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VALENCIA. Los consellers de Hacienda y Economía, José Manuel Vela y Máximo Buch, tomaron parte ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado en Madrid. A las puertas del mismo, mostraban su compromiso de reducir el déficit al 1,5% del PIB y descartaban recortes, aunque admitían que habría que hacer algún "ajuste" más, si bien desligaron al sector de la enseñanza de próximas actuaciones en esta línea.

Hasta ahora los recortes de la Generalitat han sumado un ahorro de 1.057 millones de euros. 520 de ellos en Sanidad, 440 respecto a gasto sanitario y unos 80 salariales en este ámbito. El Gobierno central, no obstante, todavía lo considera insuficiente dado que el déficit sigue situándose por encima de lo esperado. De hecho, la cifra orientativa que todavía necesita la Generalitat es de 1.500 millones para alcanzar las exigencias de Mariano Rajoy. Con estos mimbres, se antoja ineludible una segunda fase de ajustes o aumento de ingresos que solo puede afrontarse con más recortes o incrementos fiscales. 

Según ha podido saber Valenciaplaza.com, la Generalitat espera, al igual que otras autonomías, a que pasen las elecciones andaluzas y asturianas que tendrán lugar el próximo 25 de marzo para que se aborden desde Moncloa cambios legislativos que permitan ajustes que den un respiro a las arcas autonómicas.

Uno de ellos se refiere al gasto farmacéutico. Fuentes consultadas por este diario apuntan a que la intención del Gobierno valenciano se dirige a que los usuarios abonen íntegramente los medicamentos de coste inferior a tres euros. Esta medida, no obstante, podría chocar con diversas leyes como la 29/2006 sobre garantías y uso racional de medicamentos y productos sanitarios, la ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud y el Real Decreto 1030/2006 referente a la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. De ahí la necesidad de la reforma.

La síntesis de estas normas estatales viene a indicar que todos los españoles deben acceder a los medicamentos en condiciones de igualdad. De hecho, esta legislación es la que ha generado dudas sobre la implantación en Cataluña del ya afamado 'euro por receta' que el Govern de Artur Mas tiene intención de aplicar a partir del mes de abril y  con el que espera ingresar, aunque sólo son estimaciones, en torno a 100 millones de euros. La tasa, eso sí, tiene un límite: 61 euros por año y usuario. 

No obstante, el portavoz adjunto de CiU en el Parlament Ramón Espadaler puntualizó a este diario que la medida aplicada por el Govern no es un copago, sino una tasa. "No se cobra un euro por la prescripción en sí, eso no sería nuestra competencia, sino que representa el pago de una tasa para la implantación y gestión de la receta electrónica y para mejorar el circuito interno y eficiencia de esta iniciativa", explicó. Esta medida, considerada por muchos como un recoveco para implantar una especie de copago, se encuentra a expensas de la decisión del Consejo de Garantías Estatutarias, que deberá dictaminar -posiblemente esta semana- la viabilidad legal de la misma.

La búsqueda de ahorro por parte de la Generalitat está fuera de toda duda. Como muestra, un botón: desde el mes pasado los mucolíticos y laxantes han quedado fuera del sistema sanitario -se costean íntegramente por los usuarios- en la Comunitat Valenciana. Una medida, que según señala el portavoz del grupo socialista de Sanidad en Les Corts, Ignacio Subías, no se aplica en otras autonomías. "Al parecer, la Generalitat se ampara en el decreto del 98 donde varios medicamentos dejaron de estar subvencionados. No obstante, hasta ahora los facultativos podían dispensarlo escribiendo un código en la receta, cosa que ahora ha dejado de hacerse", explicó el diputado socialista.

EL CAMINO DE CATALUÑA: ¿UN ESPEJO DONDE MIRARSE?

Cataluña lleva un año de ventaja en medidas contra la crisis. La entrada de CiU en el Gobierno, según explica Espadaler, vino acompañada de iniciativas muy duras tras analizar la situación económica. "Cuando llegamos el déficit estaba desbordado. Se situaba en el 4,6%", asegura. El Govern de Mas afrontó unos presupuestos de 2011 "duros, con potentes recortes", reduciendo en más de un 10% el gasto público. Para 2012, según explica, se mantiene la línea de ajustes aunque con incremento de ingresos a través de nuevas tasas.

Así, aparte del citado 'euro por receta', el Govern ha establecido otras medidas para regar las arcas autonómicas. El céntimo sanitario es superior a la media, el más alto de España, alcanzando  el máximo permitido: 0,048 por litro.

Otra de las medidas estrella es el impuesto sobre pernoctaciones. La iniciativa, pese a que Espadaler reconoce la oposición inicial del sector turístico, entrará en vigor en noviembre tras alcanzar un acuerdo con los ayuntamientos. El 70% de lo recaudado será para la Generalitat y el 30 para los consistorios, excepción hecha de Barcelona capital.

Asimismo, también se han impuesto tasas en Justicia en referencia a aspectos materiales. Estas medidas, según explica el portavoz de CiU, tienen la característica común de que son finalistas. Es decir, la recaudación de las mismas van destinadas a ser reinvertidas en los departamentos de donde se han extraído.