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VALENCIA. "No se puede demandar austeridad y el cierre de esta o aquella empresa pública, para exigir después que se les desembolse una millonada de hoy para mañana". Fuentes de Generalitat no ocultan a Valenciaplaza.com su malestar por la inédita rebelión de los patronos valencianos por demandar lo que reclaman como "es suyo".
Con múltiples frente económicos y políticos abiertos, lo que le faltaba al Gobierno de Alberto Fabra es que un colectivo tradicionalmente discreto en sus reclamaciones ante el Consell como los patronos descargara con toda su artillería en frentes tan sensibles como los impagos, la formación, la estrategia industrial o la actitud del Consell ante el Banco de Valencia, la Sociedad de Garantía Recíproca o el ante proyecto de Ley de Participación.
Las causas son muy concretas: una deuda de 25 millones de euros sólo a la patronal autonómica y casi 75 millones entre todas las asociaciones y federaciones que esperan que les paguen desde 2010 para cursos de formación y otros gastos financiados por el Estado y la Generalitat, según distintas fuentes consultadas.
"Algo se ha pagado", se asegura desde el Gobierno autonómico, aunque no se desmiente la constatación que dice tener el presidente de Cierval, José Vicente González, que ese dinero se ha destinado a una caja única con la que se ha pagado otros compromisos, aunque no se podía por ser ayudas finalista, lo que quiere decir que estaban condicionadas a un destino concreto.
LOS LÍMITES DEL CRÉDITO
Aunque el Ejecutivo autonómico acorte la lista de proveedores impagados con la medida impuesta por el Estados para las Administraciones autonómicas, las tensiones de tesorería perviven y no pueden satisfacer a todos los demandantes de fondos.
Los empresarios reclaman su propio plan de pagos, al tiempo que exigen otros 30 millones de euros para la SGR, acuciada por el Banco de España, que podría intervenirla definitivamente si no le convencen las operaciones que está haciendo al entidad avalista para no verse desbordada por sus acreedores.
"Se pagará cuando se pueda", se asegura, para exponer acto seguido los múltiples esfuerzo por sacar dinero de donde se puede para taponar la vía de agua que se van abriendo en las cuentas de la Generalitat.
Y es que no sólo son las patronales y sus intereses, sino también los costes estructurales que reclama Educación y Sanidad, el vencimiento de la deuda bancaria contraída, el cumplimiento de los objetivos de déficit...
NUEVO MODELO PARA LA FORMACIÓN
Una de las críticas que se ha considerado más injusta entre las expuestas por el Comité Ejecutivo de Cierval es la que se refiere al nuevo modelo de financiación de la formación laboral en la Comunitat Valenciana que plantea el anteproyecto de Ley de Participación.
El presidente de Cierval se mostró sorprendido de que el texto supedite el cobro de las actividades formativas a que un número determinado de asistentes encuentren un puesto de trabajo al finalizar el curso. "Si esto se lo aplican al Servef, a las escuelas de formación profesional o a las universidades, no van a cobrar ni un mes", comentó Gonzáles.
Desde la Generalitat se defiende la propuesta a conciencia, teniendo además en cuenta que el actual vicepresidente, José Ciscar, era conseller de Educación y Formación en el proceso de elaboración de la norma. De hecho, se asegura que otras instituciones, como las universidades, ya están siendo afectadas por la aplicación de estos criterios.
De hecho, es una de las grandes apuestas de la Generalitat, ya que el planteamiento es pionero en España y puede servir de modelo para otras autonomías que están en proceso de reflexión de sus modelos de financiación de la formación.
ESTABILIDAD EN LOS INTERLOCUTORES
Otra de las demandas habituales de los empresarios es la definitiva estabilización de sus interlocutores políticos. Aunque en el Consell se asegura que los cambios no afectan de forma crucial a los equipos gestores, lo cierto es que en un año los empresarios han tenido hasta seis interlocutores distintos en Economía, Industria y Educación/Formación.
En doce meses han pasado de negociar los temas de Economía, formación e Industria con Gerardo Camps y Vicente Rambla a hacerlo desde verano con Enrique Verdeguer y José Ciscar y desde enero con Maxímo Buch y María José Catalá. "En una situación como la actual no podemos esperar a la aclimatación de nadie más para que se tomen decisiones", aseguran fuentes patronales.
Si se produce una nueva reordenación del Ejecutivo el próximo verano, como se comenta en los mentideros políticos, fuentes patronales confían en que "ahora les toque a otros", ya que consellers como el de Economía casi no habría completado para entonces ni dos trimestres.
Digo yo que la austeridad la podremos plantear para lo que hagamos en adelante con dinero de la GVA, pero no pagar lo que se ha realizado conforme a las normas y procedimientos publicados en el DOGV es otra cosa. Además, el dinero destinado a la formación proviene de empresarios y trabajadores y su recaudación es para este fin, no podemos primero recaudar, luego gastarlo en otra cosa y esperar que el que hace el trabajo no cobre.
Vamos, lo de siempre. Mucha austeridad, pero para los demás, nuestros chiringuitos que no los toque nadie. Los regalos encubiertos y compra-voluntades en forma de “cursos de formación” son intocables. ¿A cuántos dirigentes empresariales y sindicales se les ha procesado por fraudes en esta materia? Estos son los que nos han llevado a la situación actual, por acción, o por omisión, con su silencio cómplice. ¿Para cuándo tendremos estudios serios de evaluación de las políticas públicas que se aplican?
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