27/02/2012 El empresario y dos de sus colaboradores declaran este martes en la Audiencia Nacional como imputados por supuestos delitos de blaqueo de capitales e insolvencia punible del grupo de los Ruiz Mateos

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MADRID (EP). El empresario experto en quiebras Ángel de Cabo ya controlaba la actividad de Nueva Rumasa dos meses antes de que la familia Ruiz-Mateos anunciara que le vendía el conglomerado empresarial, según se desprende de la declaración testifical de una de las empleadas del grupo empresarial a la que tuvo acceso Europa Press.

De Cabo y dos de sus colaboradores comparecerán este martes ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en calidad de imputados por presuntos delitos de blanqueo de capitales e insolvencia punible en la causa abierta por la presunta estafa de 337,3 millones de euros a 4.110 inversores en pagarés de Nueva Rumasa. De Cabo también fue el último propietario de Viajes Marsans.

El empresario valenciano adquirió 75 sociedades de Nueva Rumasa, a través de la sociedad Back in Business, muchas de ellas radicadas en paraísos fiscales. Esta compra se anunció el pasado 9 de septiembre y el juez considera que la operación pudo constituir un fraude con la finalidad de sustraer activos en su beneficio y en contra los acreedores.

En su declaración ante el juez, la empleada, que trabajó en Nueva Rumasa durante 37 años, relata cómo el 27 de julio de 2011 se trasladó junto a otros 18 compañeros a Valencia para asistir a una reunión con Ángel de Cabo, su colaborador Iván Losada - que ejerce como director general de Nueva Rumasa y también declarará el martes como imputado- y otros dos empleados.

Al encuentro también asistieron José María, Francisco Javier y Álvaro Ruiz-Mateos y el sobrino de Teresa Rivero Alfonso Barón Rivero, presunto responsable de la estructura societaria en paraísos fiscales y que está citado el miércoles a comparecer como imputado.

Según la testigo, en dicha reunión, De Cabo les informó de que él "era dueño de todo" y que "llevaba una semana dirigiendo el grupo, y que aquella persona que no estuviese de acuerdo, que se marchara". Al día siguiente, ya en Madrid, Javier Ruiz-Mateos les explicó que la empresa "seguía siendo de la familia" y que De Cabo "era una especie de director general que iba a tratar de sacar el máximo beneficio de la situación".

Sin embargo, la empleada explica que transcurrido el verano observó cómo los miembros de la familia Ruiz-Mateos se quejaban de que De Cabo "no les dejaba" el dinero acordado y de que ya "no controlaban nada".
EL 80% PARA LOS RUIZ-MATEOS, EL 20% PARA DE CABO.

Otro de los antiguos empleados de Nueva Rumasa relató a la Fiscalía Anticorrupción que De Cabo, José María Ruiz-Mateos y sus seis hijos varones pactaron que el primero se quedaría con el 20% de las cantidades que pudiera obtener de las empresas del grupo, y la familia con el 80% restante.

Además, De Cabo no realizó ningún desembolso económico por la adquisición de las sociedades de Nueva Rumasa ni tampoco asumió las deudas ni el pago a los inversores de pagarés. Además, pactó con los siete miembros de la familia Ruiz-Mateos otorgar una asignación mensual hasta la finalización de los procesos judiciales, según el informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) al que tuvo acceso Europa Press.

De Cabo, Losada y su colaborador Fernando Lavernia declaran el martes como imputados ante Ruz. El miércoles comparecerán como imputados Alfonso Barón Rivero, la hija de José María Ruiz-Mateos y Teresa Rivero Rocío Ruiz-Mateos y su marido, Luis Ojeda.
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