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VALENCIA. El próximo obstáculo en el calendario del PP en la Comunitat Valenciana es el proceso judicial abierto sobre la presunta financiación irregular -derivada del caso ‘Gürtel'- de la formación que ahora preside Alberto Fabra. Un problema que amenaza en convertirse en un nuevo escándalo que salpique al partido en tierras valencianas. Según fuentes conocedoras del caso, se espera que esta misma semana o a más a tardar la próxima, llegue a Valencia el texto de la querella del Partido Popular para personarse como acusación en la citada pieza valenciana del caso Gürtel

Y es que el asunto no pasa desapercibido en Génova, calle donde se ubica la dirección nacional del PP. La formación que lidera Mariano Rajoy decidió en su día personarse como acusación particular del caso Gürtel cuando el juez Baltasar Garzón instruía la causa dado que se consideraba parte perjudicada de la trama de corrupción urdida por Francisco Correa.

No obstante, la Audiencia Nacional rechazó la personación, que posteriormente fue aceptada por el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira, revocada después por la Sala de lo Penal del TSJM y, finalmente, concedida como acusación 'popular' en la causa. La ventaja: el acceso del PP al contenido de las actuaciones judiciales y la posibilidad de participación activa en el proceso.

Cuando la parte de la presunta financiación irregular viajó a Valencia para ser juzgada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana se replanteó la personación del PP nacional. De hecho, los socialistas valencianos figuran como acusación 'popular' en el proceso. El TSJCV interpretó que al ser un proceso con hechos sucedidos e investigados en la Comunitat debía personarse la rama valenciana, algo que fue recurrido por el PPCV y desestimado por el tribunal.

José Ceres, el juez del TSJCV que instruye la pieza solicitó al PP valenciano que presentara una nueva querella para personarse convenientemente en dicha causa. Así, en un auto hecho público el pasado mes de enero, desestimó el recurso interpuesto por el PP contra una providencia del pasado 13 de noviembre en la que este juez advertía que no se tenía por personado y parte al PP valenciano mientras no interpusiese "una nueva y diferenciada querella".

Ahora, meses después, el PP nacional tiene la intención de que los ‘populares' valencianos se personen en la causa. Tras sopesarlo detenidamente, según apuntan fuentes del partido, y con las comparecencias de diversos testigos a la vista, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, planea reactivar la personación como acusación popular. De ser aceptada, permitirá a la formación que lidera Mariano Rajoy estar al tanto del proceso con mayor cercanía y conocer las actuaciones judiciales, lo que puede facilitar la estrategia política a la hora de tomar medidas en un caso que se presume muy delicado para el partido.

La dificultad para los 'populares' valencianos no será baladí, dado que existen diversos dirigentes imputados que todavía figuran en la dirección del partido como el vicesecretario de organización y diputado, David Serra, o la tesorera y también parlamentaria en Les Corts, Yolanda García. En cambio, entrar en el proceso como acusación aumentaría la capacidad de maniobra a la dirección del PPCV y le permitiría estar en igualdad con el PSPV en el conocimiento de acciones judiciales.

COMPARECENCIAS A FINALES DE ABRIL

Según informaron fuentes conocedoras del caso semanas atrás, la directora general de Promoción Institucional de la Generalitat, Dora Ibars, el jefe del servicio de Promoción de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT), Jorge Guarro, la empresaria Felisa Jordán -exadministradora de varias empresas de la supuesta trama-, y el exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret, serán los primeros en prestar declaración en la investigación.

El magistrado José Ceres, que instruye la causa por los presuntos delitos de financiación irregular del PPCV, electoral y falsedad mercantil, fijó días atrás las fechas para estas declaraciones: 24 y 26 de abril.

Según las mismas fuentes, en esta primera fase de interrogatorios se pretende ir despejando dudas sobre las mesas de contratación que adjudicaron contratos a Orange Market, entidad que administraba Álvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes', considerado uno de los presuntos cabecillas de la trama.

Cabe recordar que Betoret, quien ya aceptó una condena en la conocida como 'causa de los trajes' dentro del 'caso Gürtel', ocupaba el cargo de jefe del gabinete de la Conselleria de Turismo cuando la titular de este departamento era Milagrosa Martínez. Esta entidad otorgó diversos contratos a la mercantil Orange Market para la organización y el montaje del pabellón valenciano en la madrileña feria de Fitur.

Asimismo, Guarro está imputado por presuntamente haber participado en la redacción de los pliegos de condiciones, las ofertas presentadas y en la Mesa de Contratación para la adjudicación de los 'stands' de Fitur, que acabaron en la empresa Orange Market. Por su parte, durante la etapa de Ibars se contrató con esta mercantil la Guía de la Comunicación de 2005, la presentación del Congreso de Nuevo Periodismo en 2006 y la fiesta para la salida de la Volvo Ocean Race desde Alicante.

DECLARACIONES EN EL JUICIO

Estos dos últimos, tanto Ibars como Guarro, imputados por un presunto delito de prevaricación y cohecho, ya prestaron declaración, pero en calidad de testigos, en el juicio contra el expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps y el ex secretario general del PPCV y diputado en las Corts, Ricardo Costa, por la conocida como 'causa de los trajes' dentro del 'caso Gürtel', que acabó con una absolución.

Durante esta vista, el magistrado del tribunal del jurado, Juan Climent, declaró impertinentes la mayoría de las preguntas formuladas por los letrados de las defensas a estos testigos, puesto que hacían referencia a las adjudicaciones de contratos de la Administración a Orange Market, asunto que se estaba instruyendo en esta causa.

Pese a ello, tanto Guarro como Ibars sí hicieron algunas manifestaciones, y ambos afirmaron que Orange Market era una de las muchas empresas que concursaban para la Generalitat, y aseguraron que desconocían el importe de las adjudicaciones que se otorgaron a esta mercantil.

Junto a ellos, también prestó declaración en calidad de testigo en esta 'causa de los trajes' otro de los imputados en el procedimiento de financiación, Isaac Vidal, que fue jefe de área de Mercados y Comunicación en la Agencia Valencia de Turismo.

Sin embargo, se acogieron a su derecho a no declarar otros imputados como la que fuera consellera de Turisme y presidenta de las Corts en la anterior legislatura, Milagrosa Martínez, David Serra, vicesecretario de Organización del PPCV y el propio Betoret.

Otras personas imputadas en la 'causa de financiación' son el exvicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla; la extesorera del PPCV, Yolanda García; y el propio Costa, entre otros.

ORIGEN DE LA CAUSA

La causa de presunta financiación irregular del PPCV llegó a Valencia el 25 de mayo de 2011, cuando el TSJCV acordó aceptar la inhibición parcial planteada por el magistrado instructor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, dentro del 'caso Gürtel'. Además, el tribunal valenciano decidió no acumular esta causa con la de los trajes, al no ver relación directa entre el pago de prendas de vestir y los actos de contratación por parte de la Generalitat.

En concreto, el magistrado instruye la causa por presunta financiación irregular, por un delito electoral en las elecciones locales y autonómicas de 2007, y por falsedad mercantil en los comicios de 2008.

Lo primero que acordó José Ceres, el instructor, al asumir el procedimiento, fue pedir que se comprobara el aforamiento de algunos de los denunciados, entre ellos, de Rambla; Costa; Serra; Martínez y Yolanda García.

Asimismo, solicitó al Tribunal de Cuentas y a la Sindicatura que certificaran su examen de las cuentas del PP sobre las elecciones municipales y autonómicas celebradas en mayo de 2007, y que enviaran una copia de la contabilidad aportada por la formación política.

Junto a ello, el magistrado pidió a la Sindicatura información sobre la fiscalización de contratos de la Agencia Valenciana de Turismo de los ejercicios 2005 a 2009 y, en concreto, sobre la revisión de la contratación, gestión contractual y su adjudicación conforme a la legalidad en la relación con las ferias de Fitur.

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