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VALENCIA. Las llamadas a la recuperación de la industria para salir de la crisis tropiezan con la realidad. La Estrategia de Política Industrial (EPI) que firmaron Generalitat, patronal y sindicatos en noviembre de 2010 ha quedado "prácticamente paralizada", como reconoce Cierval.

A pesar de los 1.084 millones de euros con los que se aseguró que iba a contar, los recortes y las necesidades de cubrir otras necesidades han hecho que el documento se haya quedado "en una foto y poco más", según Jaume Mayor, secretario de acción sindical de CC OO.

La Generalitat lo reconoce y la Conselleria de Economía prepara la celebración de una reunión pasadas las fiestas de Semana Santa para que los otros dos agentes sociales establezcan por sí mismo cómo debe replantearse las bases del proyecto. La Administración, con múltiples frentes abiertos, prefiere "no molestar" y utilizar el Observatorio de la Industria y de los Sectores Económicos Valencianos para que empresarios y trabajadores digan por dónde ir.

Este replanteamiento tiene que realizarse en profundidad, por lo que el documento inicial puede ser modificado casi completamente, basándose en nuevos estudios de situación y unas previsiones más realista sobre lo que de verdad se puede hacer con los fondos público disponibles.

NUEVAS FUNCIONES PARA VIEJAS HERRAMIENTAS

Una de las medidas que se consideran fundamentales para la puesta en práctica de esta estrategia es la redefinición de las funciones del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). Prácticamente monopolizado por la Generalitat para sacar a flote su delicada situación, tanto empresarios como sindicatos proponen que sea utilizado para avivar el crédito al sector privado con todos los medios de los que disponga.

Igualmente, se solicita que vuelvan a tener utilidad determinadas iniciativas que ya existían incluso antes de la aprobación del EPI. Los agentes sociales denuncian que muchas de ellas no sólo no han ganado peso, sino que, en alguno de los casos han servido para reuniones testimoniales, como el Observatorio de la Industria y de los Sectores Económicos Valencianos; o para engrosar los impagos, como habría ocurrido con las ayudas a las empresas o a los institutos tecnológicos.

El propio comité ejecutivo de Cierval defiende que, siendo necesario el cumplimiento del déficit, "lo urgente no debe impedir que hagamos lo importante". "Habrá que priorizar, modificar, hacer cosas nuevas y dejar de hacer otras", insiste en las conclusiones de su última reunión.

CALENDARIO APRETADO

"En todo caso, lo que se tenga que hacerse debe hacerse ya", urge Mayor. La opinión compartida por todos los implicados es que la situación de parálisis actual no puede continuar. Para el primer semestre de este año, 29 de las 30 actuaciones previstas deberían estar iniciadas. La única que tenía un margen mayor para su puesta en práctica era la promoción de la cotización de las empresas valencianas en el Mercado Alternativo Bursatil (MAB), que estaba prevista para la primera mitad de 2013.

Aunque ya en el momento de la aprobación de la EPI la Generalitat defendía que un tercio de la medidas estaban encarriladas, UGT aseguró que sólo cuatro podían considerarse en marcha. A día de hoy, fuentes patronales consideran que, en su conjunto, la estrategia ha quedado reducida a un conjunto de "buenas intenciones".

Según la Conselleria de Industria, que entonces dirigía Vicente Rambla, la Generalitat tenía ya en marcha acciones para el apoyo a la innovación empresarial en sectores consolidados; la creación del Plan Emprendedor a través de Iniciativa Cre@ y Agencia Valenciana; la facilitación de suelo industrial y el desarrollo de programas de profesionales.

Además, este departamento también habría iniciado el fomento de la contratación de tecnólogos en empresas; la simplificación administrativa de ayudas a empresas; una oficina de proyectos empresariales de I+D+i; la incorporación de nuevas empresas en los procesos de internacionalización; la coordinación de actuaciones de innovación a través de Red Innov@net y la potenciación de las relaciones entre las universidades y las empresas.

En total, unos proyectos respaldados por 135 millones de euros, una cantidad que estaba presupuestada pero que, cuando se completaron, en buena medida no han llegado a pagarse, según denuncian fuentes conocedores del proceso.

CON EL VIENTO EN CONTRA

A lo largo del quinquenio, la inversión pública prevista se debía repartir entre los distintos apartados con 47,1 millones de euros para formación de personal; 544,150 millones a la innovación en la gestión empresarial y de producto; 42,6 millones a la diversificación en mercados y del tejido productivo; 35,9 millones, en el crecimiento empresarial; 118,7 millones para ayudar a las empresas a internacionalizarse y 295 millones parar la concreción de apuestas estratégicas

Con la perspectiva que dan los 16 meses que han transcurrido desde su firma, el Acuerdo por la Estrategia de Política Industrial (EPI) 2010-2015 se basaba en un optimismo que la realidad apenas tardó en disipar. El documento planteaba una previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 1%, cuando ya en 2011 se limitó al 0,7%, según el Banco de España.

De todos modos, en el momento de su redacción, la propuesta no confiaba en una ligera recuperación de la economía o un freno a su caída en picado que no se ha producido. De hecho, el Banco de España ya apunta que, cumplido el primer trimestre de 2012 la economía española estará en recesión, al cumplir dos trimestre consecutivos con crecimiento negativo, casi la mitad del tiempo en el que la Estrategia de Política Industrial valenciana ha estado el vigor.