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LISBOA (EFE). La cancelación del programa, nacido hace casi una década, era una de las promesas electorales del actual primer ministro luso, Pedro Passos Coelho, cuyo Gobierno puso punto y final al proyecto ayer, nada más conocer una sentencia del Tribunal de Cuentas que considera irregular la concesión de uno de sus dos tramos lusos.

Fuentes cercanas al Ministerio de Economía portugués precisaron a EFE que los planes ferroviarios para unir las capitales de los dos países no están, sin embargo, "en cuestión".

En ese sentido reiteraron que su objetivo es una línea que conecte Sines, Lisboa, Madrid, Irún y Francia -pasando por Extremadura- de altas prestaciones y con capacidad para transportar mercancías.

El Gobierno portugués se ha mostrado partidario de ese cambio del proyecto original desde que suspendió la construcción del ferrocarril, poco después de ganar las elecciones anticipadas de mayo de 2011.

Desde la oposición lusa, la diputada y exsecretaria de Estado de Transportes en el Gobierno socialista de José Sócrates, Ana Paula Vitorino, calificó hoy en declaraciones a la emisora de radio TSF de "incomprensible y lamentable" la postura adoptada por el Ejecutivo conservador en relación al tren de alta velocidad.

En una reunión con España, "el ministro de Economía (Álvaro Santos Pereira) le dijo a su homóloga española (Ana Pastor) que iba a revisar el proyecto para ahora decir que va a acabar con él", criticó Vitorino.

"No se puede actuar así después de que el presidente de la Comisión Europea, (Jose Manuel) Durao Barroso, reafirmara la importancia de esta conexión tanto para Portugal como para la UE", insistió la diputada.

En esta misma línea, autoridades municipales de las regiones del Alentejo y Lisboa hicieron pública hoy su preocupación por el impacto de la desaparición del proyecto de alta velocidad debido a las inversiones que llevaba aparejadas, cuya falta puede tener "consecuencias graves" para el desarrollo económico.

En el Alentejo también portavoces de asociaciones empresariales se sumaron a esas críticas y lamentaron que se pierda la oportunidad de conectar su región con España y Europa.

También se encuentran entre las descontentos la constructora lusa Soares da Costa, que encabeza el consorcio al que le fueron adjudicadas las obras del tramo ferroviario entre Poceirao, en las afueras de Lisboa, y Caia, junto a la frontera de Badajoz.

El presidente de la compañía, Antonio Castro, elevó hoy a 300 millones de euros la indemnización que el Estado portugués debería abonar a su consorcio por resolver el contrato que el Tribunal de Cuentas anuló ayer al detectar "irregularidades".

En ese consorcio, además de Soares da Costa, están presentes la empresa lusa Brisa (participada por la española Abertis), la concesionaria Iridium y la constructora Dragados (ambas filiales de la española ACS), así como la estadounidense Babcock Brown.

La decisión del Gobierno portugués ha levantado controversia también en España, especialmente en la comunidad autónoma de Extremadura, comunidad que puso en la alta velocidad una prioridad para sus intereses económicos.

La ministra española de Fomento, Ana Pastor, anunció hoy desde Bruselas que se reunirá con su homólogo portugués, Santos Pereira, para discutir las conexiones ferroviarias entre ambos países, y señaló que esperará a tener más información antes de tomar una decisión sobre los tramos del lado español.

Los dos ministros se reunieron por primera vez el pasado 27 de febrero en Lisboa y emitieron un comunicado conjunto que expresaba la "sintonía" de España y Portugal, en relación con unos proyectos ferroviarios "de alta prestación" y ajustados "a las necesidades y los tiempos de austeridad".