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VALENCIA. Un año de instrucción y al menos 14 detenciones. Ese es el balance, provisional puesto que la operación sigue abierta, del caso de malversación de fondos destinados a ONG que ha golpeado a altos cargos de la Generalitat Valenciana y al entorno más cercano al exconseller y actual portavoz del grupo Popular en Les Corts, Rafael Blasco.
Una operación de gran envergadura y que ha sorprendido a propios y extraños, especialmente a los que se mostraron escépticos sobre el alcance de las denuncias presentadas en su día por las diputadas Clara Tirado, del PSPV-PSOE, y Mireia Moyà, de Compromís, hace año y medio.
La instrucción judicial, realizada por la titular del juzgado número 21 de Valencia, compleja y contundente en la resolución, no es, en todo caso, una excepción en los últimos meses en la Comunitat Valenciana.
El juez que lleva el caso Emarsa, con decenas de imputados y una trama de saqueo también muy intrincada, también se ha mostrado expeditivo en las resoluciones que, casi a diario, demuestran que la investigación avanza de forma inexorable para los implicados.
En Alicante el caso Brugal está, según distintas fuentes, en un punto clave, y en Castellón, Carlos Fabra parece que no acabará 2012 sin pasar por un banquillo que ha esquivado durante años.
Y a ello hay que sumar el juicio de Gürtel, que sentó a Francisco Camps y a Ricardo Costa ante el jurado pese a los intentos de eternizar la instrucción y después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en una fase inicial del caso, archivara el caso.
¿Qué ha cambiado para que todos estos procesos estén avanzando de una manera más acorde a la garantía de una justicia rápida y, al mismo tiempo, se avance en el esclarecimiento de comportamientos cuestionados en las administraciones públicas?
La llegada de Pilar de la Oliva a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en octubre de 2010 es la clave en la que coinciden las fuentes consultadas por ValenciaPlaza.com.
UN RELEVO CLAVE EN EL TSJ
La elección de la magistrada no fue un proceso sencillo. Hasta en tres ocasiones se frustró en el pleno del Consejo General del Poder Judicial de sustituir a Juan Luis de la Rúa, el juez que dirigía el máximo órgano judicial de la Comunitat Valenciana y que estaba en la picota después de que Camps manifestase que le unía una gran amistad con él en pleno apogeo de Gürtel.
"La muestra más clara de que De la Oliva iba a cambiar la dinámica instalada fue el nombramiento de dos jueces de refuerzo para los instructores de los casos Emarsa y Brugal", explican las fuentes jurídicas consultadas por este periódico.
La falta de medios ya no solo materiales sino también de personal eran, y en muchos casos siguen siendo, un lastre para avanzar en procesos especialmente complejos. "Esos retrasos, en asuntos como los relativos a la corrupción, crean una alarma social que genera desconfianza en los ciudadanos", explican desde el entorno de la presidenta del TSJCV.
Pero más allá de la mejora en los medios técnicos y humanos, hay una clave que desde el mundo judicial se ha valorado especialmente: "La llegada de De la Oliva ha introducido un componente de confianza en los instructores que ven respaldado su trabajo, lo que ha permitido sacar adelante procesos delicados", explican fuentes del mundo judicial valenciano.
"No se trata de que los jueces se dejasen influir, pero no es lo mismo soportar la presión que implica un caso que afecta a los poderes públicos con el respaldo explícito y firme de la presidencia del TSJCV", coinciden varios interlocutores, que también destacan la mayor transparencia de las actuaciones de los juzgados en esta nueva etapa.
Un nuevo escenario en la justicia valenciana que, más allá de los procesos mediáticos, también deberá influir en el resto de procedimientos que se instruyen en los juzgados penales y mercantiles para desatascar las causas y evitar la sensación de inoperatividad que se había instalado y que se ha roto de forma visible con las últimas y contundentes decisiones de los instructores de casos como el saqueo de Emarsa o la malversación de fondos destinados a las ONG.
Sin esta mujer nada de lo que se está investigando se hubiera investigado. No tengo ninguna duda. Pero lo que no se dice es que por debajo de TSJ hay muchos jueces y juezas incompetentes y muchos más muy poco trabajadores que tardan meses y meses en dictar una providencia y años y años en dictar sentencia. Porque... ¿cuántas horas se trabaja en los juzgados?. Menos que en ninguna otra parte de la administración española que ya es decir. Y sobre eso ni de la Oliva ni el famoso CGPJ dicen una palabra.
La justicia es independiente .... cuando los jueces se lo proponen. Cuando las mamarrachadas y los delitos se prodigan por doquier, es costumbre decir que todos son iguales. Pero esta verdad, sólo lo es si se toma en determinado sentido. Es verdad que en todas las ideología, en todos los partidos, hay sinvergüenzas. Pero si el caso es tal como se dice, confirma que las personas importan y, por tanto, no todos son iguales.
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