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VALENCIA. "La situación es ahora desesperada y no pueden ni deben fallarnos", asegura un destacado empresario valenciano. La promesa realizada el pasado Jueves Santo por el conseller de Economía, Máximo Buch, de recapitalizar la Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana con 60 millones de euros (45 millones procedentes de la Generalitat y otros 15 millones de la media docena de entidades financieras asociadas, aunque Bankia y CAM sean las mayoritarias) tropieza con el incumplimiento de la promesa anterior de abonar 30 millones de euros entre 2011 y 2012.
El propio conseller reconoció que la sobreexposición al sector inmobiliario ha hecho que la SGR necesite una ampliación de capital de 60 millones de euros, casi el doble de lo que se estimaba hasta ahora. La junta de partícipes de la SGR del próximo miércoles 11 de abril servirá para firmar oficialmente este compromiso que pretende evitar tanto la reducción de capital que se barajaba para cubrir operaciones fallidas y esquivar la intervención del Banco de España.
No contribuye a la confianza ciega de los empresarios en esta solución la imposibilidad de la Adminsitración y de los bancos de poner el dinero encima de la mesa el próximo miércoles y tener que esperar "en principio" hasta el próximo 30 de abril, fecha máxima para realizar la recapitalización y que todo apunta a que podría apurarse.
PLANTEANDO LA SEGUNDA FASE
Una vez rescatada, la entidad deberá hacer "examen de conciencia", según distintos empresarios consultados. La estrategia desarrollada por los directivos de la entidad avalista en los últimos años ha hecho que se asumieran operaciones que no debían haberse avalado.
Las más cuestionadas han sido las inmobiliarias, especialmente cuando las entidades convencionales empezaron a restringir el crédito. La condición de constructor del presidente de la entidad no se considera la causa de esta situación, pero se lamenta que el equipo técnico no reorientara las prácticas de la SGR para reducir los riesgos asumidos.
Lejos de pretender una caza de brujas dentro del organismo, distintas fuentes aseguran que la organización debería afrontar una profunda reorganización interna, tanto en la dirección como en distintos puestos técnicos, ocupados desde hace décadas por veteranos directivos y empresarios.
EN CAUSA DE DISOLUCIÓN
Actualmente, la SGR se encuentra en causa de disolución desde el 1 de enero de 2012. A mediados del año pasado, una inspección del Banco de España detectó un déficit patrimonial de unos 30 millones de euros e instó a la entidad a recapitalizarse para no estar por debajo del mínimo exigido para el desarrollo de sus actividades.
Las dificultades que atraviesa la entidad viene de los últimos ejercicios, pero fue en 2010 cuando registró unas pérdidas de 2,8 millones de euros, después de presentar una cuenta de pérdidas y ganancias en 0,0 euros en 2009 y 2008. En 30 años, la entidad nunca había registrado hasta entonces un saldo negativo.
De todos modos, la SGR continúa con su actividad y aprobó en la comisión ejecutiva del pasado 6 de febrero 34 operaciones de aval por un importe de 35.142.552 euros, destinadas a las pymes de la Comunitat Valenciana.
ALICANTE EN PRIMERA LÍNEA DE FUEGO
Actualmente, la SGR avala a 3.150 pequeñas y medianas empresas que dan empleo a unos 22.000 trabajadores. Según el estudio realizado por los profesores de la Universidad de Alicante, Joaquín Melgarejo y Francisco Llopis para el Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca), "si tras la Junta de Partícipes se viera comprometida la continuidad de la SGR, esta decisión supondría un importante descalabro para la financiación de las pymes de la Comunidad y en especial para las de la provincia de Alicante", según un comunicado de Ineca.
En el caso de esa provincia, el número de afectados asciende a 5.880, pero son las pymes alicantinas las más afectada. "Si tenemos en cuenta la distribución del riesgo en curso por perceptores de aval, como el destino de la operación, los empresarios alicantinos representan una cifra ligeramente superior al 40% del total (el 41,61%), siendo la provincia que más peso tiene en la Comunidad Valenciana", asegura el informe.
De hecho, el peso de los empresarios alicantinos también es notable en cuanto a la participación en el capital suscrito en la SGR, que asciende hasta el 35%, frente al 32,3% que presentan tanto Castellón como Valencia.
ADMINISTRACIÓN, BANCA Y CARESTÍA
Los socios protectores de la SGR son 51 y tienen suscrito un capital que asciende a 18,1 millones de euros. La Generalitat, por medio del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), es el partícipe mayoritario con 10,9 millones y un 11,8% del capital. Le sigue Bankia con 2,7 millones de euros y un 2,6%, a través de los 2,4 millones de Bancaja (2,3%) y los 300.00 euros de Caja Madrid (0,3%).
La CAM es la siguiente socia protectora en importancia con 2,3 millones (2,5%). El resto no tiene más de un 0,4% y son desde las diputaciones de Castellón y Alicante hasta el Ayuntamiento de Castellón, las principales patronales y las cinco cámaras de comercio.
Fuentes de la SGR reclaman un compromiso general de la sociedad valenciana para rescatarla. De hecho, recuerdan que la otras administración autonómicas cuentan con una implicación muy superior. La media es del 20%, casi el doble del que tiene la Generalitat.
Igualmente, la patronal autonómica Cierval consensuó en su comité ejecutivo del pasado 21 de marzo un comunicado que incluía la exigencia a la Generalitat el pago "sin dilaciones" de la cantidad comprometida y un llamamiento a las entidades financieras para que dieran "una muestra de compromiso real con el mundo empresarial valenciano", aportando más dinero a la organización.
Se da la circuntancia de que, además de estar implicadas las patronales en la nómina de socios protectores, el vicepresidente de Cierval y presidente de la patronal castellonense, José Roca, es el presidente de la SGR.
LA HISTORIA EN CIFRAS DE UNA ENTIDAD EN RIESGO
La cartera de socios partícipes de la SGR de la Comunitat Valenciana, la más antigua de España, a finales de 2011 se componía de 9.253 empresas, de las cuales el 64 % son empresas con menos de 25 trabajadores; con una inversión de 81,3 millones de euros.
El 77% del riesgo en curso se concentra en empresas con menos de 50 empleados, mientras que el grupo de pymes con 51 trabajadores o más representa el 23% restante. En cuanto a la distribución por sectores, destaca el sector servicios, que representa un 60%, siguiéndole en importancia industria (17%), construcción (11%), comercio (10%) y finalmente el sector primario (2%).
La actividad de la SGR ha sido especialmente significativa desde su creación. Destacan los más de 6.500 millones de euros en avales desde 1994, que han beneficiado a más de 18.000 empresas en el ámbito de la Comunidad Valenciana, las cuales han mantenido más de 50.000 empleos, durante el periodo de tiempo contemplado (1994-2011).
Las sociedades de garantía recíproca son entidades financieras sin ánimo de lucro, sujetas a la supervisión e inspección del Banco de España. El objetivo principal de una SGR es facilitar el acceso al crédito y mejorar las condiciones generales de financiación a las empresas socias, para ello la SGR da garantías y avales a las pymes, negocia líneas financieras, canaliza y tramita subvenciones y asesora e informa financieramente a los socios. Gran parte de las empresas beneficiarias están pendientes de que se realice la aportación de capital necesaria para la supervivencia de la SGR y poder seguir adelante.
Hay que destacar que las SGR, como entidades financieras que son, están sometidas a un nivel de exigencia similar al de las entidades de crédito, sólo pueden intervenir en la fase final de la intermediación (prestando el aval) y únicamente pueden operar en un segmento del mercado, el de las pymes.
Me lo creere cuando lo vea..Me surgen muchas dudas sobre si, en este momento, la Generalitat cuenta con 45 millones para destinar a algo distinto que no sea atender gastos corrientes y maxime cuando el año que viene volvera a tener el mismo problema cuando la morosidad galopante los haya consumido y sea como si los hubiera tirado a la basura.Por la parte de las entidades financieras si, pero por un motivo meramente contable.Tras lo acontecido, creen que esta institucion sigue teniendo credibilidad como intrumento para facilitar el credito a empresas a las que los bancos no darian ni los buenos dias?
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