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El Gobierno simplifica los trámites de las fusiones y escisiones de empresas

17/03/2012 La obligación de informar y documentar las fusiones y escisiones de las sociedades de capital se podrá realizar a través de una página web a partir de la entrada en vigor de esta normativa de la Unión Europea

MADRID (EP). El Ejecutivo ha simplificado hoy los trámites burocráticos de fusiones y escisiones de empresas para hacer que estas operaciones sean más ágiles, con medidas como la simplificación de notificaciones empresariales sin reducir la protección a los trabajadores y a los accionistas minoritarios.

Así lo ha explicado hoy la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tras el Consejo de Ministros que ha aprobado este Real Decreto Ley, que "tiene por objeto simplificar trámites burocráticos en un ámbito importante que es el régimen de sociedades, fusiones y escisiones principalmente".

Según ha explicado, la norma trata de "evitar burocracia, trámites excesivos y lastres" en operaciones de esta naturaleza, "siempre teniendo muy presente que se protegen los derechos de los trabajadores y de los accionistas minoritarios", ha agregado.

Así, "muchas de las notificaciones que hasta ahora habría que hacer de otra manera, podrán hacerse a través de las web de las sociedades afectadas, que serán, además, obligatorias".

Sáenz de Santamaría ha valorado que esta medida supondrá "un alivio burocrático" que permitirá que el modo en el que se articulan estas operaciones "sea mas fácil, mas ágil y mas cómodo".

En la referencia del Consejo de Ministros, el Ejecutivo ha precisado que el Real Decreto Ley refleja una directiva comunitaria.

Asimismo, ha apuntado que la obligación de informar y documentar las fusiones y escisiones de las sociedades de capital se podrá realizar a través de sus páginas web a partir de la entrada en vigor de esta normativa de la Unión Europea.

La Comisión Europea dio a finales de enero dos meses de plazo a España para simplificar su legislación sobre fusiones y escisiones empresariales y adaptarla a la normativa europea, al tiempo que advirtió de que, de no hacerlo así, denunciaría el incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la UE.

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