21/03/2012 La patronal valenciana asegura que tiene constancia de que el Estado transfirió puntualmente a la Generalitat unos fondos que ésta a su vez la debería haber entregado. Al no hacerlo, las patronales han tenido que adelantarlo a costa de sus fondos y con créditos bancarios 

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VALENCIA (VP). El Comité Ejecutivo de la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana (Cierval) ha exigido a la Generalitat que le pague los 25 millones que le adeuda desde 2010, 14 de ellos destinados a la formación de trabajadores. La organización ha recordado que los fondos que las organizaciones empresariales reciben para impartir formación a los trabajadores, -aunque oficialmente se consideran subvenciones-, en realidad son "encomiendas de gestión" de dinero público, que adelantan las patronales.

La patronal recuerda que estos fondos se nutren fundamentalmente de cotizaciones mensuales que las empresas pagan equivalentes al 0,6% de la nómina de cada trabajador más un 0,1% que aporta el trabajador. Estas aportaciones, mayoritariamente empresariales, son finalistas y sólo pueden dedicarse a la formación de los trabajadores. Las aportaciones de empresas y trabajadores se complementan con otras cantidades menores procedentes de los Presupuestos Generales del Estado y de la Unión Europea.

El Estado recauda estas cotizaciones y las gestionan las comunidades autónomas. Todas las empresas pueden impartir la formación y después de justificar los gastos incurridos en la misma deducirse hasta el tope del 0,7% que han ingresado. En la práctica, esta vía sólo puede ser utilizada por empresas de cierta dimensión.

PATRONALES COMO HERRAMIENTAS

Para el resto de empresas, mayoría en nuestra comunidad, la Generalitat Valenciana, de acuerdo con la norma nacional, encarga a asociaciones empresariales y sindicales la organización de cursos de formación horizontal o sectorial. El contenido, presupuesto y calendario de los cursos debe ser previamente aprobado por la Generalitat Valenciana. En 2011 asistieron a estos cursos más de 30.000 trabajadores y el nivel de éxito alcanzado supera el 90%.

Las organizaciones empresariales y sindicales imparten los cursos previamente aprobados y deben justificar ante la administración que los cursos han sido realizados, identificar a los asistentes y demostrar que los gastos previamente aprobados han sido efectivamente realizados y pagados. La administración se reserva el derecho de aceptar o no estas justificaciones.

El Estado trasfiere trimestralmente el importe que le corresponde a cada comunidad autónoma para ejecutar la formación y en consecuencia para que a su vez satisfaga los gastos incurridos, por lo que realmente ejecutan la formación.

GENERALITAT RETIENE EL DINERO

"En el caso de la Generalitat Valenciana nos consta que estos importes le han sido trasferidos puntualmente por el Estado. Pero la Generalitat Valenciana, en lugar de satisfacer los pagos pendientes con las organizaciones empresariales, ingresa estos fondos finalistas en la caja única que se utiliza para todo tipo de pagos", apunta en un comunicado.

Los pagos pendientes con las organizaciones empresariales en estas fechas y por este concepto corresponden a 2010 y 2011. Estos importes corresponden a gastos efectivamente realizados, justificados y pagados por Cierval y sus organizaciones, asegura al patronal. "Como no es difícil de imaginar, esta situación se ha ido resolviendo con financiación bancaria que, además de onerosa e imposible de repercutir, en estos momentos resulta muy difícil de obtener. Todo lo cual lleva a las organizaciones empresariales a una situación angustiosa, imposible de mantener".

Cierval está dispuesto a discutir "todo aquello que permita mejorar nuestro actual sistema de formación". Mejoras que deberían eliminar burocracia y centrar los indicadores de mejora en la medida de la idoneidad de los cursos, el aprendizaje real y la utilidad para la empresa y los trabajadores.

ATRASOS EN LOS PAGOS POR PARTE DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Cierval se congratula de las medidas adoptadas por el Gobierno de España para que las comunidades autónomas puedan satisfacer los pagos atrasados a sus proveedores. "Sin duda serán un estímulo para la economía, en estos momentos tan difíciles, y en algunos casos, podrán salvar el cierre de empresas que ya están al límite de su capacidad de resistir. Para otras muchas los pagos llegarán tarde porque han cerrado ya".

No entiende porqué se ha excluido de este plan de pagos las deudas de las comunidades autónomas con las organizaciones empresariales, que también son proveedores. Se trata también de (a través de las organizaciones empresariales) deudas vencidas y no satisfechas que se han efectuado en el ámbito de las encomiendas de gestión.

En el caso de la Generalitat Valenciana, no hemos obtenido ningún compromiso de pago de ninguna cantidad a ningún plazo. Si no se plantea una solución inmediata, remitiremos un escrito recordatorio de las cantidades adeudadas durante este largo periodo, que salvaguarde nuestros derechos como institución así como nuestras responsabilidades como gestores.

Esta situación, si no se soluciona rápidamente, puede acabar con el modelo de interlocución social que tanto ha contribuido a la concordia y a la paz social. Y no se trata de subvenciones de libre disposición sino de pagos retrasados, en algunos casos dos años, de cantidades aprobadas, trabajos encomendados, ejecutados, justificados y pagados.

Las asociaciones empresariales somos conscientes de la responsabilidad y utilidad de nuestro trabajo, consagrado por la Constitución en su artículo 7 que nos reconoce como interlocutores sociales representativos y por ello, lucharemos con todas nuestras fuerzas para no desaparecer.

SOCIEDAD DE GARANTIA RECÍPROCA (SGR)

Cierval considera que la SGR ha sido un apoyo "importantísimo2 para el tejido empresarial valenciano. "En los momentos actuales su presencia activa se hace todavía más importante en el apoyo financiero a las pequeñas y medianas empresas, que son la inmensa mayoría de las empresas de nuestra comunidad", apunta.

Como consecuencia de la crisis y en especial de la crisis inmobiliaria, la SGR ha sufrido importantes quebrantos y se ha visto obligada a efectuar cuantiosas dotaciones que han deteriorado su estructura de capital, en opinión de la patronal.

Se hace imprescindible una ampliación de capital que asegure su supervivencia y además la dote del músculo financiero que nuestras pequeñas y medianas empresas necesitan más que nunca.

"Es el momento de que, sin dilaciones, la Generalitat Valenciana cumpla los compromisos que adquirió el pasado año en cuanto a aportación de capital pero también y simultáneamente, las entidades financieras, a las que en años anteriores la SGR les ha sido muy útil y conveniente, aporten otra parte de capital porque sin duda obtendrán beneficio de ello y además darán una nuestra de compromiso real con el mundo empresarial valenciano".

Todo ello, con el compromiso de la propia SGR de realizar cuantas reformas sean necesarias para seguir siendo una entidad útil, eficaz y adaptada a los tiempos actuales.

ANTEPROYECTO DE LEY DE PARTICIPACIÓN

El Comité ejecutivo de Cierval se muestra sorprendido de que en el articulado del anteproyecto de la ley se supedite el cobro de actividades de formación a que un número determinado de asistentes encuentren un puesto de trabajo al finalizar los cursos. "Entendemos que se refiere a la formación de parados, que solo supone el 18% de la formación que impartimos las organizaciones empresariales. La idea parece sugestiva y los empresarios estamos acostumbrados a los retos y a trabajar por objetivos".

"Estaríamos dispuestos a discutir y colaborar en cómo se implementarían estas medidas. Pero naturalmente siempre que se aplicara a todo el mundo educativo: las escuelas de formación profesional. ¿Cuántos estudiantes se colocan? ¿Y los procedentes de las Universidad? Y sobre todo, el SERVEF cuya principal ocupación es colocar a los trabajadores parados. ¿También se les aplicarán las mismas medidas?", añade.

BANCO DE VALENCIA

En próximas fechas, el Banco de España adjudicará el Banco de Valencia a un comprador interesado en ello. "No es necesario repetir las razones, en algún caso sentimentales, en otros casos de estricta equidad para que no se reduzca a cero el valor de las acciones, con lo que los actuales accionistas perderían todo el valor del patrimonio que hubieron invertido. Pero no hay que olvidar que los actuales accionistas, en su mayoría valencianos, son los clientes naturales del Banco de Valencia".

"Desde el mundo empresarial valenciano pensamos que una valoración justa, razonable, obviamente por encima de cero, sería una inversión beneficiosa para el posible comprador que lógicamente asumiría la gestión".

Accionistas no contentos pero que apreciaran positivamente la valoración, equivalen a clientes fidelizados. "Los empresarios sabemos bien lo que cuesta conseguir un cliente, lo fácilmente que se pueden perder y lo que vale un cliente fidelizado".

ESTRATEGIA DE POLÍTICA INDUSTRIAL (EPI)

Es evidente la importancia del cumplimiento del déficit, lo cual lleva aparejado importantes recortes y reformas, el adelgazamiento de la administración, etc. Pero no hay que olvidarse de que todos estos asuntos no van a cambiar algo fundamental: sin crecimiento no habrá generación de empleo y podríamos entrar en una espiral de la que nos costaría muchos años y mucho esfuerzo salir. "Lo urgente no debe impedir que hagamos lo importante".

Y en el necesario cambio de nuestro modelo económico el papel de una industria fuerte, innovadora, moderna e internacionalizada es absolutamente capital.

La Comunitat tiene una herramienta, "ahora prácticamente paralizada", para conseguir ese impulso para la industria y esa herramienta no es otra que la Estrategia de Política Industrial (2010-2015) acordada por la Generalitat Valenciana, Cierval y las organizaciones sindicales, rubricada en el 2010. Dicho acuerdo forma parte del PAVACE vigente hasta 2013.

Se hace necesaria ponerla en funcionamiento. Por supuesto que, a la vista de la situación actual que ha cambiado notablemente desde aquella fecha, habrá que priorizar, modificar, hacer cosas nuevas, dejar de hacer otras. Pero una vez realizada hay que ponerla en marcha y esa revisión ha de hacerse como se hizo la versión original en el año 2010. Por consenso de los tres actores. "Desde Cierval manifestamos nuestra disponibilidad y disposición para abordar esta revisión de inmediato".

CORREDOR MEDITERRÁNEO

Ante los recientes comentarios aparecidos en los medios de comunicación y lo que parece ser una actitud dubitativa del Gobierno de la nación, desde Cierval "queremos reafirmar una vez más, la que ha sido nuestra postura con respecto al Corredor Mediterráneo y que básicamente se resume en tres puntos:

En primer lugar, Cierval no tiene nada contra ningún otro corredor, pero el corredor prioritario es el Corredor Mediterráneo. Así lo ha reconocido la propia Unión Europea que lo aprobó como tal en octubre de 2011. Por otra parte, señalan que prioritario, quiere decir que el primer euro disponible que invierta España ha de ser en el Corredor Mediterráneo. Por último, señalan que que el corredor en su ejecución debe seguir un camino lógico de norte a sur con sus correspondientes accesos a los puertos.

"En Cierval siempre hemos tomado el camino de apoyar el corredor conjuntamente con todos los empresarios de Cataluña, Comunidad Valencia, región de Murcia, Andalucía e islas Baleares. Así lo hicimos en la "Declaración de Valencia del 13 de septiembre del 2011 y en su posterior ratificación de 23 de febrero de 2012. Creemos que esta acción conjunta es la más eficaz y que algo tan importante para nuestro futuro no deja espacio para ningún tipo de personalismos", concluye el comunicado de Cierval.