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ALICANTE (EFE). El juicio por el despido de la entonces directora general de Caja Mediterráneo (CAM) María Dolores Amorós, celebrado en Alicante, ha girado en torno a la clasificación del riesgo crediticio, pues la acusación sostiene que fue alterada para mejorar los resultados de la entidad, pero la defensa lo ha negado.
También ha tenido un protagonismo destacado la intención de las partes de demostrar si Amorós participó o no en la decisión de modificar las bases de cálculo para el sistema de pensiones y de adicionales a las mismas, de la cual se benefició junto a otros miembros de la cúpula directiva de CAM.
La exdirectora general considera "improcedente" su despido y pide una indemnización de diez millones de euros en concepto de lucro cesante, una cantidad a la que habría que sumar una segunda compensación económica por el tiempo trabajado.
Además, ha instado, a través de su letrada, Silvia Bauzá, a que se respete la pensión vitalicia de 369.497 euros al año aprobada cuando estaba al frente de la entidad, pero que fue derogada posteriormente.
LA VERSIÓN DE LA DEFENSA
Por contra, la defensa del Banco CAM y la Fiscalía entienden que Amorós buscó el beneficio propio, falseó las cuentas y realizó una gestión deficiente mientras ocupó el cargo de directora general.
La llegada de la exejecutiva a los juzgados ha levantado una gran expectación entre los medios de comunicación, pero también entre algunos titulares de acciones preferentes de la entidad que la esperaban y a la que han increpado.
Estos últimos la han tildado de "choriza" y "delincuente", insultos que se han reproducido a su salida del edificio judicial.
La defensa de Amorós ha expuesto en su intervención que la carta de despedido recibida en septiembre de 2011 por su patrocinada "no está fundamentada" y ha subrayado, especialmente, que la entonces directora general ocupó este cargo desde diciembre de 2010, mes en el que el Banco de España ya advirtió a CAM que debía implantar un mejor control sobre la clasificación del riesgo crediticio.
LA "MALA FE" DE AMORÓS
Bauzá ha remarcado que las supuestas irregularidades contables en la entidad alicantina, por las que el Banco de España decidió intervenirla en julio del pasado año, no son fruto de "la mala fe" de Amorós, quien no es responsable de las cuentas de 2010 y que "poco" pudo decidir sobre las del primer semestre de 2011.
Sin embargo, la abogada del Banco CAM -la parte demandada- ha remarcado que la intervención del Banco de España reflejó que la situación de CAM no era "como se decía".
En este sentido, ha manifestado que Amorós informó al Consejo de Administración y a la CNMV de "la buena situación de CAM" en el primer trimestre del año pasado cuando "la morosidad de los créditos y la falta de provisión" ante los impagos era evidente.
Uno de los tres administradores de Caja Mediterráneo (CAM), José Antonio Iturriaga, ha dicho hoy ante la sala, en calidad de testigo, que la gestión de Amorós en la entidad es propia de la "vía penal".
Según ha expuesto, existen documentos, soportes informáticos y correos electrónicos cruzados entre diferentes actores de CAM que reflejan incumplimientos normativos y ocultación de cifras.
La defensa ha concluido su exposición alegando que "la subjetividad" en la clasificación de los riesgos crediticios llevó a los interventores a entender que Amorós pudo alterarla, una actitud que ha negado por parte de su patrocinada.
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