Comparte esta noticia

• Tweet
• meneame

Otras noticias

• Economía incumple con Unión Gremial el criterio que aplicó para excluir a Anged del Observatorio
• El 'problema valenciano' se cuela en Madrid
• A quién le sube y a quién le baja los impuestos Joan Ribó

VALENCIA. Los centros penitenciarios también sufrirán el peso de la crisis. La acumulación de reclusos que sufren los centros penitenciarios -los valencianos en especial- no encontrarán una mayor dotación presupuestaria encaminada al incremento de funcionarios por parte del Gobierno según reflejan los Presupuestos Generales del Estado de 2012.

Según las cuentas presentadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, los gastos de personal se reducirán este ejercicio en 10,5 millones de euros respecto a 2011. La partida destinada a los funcionarios disminuye en 10 millones, mientras que el dinero destinado al personal laboral cae en 3,3 millones de euros. Un total de 13 millones de euros que se maquillan con un aumento de los incentivos al rendimiento en 3,4 millones.

Este descenso en gastos de personal contrasta con el hacinamiento que diversos sindicatos denuncian en determinados centros penitenciarios de la Comunitat Valenciana. La cárcel de Picassent, según las cifras del Ministerio del Interior de 2010, albergaba a 2.334 reclusos, el mayor volumen de una prisión en España. A día de hoy, los sindicatos estiman un total de 2.900 presos en esta cárcel -con 1.500 celdas- que adolece de una dotación suficiente de funcionarios y que supone en torno a un 170% de hacinamiento.

De hecho, según denuncia la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F), en los últimos tres años el número de presos ha aumentado mientras que la cifra de plazas asignadas a prisiones como la de Picassent se ha reducido.

En 2011, de las 60 plazas convocadas para toda España, solo tres correspondieron al centro valenciano. Según fuentes sindicales, la reducción de gastos destinados a personal solo puede empeorar la situación, dado que las funciones de los empleados aumentan con la incorporación de tareas como "la vigilancia de nuevos talleres de adaptación e inserción social, que provocan una mayor saturación del personal asignado en las guardias".

En días festivos, según denuncia CSI·F, es "habitual" que "dos funcionarios vigilen módulos con unos 130 presos" o incluso, si hay bajas por enfermedad, un único trabajador puede llegar a vigilar un módulo. Para normalizar la situación, la organización sindical exige 80 nuevos funcionarios para "garantizar la seguridad de trabajadores e internos". Una petición que, a tenor de las cuentas de 2012 presentadas por el Ejecutivo, se antoja difícil de satisfacer.

No es una situación única en la Comunitat Valenciana. La proporción en otros centros penitenciarios es similar. En Fontcalent, 370 funcionarios deben hacerse cargo de en torno a 1.000 presos; en Villena, 450 empleados públicos se ocupan de cerca de 1.400 reclusos; o en Albocàsser, 520 funcionarios deben controlar a unos 1.500 presos.

LA NUEVA CÁRCEL DE SIETE AGUAS, UNA INVERSIÓN DE NUEVE MILLONES DE EUROS

El desbordamiento de los centros penitenciarios valencianos propició la aprobación del proyecto Levante II, un nuevo centro penitenciario en construcción en el término municipal de Siete Aguas. La dotación presupuestaria para esta prisión, que debería terminarse en los próximos meses, ha sido de nueve millones de euros.

No obstante, según reflejan los PGE de 2012, el grueso del pago no se realizará hasta 2014 (45 millones de euros) y 2015 (47 millones). Esta prisión, con cerca de 1.300 plazas, debe servir para aliviar la masificación de la cárcel de Picassent.