meses de enero y marzo de este año, la empresa se ha incorporado como proveedor eléctrico exclusivo para los municipios de las provincias de Alicante y Castellón acogidos a la central de compras y en compañía de Gas Natural Fenosa, en el caso de Valencia.
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