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MADRID (EP). La constructora Teconsa, investigada en el marco del caso 'Gürtel' por la sonorización de la visita que el Papa realizó a Valencia en julio de 2006, ha admitido ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que cobró facturas completas a las empresas a las que subcontrató estos trabajos un mes antes de que se llevaran a cabo, informaron fuentes jurídicas.

Así lo ha manifestado el directivo de la empresa Rafael Martínez Molinero, que ha admitido que la compañía cobró en junio de 2006 de la Radio Televisión Valenciana (RTVV) un total de 7.493.600 euros por la instalación y desmontaje de equipos de audio y vídeo que fueron llevadas a cabo por otras empresas un mes después.

Tras detallar que estos servicios tuvieron que ser subcontratados al no encontrarse las tareas de sonorización entre las que se correspondían con su objeto social, el compareciente ha admitido que la única experiencia que Teconsa tenía en este campo es la que desarrolló durante la obra civil del Recinto Ferial de La Coruña y el Palacio de Congresos de Salamanca.

Aunque ha reconocido que firmó este contrato porque tenía poderes para ello, también ha dicho desconocer cómo se ejecutó y se preparó por parte de los responsables de Teconsa, y ha asegurado que no conoce al presunto líder de la red Gürtel, Francisco Correa, ni a su supuesto número 2, Pablo Crespo, ni al resto de integrantes de la trama.

También ha declarado el responsable del área financiera de la constructora, Jesús Alonso Galindo, que se ha desvinculado de los contratos que se realizaron durante el V Encuentro Mundial de las Familias, celebrado del 7 al 9 de julio de 2006, y ha dicho que su firma aparecía en los mismos porque formaba parte del consejo de administración de la empresa.

OTRAS CINCO DECLARACIONES PENDIENTES

Por su parte, el vicepresidente de Teconsa, José Luis Martínez Parra, se ha acogido a su derecho a no declarar. Los otros cinco imputados que estaban citados este viernes por estos contratos no han acudido a la Audiencia Nacional tras justificar que su abogado se encontraba en el extranjero, tal y como hizo el jueves el asesor fiscal y expresidente de Repsol YPF Ramón Blanco Balín.

Se trata del presidente de Teconsa, José Luis Martínez Nuñez, que ha alegado que tiene problemas de salud; Alejandra Andrea Beresovski y Noemí Márquez Castellano, administradoras solidarias de Wild Electronic Desing SL; y Antonio Soler Dorado y Oscar Fragio Díaz, apoderado y gestor real de Wild Electronic. En la causa también están imputados Pablo Crespo y Jacobo Gordon, exsocio de Alejandro Agag.

El juez Ruz, que asumió la causa en diciembre pasado después de la inhibición del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), considera que los 11 imputados podrían haber cometido delitos contra la Hacienda Pública y falsedad en documento mercantil.

FAVORES A TECONSA

Según el juez, que llevó a cabo la imputación a raíz de un informe de la Agencia Tributaria, las maniobras de la trama desembocaron en una defraudación fiscal de Teconsa a Hacienda de la cuota de IVA soportado por una cuantía 198.830 euros y del impuesto de sociedades de 2006 por la deducción improcedente de las facturas emitidas por las anteriores mercantiles al no responder a la prestación de servicios reales (434.941 euros).

La defraudación se realizó a través de la subcontratación con otras pequeñas empresas (Apogee, Impacto Producciones y Sirius Show Equipement), así como de los gastos contabilizados por Teconsa para la ejecución del contrato. También intervinieron las facturas falsas emitidas por Wild Electronic, Castaño Corporate y Free Consulting por importe de 1.242.690 euros.

El magistrado preguntó además a la Fiscalía si procedía ampliar la denuncia en relación a otra persona más, Isabel Martínez Parra, para la que el ministerio público pide que declare como imputada pero que no se encuentra formalmente denunciada.

Crespo abandonó el pasado 1 de febrero la prisión madrileña de Soto del Real (Madrid) tras depositar, a través de tres transferencias, los 100.000 euros de fianza impuestos por el magistrado instructor. El único imputado en esta causa que permanece en prisión es el presunto líder de la trama, Francisco Correa, al que el pasado 27 de enero el juez Ruz impuso una fianza de un millón de euros.