Comparte esta noticia

• Tweet
• meneame

Otras noticias

• Economía incumple con Unión Gremial el criterio que aplicó para excluir a Anged del Observatorio
• El 'problema valenciano' se cuela en Madrid
• A quién le sube y a quién le baja los impuestos Joan Ribó

VALENCIA. Las protestas pueden salirles caras a los empleados públicos que se encerraron en edificios públicos semanas atrás como protesta al decreto de ajustes impulsado por el Consell de Alberto Fabra.

El juicio de faltas que se celebra hoy puede acarrear multas a los protagonistas del encierro que van, aproximadamente, desde los 100 a los 300 euros, según estiman fuentes sindicales consultadas por este diario.

Así lo dispone el artículo 635 del Código Penal: "Será castigado con la pena de localización permanente de dos a 10 días o multa de uno a dos meses el que se mantuviere contra la voluntad de su titular, fuera de las horas de apertura, en el domicilio de una persona jurídica pública o privada, despacho profesional u oficina o establecimiento mercantil o local abierto al público".

Según la citación, a la que ha tenido acceso Valenciaplaza.com, serán 20 los funcionarios citados hoy en el juzgado de instrucción número tres de Valencia. Ocho de ellos estuvieron encerrados en la dirección territorial de Bienestar Social de la avenida Barón de Cárcer y otros doce en las dependencias de la secretaría autonómica de Hacienda y Administraciones Públicas en la calle Micalet el pasado 6 de febrero.

La reunión con el titular de Hacienda, José Manuel Vela, en la Mesa General de Negociación de la Función Pública para abordar nuevamente el decreto de ajustes impulsado por la Generalitat terminó con un acuerdo para abrir una vía de diálogo respecto a los recortes pero, sin embargo, no se atendió la petición de retirar la demanda interpuesta precisamente desde la secretaría autonómica de este área.

Pese a la apertura de negociaciones acordada en la reunión de la Mesa, los sindicatos advirtieron de que continuarían con las movilizaciones dado que el conseller Vela rechazó de plano la retirada del decreto.

Los cinco sindicatos integrantes de la Mesa de la Función Pública, UGT, CCOO, CSI·F, FSES e Intersindical, han convocado a sus respectivos delegados a las 9.30 en la Ciudad de la Justicia para apoyar a los sindicalistas demandados.