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VALENCIA (EP). La causa abierta en el juzgado de Instrucción número 21 de Valencia por un presunto fraude en las subvenciones otorgadas por la extinta Conselleria de Solidaridad, cuyo titular era el actual portavoz del PP en las Corts, Rafael Blasco, a distintas ONG, cuenta con 19 imputados, dos de ellos pendientes de localizar con una requisitoria. La magistrada dejó sin efecto hace dos días las órdenes de búsqueda firmadas y mantiene una petición ordinaria de localización.

En el transcurso de la causa la magistrada llegó a dictar dos órdenes de búsqueda contra dos miembros de fundaciones para localizarlos y comunicarles su situación procesal, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Sin embargo, "inmediatamente" las dejó sin efecto -según han apuntado fuentes conocedoras del caso a Europa Press esta decisión la adoptó hace dos días- y ahora está en vigor una "requisitoria ordinaria de localización", para averiguar el domicilio de los imputados que no han comparecido aún en el juzgado y poderles citar a declarar, han explicado fuentes jurídicas.

Estas dos personas que faltan por localizar se sumarían a las otras 17 imputadas en la misma causa y que ya han prestado declaración. De estas 17, 15 fueron puestas a disposición judicial tras ser detenidas.

De los 19 imputados, uno de ellos, el empresario César Augusto Tauroni, vinculado a la Fundación Hemisferio, está en prisión provisional, comunicada y sin fianza; 14 de ellos están en libertad provisional con obligación de comparecencia periódica, retirada de pasaporte y prohibición de abandonar el país; dos están en libertad sin medida cautelar alguna; y dos pendientes de ser localizados.

CUATRO FUNCIONARIOS O ALTOS CARGOS

De estos hasta ahora 19 imputados, cuatro eran funcionarios o altos cargos públicos en el momento de su detención o declaración ante la juez: el director general Cooperación, Josep María Felip; el subsecretario de la Conselleria de Sanidad, Alexandre Catalá, que antes ocupó este mismo cargo en Solidaridad; Marc Llinares, destinado en la Conselleria de Hacienda y anteriormente a las órdenes de Felip en Cooperación; y la exjefa de este servicio, María Dolores Escandell, que ha sido la última detenida en este procedimiento.

El resto son empresarios y miembros de las fundaciones que se están investigando: el presidente de la Fundación Cyes, Marcial López; el director de la Fundación Hemisferio, Arturo Tauroni Masia y su hermano César Augusto; el presidente de Esperanza Sin Fronteras, Fernando Darder; y la presidenta de ASA de África, Christine Bernadette.

Asimismo, figura en la causa Fernando Cañete Marco, presidente de Sistemas Inelme y de la empresa Air Services Management, constituida en octubre de 2008 y en la que figura como consejero César Augusto Tauroni.

De momento, no puede estimarse la cuantía del supuesto fraude en la gestión de ayudas a la cooperación. Sin embargo, la cifra "es, provisionalmente, muy inferior" a los siete y nueve millones de euros, que son las cifras que se han ido publicado. El PSPV, que cursó la primera denuncia, apuntaba a los nueve millones de euros. Además, hasta ahora sólo se ha tomado declaración a imputados, no a testigo alguno.