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VALENCIA. El anteproyecto de Ley de Presupuestos del Estado ha confirmado los peores augurios para las inversiones en infraestructuras públicas y ha convertido definitvamente en papel mojado el Plan de Infraestructuras Estratégicas que presentó hace un año y medio el aún presidente de la Generalitat, Francisco Camps. El drástico recorte en el gasto decidido por el Gobierno de Mariano Rajoy ha acabado con cualquier atisbo que pudiera existir por parte del Consell de que su grave falta de fondos se supliera con inversiones del Estado.

Los recortes ya no solo afectan a proyectos prescindibles, como el abandonado proyecto de la Torre de la Música en Valencia. Obras previstas, o incluso iniciadas, de departamentos como Sanidad, Justicia o Transportes, se aplazan sin fecha para retomarlas. Este miércoles, el conseller de Justicia, Jorge Cabré, reconoció públicamente que la Ciudad de la Justicia de Alicante no se hará. "No podemos seguir soñando con un proyecto imposible. La Generalitat no puede asumir una inversión de 50 millones en estos momentos", dijo abiertamente Cabré. Como alternativa a la penosa situación de los juzgados de Alicante, se remodelará la Audiencia, que solo cuesta cuatro millones.

No es el primer proyecto de Justicia al que renuncia la Generalitat. Ya lo hizo con 12 juzgados que tenían prevista una cofinanciación del Estado al no poder aportar su parte.

Por otro lado, en Sanidad el freno a las inversiones en nuevos hospitales y centros de salud afecta ya a varios proyectos, algunos de los cuales están iniciados y paralizados. Es el caso del Hospita de Llíria, cuyas obras se han detenido pese a estar muy avanzadas y que no dispone de presupuesto para este ejercicio.

Otro centro hospitalario que sigue sin terminarse es el de Gandia. Las obras se han ralentizado en los últimos meses aunque sí se ha consignado presupuesto para 2012.

En cambio, hospitales como el de la Vall d'Uixò o el de Onteniente no se han comenzado pese a estar anunciados (maqueta incluida y presentada por el expresidente Francisco Camps) desde hace varios años. Pese a las promesas, no se ha presupuestado ninguna consigna para 2012. En una situación similar están los hospitales de Benidorm y Peñíscola, anunciados mucho tiempo atrás pero que desde hace más de dos años no aparecen en los presupuestos.

La delicada situación económica se constata en el hecho de que para 2011 figuraban en los presupuestos hasta 17 centros de salud que no se construyeron y que en el presente ejercicio ya no figuran en los presupuestos, como ha denunciado el portavoz socialista de Sanidad, Ignacio Subías, en sede parlamentaria en diversas ocasiones.

LA LÍNEA 2 DE METROVALENCIA, EN VÍA MUERTA

Otra muestra de esa situación de incertidumbre de la obra pública se puede comprobar en la construcción de la línea 2 de Metrovalencia. El tramo que irá de Natzaret a la calle Alicante (que se debe poner en marcha independientemente del avance del ramal que atravesará el barrio de Velluters y El Carmen) tiene el túnel acabado y las estaciones, prácticamente también, al menos en lo que se refiere a la obra dura. Sin embargo, las obras acabadas están valladas desde hace meses -de forma provisional pero pensada para durar- sin que se registre ninguna actividad en su interior (no se colocan vías, ni catenaria, ni se acicalan las estaciones y andenes.

Hace unos días el portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Joan Calabuig, reclamó que al menos se finalicen las obras en puntos de la línea que se han quedado a medias, como es el caso de la estación de la plaza de Brujas, tras el Mercado Central, con los problemas que acarrea a vecinos y comercios de esta zona de la ciudad. Calabuig tambié reclamó la puesta en marcha del servicio en el tramo finalizado, una petición que difícilmente podrá atender la Generalitat, con serios problemas para atender el coste de la red actual de FGV.

Si esta obra del metro se ha parado, los proyectos presentados en repetidas ocasiones de nuevas líneas, especialmente el que iba a llegar a la zona sur del área metropolitana van a quedarse en planos sin concreción real por tiempo indefinido.

El plan, para cuya presentación se editó un voluminoso y lujoso catálogo (se puede consultar en internet aquí), recoge decenas de actuaciones en materia de infraestructura para el periodo2010-2020. El volumen de inversión prevista para todas ellas ascendía a 52.595 millones de euros, una cifra elevada (el presupuesto anual total de la Generalitat asciende a menos de 14.000 millones) que el Consell entonces presidido por Camps confiaba en repartir entre inversión directa propia (11.345 millones), mixta con empresas privadas (4.595 millones), indirecta o totalmente asumida por empresas (11.200 millones), otras administraciones públicas de la Comunitat Valenciana (ayuntamientos y diputaciones, 350 millones) y el Estado, 25.105 millones.

Estas cifras, si bien hay que tener en cuenta la plurianualidad del plan, se antojan en estos momentos del todo excesivas ante la prioridad de controlar el déficit público exigida tanto por el Gobierno a las comununidades autónomas, como por Bruselas al Ejecutivo central. Todas las administraciones están apretándose el cinturón ante la fuerte caída de ingresos que, de no ser compensada con recortes en gastos tanto corrientes como en inversiones, provocaría un desfase presupuestario que está formalmente vetado.

El PIE tiene previstas 10 áreas de actividad: carreteras (12.520 millones), transportes (15.535 millones), logística (500 millones), puertos (2.890 millones), costas 815 millones), aeropuertos (2.420 millones), energía (8.925 millones), arquitectura e infraestructuras urbanas (900 millones), infraestructuras hidráulicas (6.750 millones) y telecomunicaciones (1.340 millones).