VALENCIA (EP). El conseller de Sanidad, Luis Rosado, ha señalado este martes que espera poder pagar mañana los 130 millones que adeuda a las Farmacias de diciembre, pero ha considerado que "no es razonable" que las boticarios amenacen con una huelga antes de que se haya producido un impago porque es "un elemento distorsionador" entre las relaciones.
Rosado, tras la presentación de la guía de Restaurantes Cardiosaludables de la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Comunidad Valenciana, se ha referido así al anuncio de las oficinas de hacer un paro patronal del 1 al 3 de marzo si no cobran el día 29 de febrero.
Así, ha señalado que mañana pagarán 130 millones, los 120 millones correspondientes a la factura de diciembre "más unos restos de meses anteriores". "Yo espero que sí", ha señalado Rosado, pero ha recalcado que "no es fácil de conseguir" los 120 millones que cada mes asciende la factura farmacéutica. No obstante, ha insistido en que su "intención" es "cumplir el pago".
Sin embargo, ha apuntado que "llama la atención cómo algunos colectivos han anunciado la huelga incluso antes de que se haya cumplido el plazo de pago" porque es "un elemento distorsionador de la relación que debe establecerse con las Farmacias".
"No es razonable antes de que se haya producido un impago hablar de posibles consecuencias del no pago", ha recalcado Rosado, quien ha añadido: "debemos jugar todos con las mismas reglas".
Los farmacéuticos aprobaron en la última asamblea celebrada el pasado 16 de febrero realizar otras tres jornadas de huelga, los días 12, 13 y 14 de marzo, si el Consell no les abona el día 8 de ese mismo mes el importe de los fármacos despachados en enero, por importe de 120 millones de euros.
Según fuentes del colegio de Valencia, la Generalitat adeuda a las farmacias valencianas los meses de octubre, noviembre y diciembre, una deuda que, con intereses, asciende a 387 millones de euros.
Los farmacéuticos de la comunidad valenciana ya cerraron sus negocios durante los pasados 19 y 20 de diciembre como protesta por el incumplimiento del plan de pagos al que se comprometió con ellos la Generalitat.
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